Organizaron cinco operativos para aparentar eficiencia en la lucha contra el narcotráfico y generar falsas estadísticas. Mientras se ocupaban del montaje y era todo inacción, las bandas de narcotraficantes de la zona estaban prácticamente liberadas.
Se trata de cuatro gendarmes del Escuadrón 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que fueron condenados por simular operativos antidrogas en los que hallaban estupefacientes y en los que nunca lograban detener a ningún sospechoso.
Uno de los imputados es oriundo de Eldorado, Misiones. Se trata de quien era el ex jefe comandante segundo del citado Escuadrón, Julio César Perdaza, quien fue condenado a cinco años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso salió a la luz en 2021 a partir de la denuncia de un oficial inferior de esa fuerza federal que delató a sus superiores y además aportó una grabación y una filmación que fueron pruebas fundamentales para la acusación.
Los fundamentos del veredicto fueron dados a conocer por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia el pasado jueves 8 de agosto. Dicho Tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Fabián Cardozo (del TOF de Misiones).
Por la acusación, intervinieron el fiscal federal ante el TOF, Federico Carniel, el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias.
El caso
El escándalo salió a la luz en 2021, cuando se reveló la existencia de una asociación ilícita que operó desde finales de 2020 hasta septiembre del año en que todo estalló.
La banda de narcogendarmes estaba integrada además del misionero (segundo exjefe) por Raúl Ernesto Scheurman, Julián Matías Morinico y Enzo Aguirre, todos condenados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia al ser hallados coautores penalmente responsables por los delitos de “asociación ilícita en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el de incumplimiento de la obligación de promover la represión de los delincuentes”.
Además de la citada condena a Perdaza (de cinco años de prisión), Scheurman recibió la misma pena y fue el único que se sometió a juicio abreviado, Aguirre deberá cumplir 4 años y 6 meses de cárcel y Morinico, 3 años y 6 meses, en tanto que Brian Alejandro Corach fue absuelto por el beneficio de la duda.
Durante el juicio, con las pruebas y testimonios presentados, y a pesar de la ampliación de la declaración de los imputados, se pudo demostrar la ilegalidad de cinco procedimientos falsos que la fiscalía identificó.
En estos operativos se repetían diversos patrones: los mismos actores participaban, se secuestraba droga en todos los casos sin realizar detenciones, se llamaba a patrullas para que colaboraran una vez que los supuestos autores se habían ido y la droga ya estaba abandonada, se utilizaba una “famosa” mochila y una bolsa arpillera, se convocaba a testigos una vez que todo había sido hallado, se removía a personal con experiencia, especialmente en la zona núcleo, y se convocaba a personas sin experiencia, además de amenazar con sanciones a quienes objetaran los procedimientos.
Rol clave
Scheurman, según la acusación formulada en el requerimiento de elevación a juicio y que él asumió en un abreviado, se encargaba de pactar con personas ligadas al tráfico ilícito de mercaderías, incluyendo estupefacientes y cigarrillos. A cambio de réditos económicos y de entregas de cocaína y marihuana, se cree que los gendarmes permitían la operación de estos narcotraficantes en la región.
Parte de la droga recibida era utilizada para simular procedimientos de prevención, en los que se fingía la incautación de estupefacientes sin realizar ninguna detención real. Este acusado se encargaba de negociar directamente con los narcotraficantes y de obtener los estupefacientes usados en los procedimientos fraguados, detalló la acusación.
El sargento incorruptible
El 1 de junio de 2021, el sargento F.J.L. denunció ante la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña que se había negado a participar en procedimientos irregulares, lo que provocó su traslado. Además, realizó una denuncia anónima ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, admitiendo posteriormente ser el autor de la misma, lo que impulsó la investigación formal.
El denunciante fue el primer testigo en hablar en el juicio. Hubo un sexto imputado (era el jefe del Escuadrón), quien ya falleció.
