Apenas había comenzado la etapa de confinamiento por la pandemia del COVID-19 en Argentina, y paralelamente en esos días, en San Vicente el padre de una joven denunciaba que ella había muerto en extrañas circunstancias.
Resultó que el concubino, integrante de una comunidad mbya, le contó que ella había muerto por el virus y cremó su cuerpo para evitar contagios. Nadie creyó en su coartada y lo detuvieron. A más de cuatro años del hecho, está a pocos días de ser juzgado.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN señalaron que en el transcurso de la próxima semana el Tribunal Penal de Oberá juzgará al cacique y pareja de María Solange Diniz Rabela (24), por el delito de “homicidio agravado por la relación de pareja” (femicidio). De ser hallado culpable le cabría una pena de 35 años de prisión.
Si bien existe la posibilidad que el caso se resuelva a través de un juicio abreviado, esta no es una posibilidad que manejen las partes, según pudo saberse. También, las mismas fuentes indicaron que en caso de modificarse la agenda, a más tardar para la última semana de agosto el caso será ventilado en juicio oral y público.
Fue el 13 de abril de 2020 cuando el padre de María Solange se presentó en la comisaría Primera de San Vicente a denunciar al cacique Marcelo Nuñez. El hombre relató que fue a visitar a su hija y este le dijo que ella había muerto presuntamente por el virus del COVID. Debido a ello tuvo que quemar el cuerpo por recomendación de una médica.
Esto no convenció de ninguna manera al progenitor, puesto que sabía que su hija lo había denunciado varias veces por episodios de violencia de género.
El alerta llegó a la sede del Juzgado de Instrucción de San Vicente, donde el magistrado Gerardo Casco ordenó un allanamiento en la vivienda utilizada por la pareja y la búsqueda del cuerpo de Diniz Rabela.
Se dirigieron a la comunidad ubicada en el Paraje Tambor de Tacuarí, a la altura del kilómetro 990 de la ruta nacional 14. El cacique les dijo que la joven había padecido días atrás un cuadro gripal con fiebre y tos, que la llevó a encontrarla sin vida.
Siempre según su relato, Nuñez dijo que le preguntó a una médica qué podía hacer y supuestamente la profesional le dijo que lo más probable era que murió a causa del virus respiratorio y por ello debía enterrarla para estar seguros de no exponer a los de la comunidad.
Los policías le pidieron que les mostrara dónde había hecho eso, y Nuñez les señaló un lugar a varios metros de la casa. Había restos de resortes metálicos de un colchón y tierra removida. Había incinerado el cuerpo con la cama completa. Tras remover la tierra encontraron el cuerpo, del cual tomaron muestras para confirmar que fuera la joven. Posteriormente las pericias de ADN no pudieron identificarla debido al efecto destructivo del fuego. Pero todo indicaba que era la víctima, en base al relato del mismo sospechoso.
En la vivienda que ocupaban incautaron un serrucho, una frazada y restos de telas con presuntas manchas de sangre. Tras su detención fue llevado a indagatoria ante el juez y mencionó la recomendación de la médica para que se deshiciera del cuerpo infectado.
Días después, en su testimonio esa profesional admitió haber ido a la aldea a revisar el estado de salud de unos niños pero no haber hablado con el cacique de la muerte de su concubina ni tampoco decirle qué hacer con ella.
La Justicia concluyó que la había matado y quemó el cuerpo para no dejar evidencias, con la excusa de temer que hubiera muerto por el virus y la peste se esparciera por la aldea.
