El Gobierno oficializó este lunes la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) debido a la fuerte crisis financiera que atraviesa el ente que pertenece a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Se trata de la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.
A través del decreto 720/2024, el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Salud la intervención por el término de 180 días de la obra social, con la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. La interventora será la doctora Virginia Montero, que tendrá las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud permite al Consejo Directivo.
Además, deberá entregar informes mensuales de la gestión que tienda a la normalización del ente, con la evolución administrativa y prestacional. En las consideraciones, el Gobierno señaló que “quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”.
Entre otras situaciones, los funcionarios advirtieron que entre 2022 y 2023 los beneficiarios de la cuestionada obra social realizaron 16.410 reclamos por, entre otros temas, falta de entrega de medicamentos -entre otros oncológicos- y prótesis; negaron cirugías y otras prestaciones médicas como acompañamiento terapéutico y asistencia a afiliados con discapacidad.
El superintendente Gabriel Oriolo y el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, también advirtieron que la anterior gestión del organismo, a cargo de Daniel López, le otorgó a la obra social de la UATRE $3.350 millones, unos 9,5 millones de dólares al cambio de esa fecha, en concepto de “ayuda financiera”. Fue otorgada el 4 de octubre de 2023. Según las autoridades de La Libertad Avanza, dos meses después, el viernes 7 de diciembre, último día hábil del entonces gobierno de Alberto Fernández, las autoridades salientes “aprobaron la rendición de cuentas” pero las facturas y planillas de gastos o pagos que los acreditan no se encuentran en los archivos de la SSS.
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Fuente: Infobae
