Dos uniformados con prestación de servicio en una dependencia de la Unidad Regional X, fueron los que ayer se ampararon en el derecho constitucional de no declarar en el marco de la investigación por supuestos delitos cometidos durante el acampe policial y penitenciario por más de diez días.
Por consejo del abogado que representa a los quince notificados por el juez de Instrucción Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals, y al igual que los primeros, otros dos uniformados ayer guardaron silencio.
De esta manera y de acuerdo a fuentes judiciales en contacto con PRIMERA EDICIÓN, solo fueron notificados de que se los imputa provisoriamente por hechos vinculados a presunta “sedición”, por ejemplo hurto de patrulleros, incumplimiento de funciones y el uso indebido de los transportes para actos intimidatorios.
En primer turno se presentó frente a los magistrados un cabo de policía de 31 años y luego un oficial ayudante de 32, ambos con prestación de servicio en una de las divisiones Motorizadas.
Hasta el momento, ninguno de los citados por Balor (cuatro) habló y se espera para la próxima semana la continuidad de las indagatorias a otros funcionarios en actividad pero los más importantes serían los policias retirados que actúan de referentes en cada reclamo.
De fuentes consultadas, a los citados se los imputa, el haber participado “de actos coactivos e inapropiados en incumplimiento del reglamento al que están subordinados”.
Esto conforme al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (artículo 83 del decreto 751 o RRDP), “no prestando servicio adecuadamente y no realizando tareas de patrullaje y prevención, exigiendo coactivamente un aumento de haberes por vías de hecho como también retrotraer traslados y sanciones disciplinarias que ya se habían impuesto y que buscaban ser exculpadas”.
Además de la exigencia de “una amnistía general”, que se interpretaría a su vez como otro acto coactivo “porque conocían cabalmente que habían cometido delitos, trasgredían además reglamentos internos como la usurpación de oficinas públicas o entorpecimiento del funcionamiento de las mismas, impidiendo o bloqueando el libre acceso a dependencias policiales e imposibilitando el uso de los patrulleros porque fueron sustraídos para ponerlos a disposición de los manifestantes. Hicieron uso inapropiado, de interés propio y los utilizaron como medio de intimidación pública transitando frente a la Casa de Gobierno y Jefatura de Policía y desobedeciendo la orden del juez y fiscal de restituirlos a sus dependencias”.
Otro de los hechos por los que se los investiga es por “incitar a sus camaradas a dejar de prestar servicio y sumarse a la protesta”.
