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Tarifazo de Gas NEA en Itaembé Guazú: habrá refacturación y al final se pagará la mitad

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, anunció a la FM de las Misiones que, por gestiones de la Provincia, los cargos fijos de la última boleta bajarán al 50%.

4 julio, 2024

En medio de la indignación de los vecinos del barrio Itaembé Guazú de Posadas por el “tarifazo” superior al 1.300% que les llegó en la última boleta de Gas NEA, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Juan Carlos Pereira, anunció a la FM 89.3 Santa María de las Misiones que el mes de junio (cuyo vencimiento operaba este viernes) será refacturado con una drástica disminución de los “costos fijos”.

De esta forma, los usuarios que debían pagar entre 24 mil y 26 mil pesos (y hasta $30 mil en algunos casos) este mes finalmente tendrán que abonar entre 14 mil y 16 mil, ya que el mencionado “costo fijo” de 20 mil pesos se reducirá a la mitad por gestiones del Gobierno misionero ante la empresa, teniendo en cuenta que fue la Provincia la que realizó toda la inversión en redes que se está usando para la distribución domiciliaria del gas.

En diálogo con el programa Primera Plana, el presidente del organismo habitacional detalló el resultado de las gestiones que realizó en los últimos días ante Gas NEA, acompañado entre otros organismos por el secretario de Energía provincial, Paolo Quintana, Defensa del Consumidor y la defensora del Pueblo de Posadas, Valeria Fiore.

Esta última, a su vez, mantuvo horas atrás varias reuniones con los titulares de comisiones vecinales de Itaembé Guazú, quienes le expresaron la bronca por la abrupta suba del servicio.

De 1.400 a 2.000 pesos de promedio mensual, el costo saltó a 24.000 y hasta 34.000 pesos con la aplicación de un cargo fijo de $20.000 a los costos administrativos, a la que se sumó una pequeña suba en el consumo de GLP.

Aclaró Pereira que, aunque se haya arribado a este acuerdo momentáneo, Misiones y Gas NEA seguirán gestionando ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la obtención de subsidios para los usuarios de Itaembé Guazú, excluidos por la Nación por utilizar GLP cuando la tierra colorada es la única que no cuenta con gasoducto en el país, cuestión que no fue tenida en cuenta por la Casa Rosada al momento de autorizar los tarifazos.

 

Cómo se implementará la refacturación

Según informaron desde el IPRODHA, “Gas NEA se ha comprometido a refacturar los conceptos del mes de junio para todos los usuarios de gas distribuido por red del barrio Itaembé Guazú. Los usuarios recibirán la nueva factura, con el descuento practicado, a partir de la semana que viene, con vencimiento aproximado posterior al 22 de julio”.

Pereira remarcó que este recorte “en torno al 50%” en el polémico cargo fijo regirá como mínimo durante los próximos tres meses, hasta tanto se definan nuevas actualizaciones tarifarias que se analizan trimestralmente a nivel nacional.

Por otra parte, explicó que quienes ya abonaron la boleta de junio con el “tarifazo” del 1.333%, tendrán derecho a un reembolso del monto excedente, en forma de una “nota de crédito” para el mes siguiente, aunque aclaró que ese trámite será individual de cada usuario ante Gas NEA.

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Tags: #PosadasFM 89.3Gas NEaIPRODHAItaembé GuazúJuan Carlos PereiraTarifazo de gas
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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