La falta de equipamiento que garantice la acción inmediata ante un incendio o situaciones similares en el aeropuerto Libertador General José de San Martín, conocida a través de un informe interno de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), llevó a la Provincia a tomar ayer la decisión de intervenir y aportar los elementos necesarios para mantener la operatividad hasta tanto el Gobierno nacional, jurisdiccionalmente a cargo, resuelva la cuestión.
Fue el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien confirmó la determinación, al evaluar la situación que contemplaba la posibilidad de cerrarse el aeropuerto, lo que afectaría a cientos de pasajeros.
“Esto se trata de una cuestión que amerita la intervención nacional para solucionarla”, apuntó el ministro Pérez. Y agregó en el mismo sentido que “mientras diagnostiquen qué es lo que está pasando o faltando, la Provincia de Misiones va a poner el remedio para que esto funcione”.
Remarcó el funcionario que “una cosa es realizar un diagnóstico y otra distinta hacer lo que realmente se necesita”, en clara alusión a la situación que se vivió en el inicio de la presente semana.
Walter Ríos, a cargo de la seguridad operacional del aeropuerto de la capital provincial, fue quien advirtió sobre la falencia existente en el aeropuerto de Posadas. “Esto viene en declive desde fines de 2019”, explicó a PRIMERA EDICIÓN.
La falta del equipamiento adecuado para controlar un siniestro en el aeropuerto de Posadas, es solo una pequeña muestra de lo que ocurre en diversas terminales aéreas del país y que comienzan a trascender a partir de la decisión del Gobierno nacional de intervenir la ANAC en julio último y realizar un reordenamiento interno para elevar la eficiencia de dicho organismo.
Argentina busca avanzar con una política de “cielos abiertos”, pero en las condiciones operativas actuales de varios aeropuertos, podría llegar a perder la categoría uno cuando sea auditada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas que estudia los problemas de la aviación civil internacional y promueve los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial, que visitaría el país en septiembre próximo.
Consultado si la ANAC informa de manera periódica el estado operativo de los aeropuertos, Ríos dijo que en Posadas “normalmente se hacen (informes) sobre eso e inclusive se efectúan pedidos de reparaciones. Pero esta falta de respuestas viene desde el Gobierno anterior”.
Agregó que “a raíz de la intervención que sufrió la ANAC, la nueva administración pidió informes a todos los aeropuertos sobre el estado y demás, con las novedades que tenían. Yo sabía que había algunas cuestiones operativas, pero siempre estuve atado de pies y manos, porque las veces que pedí un vehículo para ir hasta el Servicio de Incendios, para poder tomar fotos y hacer un informe me lo negaron”.
Ríos trabaja hace veinte años en el aeropuerto de Posadas y remarcó que “hay una normativa OACI, que es la que regula las condiciones que están normadas y en las cuales se deben encontrar los vehículos y todo el material extintor, inclusive la reserva con la que debe tener el aeropuerto y que hoy por hoy no se está cumplimentando”.
Contó que “soy personal militar, de la Fuerza Aérea. En el año 2011, cuando la Fuerza Aérea deja la fiscalización y se hace cargo la ANAC, a mí me ofrecieron pasarme a la órbita civil para pertenecer a la misma. Desde ahí hasta la actualidad, estoy cumpliendo funciones acá en lo que es la parte de seguridad operativa”.
Ríos detalló que “la realidad es que desde que asumió el jefe de aeropuerto actual, Mariano Ruiz, todo empezó a decaer, estamos hablando de fines de 2019. La gestión del jefe de aeropuerto anterior fue muy complicada porque agarró la época de transición, del traspaso de Fuerza Aérea a la ANAC. Cuando se formó la ANAC se encontró con muchas cosas que no había, equipamiento que no existía y tuvo que subsanarse”.
Un sistema operativo, a nivel país, que cumple solo el 37%
En un informe publicado por el diario La Nación, sobre la intervención del Gobierno nacional a la ANAC, se destaca que “una auditoría determinó que el sistema cumple apenas con el 37% de los requisitos de control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves”, en lo que representa “un duro golpe a los cielos abiertos ya que Estados Unidos podría sancionar al país y bajar la categoría operativa”.
La intervención llevada adelante es por 180 días y nombró en el cargo a María Julia Cordero. Según los especialistas en el tema “lo que busca en ese tiempo es evitar que la Administración Federal de Aviación (FAA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos baje la nota, algo que ya le sucedió en 2002, después de una auditoría en la que quedó expuesta la baja calidad de la operación local, luego de las tragedias aéreas de Austral en Fry Bentos en 1998 y el de LAPA en el Aeroparque en 1999. Allí argentina perdió la categoría uno”.
Luego, “aprovechando la visita de George Bush, presidente norteamericano al país, se logró en 2005 regresar al anterior nivel de seguridad operacional internacional”, recordaron.
