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Fijaron la última semana de septiembre para juzgar el homicidio de Rojas Gallego

Desde el 23 y hasta el 30 se agendaron las audiencias para el debate oral que tiene dos acusados de participar en el ataque a golpes y puñaladas que le costó la vida al prestamista colombiano el 27 de febrero de 2021 en una vivienda del barrio Yacyretá de Posadas.

17 agosto, 2024
PROTAGONISTAS. Los jueces titulares del TP-1, Viviana Gladis Cukla y Gustavo Arnaldo Bernie, presidenta y uno de los vocales para el debate anunciado.

PROTAGONISTAS. Los jueces titulares del TP-1, Viviana Gladis Cukla y Gustavo Arnaldo Bernie, presidenta y uno de los vocales para el debate anunciado.

El juicio oral a Brayan Casso Acosta (29), oriundo de Colombia y el misionero José Ramón Ramírez (30), acusados de matar al prestamista Gustavo Rojas Gallego en febrero de 2021, debía comenzar el pasado martes 6 de agosto pero no se cumplió con lo agendado luego que la Querella y Fiscalía manifestaron sus quejas y solicitaron que se cumpliera con las notificaciones a todos los testigos citados a declarar.

El Tribunal Penal 1 decidió posponer una semana el inicio de las audiencias para que concreten los trámites de citación a las personas que resultan clave para esclarecer el hecho. Pero el martes 13 fue colisionado por un automóvil al intentar cruzar como peatón la avenida Corrientes de esta capital, el abogado querellante en la causa, Ignacio Raúl Peña.

Los treintas días de reposo y curaciones que exigen la evolución del representante legal de la familia Rojas Gallego, obligaron a dilatar hasta el lunes 23 de septiembre el inicio del debate. Se agendaron seis días para que declaren todos los testigos, se incorpore toda la prueba, se desplieguen los debates y se oiga la decisión final de los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Fernando Luis Verón (subrogante).

Los traspiés para el inicio de las audiencias se registraron con el antecedente del polémico beneficio que en mayo de este año, dos jueces del Tribunal Penal 1, le otorgaron al acusado Casso Acosta. La prisión domiciliaria con pulsera electrónica.

El fundamento del arresto en una vivienda de Garupá fue el plazo vencido de la prisión preventiva, pero abrió el riesgo ante las circunstancias ampliamente favorables para profugarse con las que contaría Casso Acosta.

 

MARTES 7.15. El abogado Peña recibe asistencia tras el choque en la avenida Corrientes.

 

El 31 de julio el TP-1 le retiró el beneficio al encartado y aseguró su presencia en el juicio. Esto también sirvió para que el lunes 5 de agosto, se realizar una audiencia de visu en la que los dos acusados, defensores, querella y fiscal, analizaron un acuerdo de juicio abreviado, pero la abogada particular de Casso Acosta se opuso a un cambio de calificación y a que firmara una condena de 23 años de prisión. Fue llamativa la tajante negativa ya que la situación opuesta expresó José Ramírez, quien aceptó 20 años de sentencia, pero el juicio abreviado exige la rúbrica de los dos imputados.

Para mayor claridad, la acusación que llega a debate oral establece pena de prisión perpetua: “Homicidio criminis causa y robo en concurso real”.

Es necesario recordar que, José Ramírez, admitió en la instrucción del expediente haber participado del crimen y detalló las circunstancias: días, horarios, personas, direcciones y movimientos que coinciden con las pruebas de los investigadores policiales.

 

Contexto previo

Según la instrucción de la causa que llevó adelante el juez Miguel Mattos (Instrucción Penal 7), ambos colombianos se conocían, Brayan Casso Acosta (nacido en Miranda, departamento Cauca, localidad próxima a Cali) fue cobrador en la red de micropréstamos que Gustavo Rojas Gallego realizaba de manera paralela con la venta ambulante de muebles económicos de madera por diversos barrios de Posadas.

Días antes del ataque del 27 de febrero a las 20 en el barrio Yacyretá, la víctima discutió y prescindió del servicio del sospechoso porque este se habría quedado sin rendir varias cuotas que los clientes de Rojas Gallego saldaron en tiempo y forma.

De este incidente, testigos que habrían sido amedrentados para no presentarse al juicio, señalaron que hubo amenazas de muerte a Rojas Gallego por parte de Casso Acosta. La primera advertencia fue el robo de su motocicleta Honda Titán 150. Posteriormente el vehículo fue recuperado y el colombiano apuntado se fue a Corrientes a trabajar con Ramírez.

Dos días después del crimen, Casso Acosta fue aprehendido por efectivos de la Dirección Homicidios de la Policía en un una vivienda de la calle 76, manzana 15 del mismo barrio, Yacyretá, zona oeste posadeña. Se secuestraron prendas de vestir, entre otras evidencias. Una de ellas fue analizada a fondo ya que se detectaron manchas de sangre. El patrón genético que se obtuvo coincidió con el registro de ADN de Rojas Gallego.

Según el Cuerpo Médico Forense, “El Colombiano” Rojas Gallego fue atacado con un arma blanca, en su cuerpo se registraron 16 estocadas, en la cabeza, cuello y pecho, la letal fue la que le rompió el ventrículo derecho del corazón.

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Tags: Brayan Casso AcostaGustavo Rojas GallegoHomicidioJosé Ramón RamírezMisionesViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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