El juez federal de Posadas, José Luis Casals, es el segundo magistrado que acepta el amparo de los despedidos sin causa y ordena a la Entidad Binacional Yacyretá que los reincorpore bajo el argumento de razones de necesidad alimentaria. El primero fue el juez Correccional y de Menores, César Jiménez.
Mientras desobedece la orden de la justicia, el director ejecutivo de la Entidad, Alfonso Peña, ordenó que se apele la medida y ahora la Cámara Federal de Apelaciones deberá resolver la cuestión de fondo.
La EBY del lado argentino tiene 500 empleados, luego de 102 despidos ordenados por la nueva gestión, sin otra razón que el achicamiento de los gastos del Estado. Los que conocen el funcionamiento del organismo advierten que se resiente el cumplimiento de sus tareas. De hecho, las obras del brazo Aña Cuá (ampliación de tres nuevas turbinas) se encuentran paralizadas desde enero.
De lado paraguayo, en cambio, la Entidad tiene 1.800 empleados y el gasto salarial es tres veces mayor.
“Hoy el expediente está en Cámara porque la Entidad apeló la medida cautelar, pero lo más importante es que la Entidad desobedeció la orden cautelar de dos jueces, uno del juez provincial Jiménez, que es el que emitió la primera medida cautelar, y el juez federal Casals, que confirmó esa medida cautelar”, explicó Adrián Bellone, uno de los que fue despedido sin causa por Peña.
Quien era subjefe de Obras Complementarias agregó: “La Entidad está en plena desobediencia, las autoridades de la entidad están en plena desobediencia, eso lo que marca es el nivel de respeto a la ley que tienen”.
“La medida de los despidos masivos afecta directamente la paridad entre Paraguay y Argentina en lo que se refiere a costos laborales porque hoy Argentina está subsidiando directamente el empleo paraguayo y con mayor incidencia a medida que se suceden los despidos. Es decir, por cada despido en el lado argentino, nosotros tenemos una mayor carga de costos laborales paraguayos”, explicó.
“Esperamos que Cámara resuelva la situación teniendo previamente estas dos confirmaciones, primero la del juez Jiménez y ahora la confirmación del juez Casals”, sostuvo Bellone en declaraciones a PRIMERA EDICIÓN.
El abogado explicó que “tratándose de un amparo, yo supongo que la Cámara Federal se tomará como máximo 15 días para resolverlo. Normalmente una apelación podría demorar hasta seis meses, un año a veces, pero en esta instancia, siendo un amparo y tratándose de la situación de la que se trata, probablemente la Cámara sea un poco más rápida en resolver”.
El circuito judicial
Bellone explicó cómo fue el circuito judicial para que fallen dos jueces a favor del amparo. El primer amparo fue concedido por el juez César Jiménez en la primera cautelar. La EBY apeló y “Jiménez, obviamente, se declaró incompetente”.
“Al declararse incompetente, esa apelación automáticamente es como si la hubiese presentado en el Juzgado Federal. Casals reconoce esa apelación y la eleva a la Cámara. La EBY no apeló directamente en el Juzgado Federal, sino que ya venía apelada la medida desde la Justicia Provincial”.
¿Privatizarla?
El exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas (2003-2015) advirtió que la gestión de Javier Milei está tomando decisiones que apuntan a “desfinanciar” y “fundir” al organismo con la posible idea de privatizarlo o gerenciarlo.
Los despidos sin causa, la paralización de las obras de Aña Cuá y la tarifa 10 veces menor de lo que debería cobrar por la energía que produce, forman parte de un combo perjudicial y que pone en riesgo el sostenimiento económico de la Entidad, según analizó en declaraciones efectuadas a Radio República.
Consultado acerca de cuál sería el motivo para tomar decisiones perjudiciales: “Privatizar a Yacyretá, así como lo pretendió hacer (Carlos) Menem en 1995”, consideró Thomas y dijo que Milei haría eso porque “siempre copia las cosas de Menem, presumo que eso es”.
Según quien fuera director durante los doce años del kirchnerismo, no existe razón, más que una ideología política, para despedir a los trabajadores de planta permanente “que son necesarios”. Además, remarcó que el director Ejecutivo de la EBY (Alfonso Peña), designado por Milei, “desconoce totalmente sus funciones ya que él no está ahí para echar gente, está para cumplir con los tratados que firmaron los dos países que construyeron Yacyretá, que son Argentina y Paraguay”.
Y comparó que “del lado paraguayo están gastando no menos de 110 millones de dólares en gastos corrientes, entre ellos fundamentalmente de personal, y del lado argentino 50 millones”.
Insistió en que la represa no se puede vender pero se podría “privatizar el gerenciamiento, o sea, rajar a toda la gente, poner gerentes que manejen” entregando el negocio a empresas privadas.
Añadió que darle el gerenciamiento a una privada sería “darle todo, gerenciar la sede de Posadas, la Central Hidroeléctrica, la rehabilitación de las turbinas, la generación de energía, y las obras de Aña Cuá que están paralizadas por falta de recursos”.
La tarifa por energía generada nueve veces más baja
Según Thomas, el Tratado Reversal firmado en 1992 por los dos países “dice que Yacyretá hoy, actualizado, tendría que cobrar 60 dólares por MWh” y estimó que “con una producción de 2.000 gigavatios por año tendría que cobrar 1.200 millones de dólares por año”.
Pero actualmente le está cobrando 7 dólares, nueve veces menos, a las empresas que distribuyen en Argentina (CAMMESA) y Paraguay (ANDE). Aclaró que si la EBY le cobra 60 dólares el MWh no implica que suba la tarifa de energía para los usuarios porque “el valor de la energía es un combo donde se suman montones de otros costos. La energía de las térmicas sale más cara que la de Yacyretá”.
Y explicó que la consecuencia de la paralización de las obras de Aña Cuá, que es una ampliación de la represa sumando tres turbinas nuevas a las 20 existentes, se debe justamente a la baja tarifa que provoca una desfinanciación de la EBY.
“Pagan 7 dólares por megawatt hora, anualícenlo, son 140 millones de dólares. A eso restarle 50 millones de dólares de sueldo del lado argentino y ya sobran 90 millones. Después tiene toda la parte de rehabilitación que se está haciendo de la central. Ni alcanza para transferir a Paraguay para pagar sueldo”, sostuvo.
Obras de Aña Cuá paradas
Desde enero las obras del brazo Aña Cuá se encuentran paralizadas por la decisión de presidente Javier Milei de cortar todos los gastos en obras.
Se trata de una ampliación de 15% en la generación total de la represa con la incorporación de tres nuevas turbinas, situación que le conviene más a la Argentina que a su socio, ya que el país es el mayor consumidor de la energía que se genera.
Desde Paraguay, el director Ejecutivo, Luis Benítez, no cree que se reactiven pronto y siguen reclamando una deuda de US$ 100 millones por la energía cedida a nuestro país.
