Hubo dictamen en el Senado para la Ley Bases, ese punto de partida para las reformas que el presidente Javier Milei pretende de los legisladores, para tener libertad de implementar su plan de Gobierno apuntado a reducir el Estado a lo mínimo, ejecutando la venta de empresas del Estado que han sido insignia para que los privados hagan el usufructo.
Para que ese dictamen se haga realidad, en una Cámara alta dominada por la oposición, los dos votos de los misioneros renovadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, fueron clave en el esquema libertario minoritario y asociado al PRO.
La decisión política ocurrió aun cuando estaba sin resolverse el conflicto con los policías que acamparon en la avenida Uruguay de Posadas y el país recibía las imágenes “calientes” de esos días de conflicto. Es decir que, aun cuando la Casa Rosada se borró del problema, el oficialismo provincial le ratificó gobernabilidad a Milei.
En la Gobernación de la tierra colorada, aseguran que los votos a favor de ese dictamen nunca estuvo en dudas. Pero, con el acuerdo con las fuerzas de seguridad concretado y compromisos de poner mínimamente 15 mil millones de pesos al mes en los salarios estatales, la renovación espera reciprocidad.
Es que, en medio de los constantes cambios de Gabinete nacional (un funcionario cada cinco días es el cálculo que incluye hasta al secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre), ascendió un hombre con el cual aseguran que hay entendimiento: Guillermo Francos.
El exministro del Interior se convirtió en jefe de Gabinete, con un mayor manejo de las relaciones con las provincias. A tal punto que, de no haber sido por su mediación, se dice que el dictamen de la Ley Bases no habría salido. ¿Qué hizo para “convencer” a los legisladores? La mención más fuerte, respecto a compromisos asumidos en forma presencial, es el regreso de la obra pública si la ley sale esta semana.
Otra versión sostiene que el jefe de Gabinete podría repartir entre junio y julio, un paquete de ATN a las provincias para “oxigenar” las cuentas. Si bien la coparticipación tuvo un incremento en mayo, por la recaudación del Impuesto a las Ganancias, es sabido que en junio y julio los gobernadores ya no contarán con la misma cifra alentadora, que en Misiones significó un 25% más en términos reales.
Guillermo Francos tiene un origen en el peronismo, fue representante argentino ante el BID del presidente Alberto Fernández, hasta que renunció a esa misión para sumarse al equipo de campaña de Javier Milei. Se lo puede ubicar en la ideología peronista y ha incorporado al poder libertario a algunos “compañeros” como Daniel Scioli, por el que pidió para Deportes y Turismo de la Nación.
“Cuando estuvo en Misiones, mostró capacidad de diálogo y puede ser un gran interlocutor para las provincias con el Presidente. Al menos lo conocemos, no como a Posse que apenas se lo veía por TV”, confió un ministro conocedor de la política local y nacional.
Habrá un cuarto aumento, dicen en la “Rosadita”
Después de 13 días de tensión y negociaciones, el acampe policial llegó a su fin. Acordaron que el salario de un agente se pague en junio desde 620.000 pesos más los adicionales, lo que tuvo el acuerdo de la asamblea. En la resolución trabajaron el jefe de la Policía, Sandro Martínez, y el ministro Coordinador, Héctor Llera, a pedido del gobernador Passalacqua.
Quedaron los sectores docentes (los llamados “dialoguistas” y los considerados “combativos”), que hasta ayer no consiguieron alcanzar un punto de encuentro con el Gobierno en base a las aspiraciones y la oferta.
La provincia negocia con una mesa donde confluyen seis gremios (UDPM, UDA; SADOP, SIDEPP, AMET y SEMAB); otra donde está el FTEL (UDNAM, UTEM-CTA, MPL, Coti Santoro) y los autoconvocados que no reportan a un sindicato. En ambos espacios, hay diferencias de criterio entre qué aceptar o rechazar de las ofertas, las modalidades de protesta, entre otros temas.
Después hay un grupo de trabajadores de la salud, que no confluye con ATE sino con CTA, al que el Gobierno no sentó en la mesa unificada de paritarias, razón por la cual desconocen lo firmado por Miriam López y piden mayor incremento. Entre la disputa sindical interna y la salarial, sostienen el corte de la calle Tucumán en Posadas.
Está claro que no hay unidad entre los sindicalizados. Hasta la Policía y el SPP que no cuentan con un gremio formal, se mostraron más unidos en la negociación y consiguieron su acuerdo.
Desde la “Rosadita”, aprovechan ese contexto para asegurar que los que cortan rutas y protestan no son mayoría. “Para exponer en números: 30 mil docentes trabajan en Misiones y menos de 300 participan activamente de los cortes o acampes, alcanzando el 1%. Al mismo tiempo que 10.500 policías activos cumplen funciones en la provincia y fueron menos de cien los que se plegaron activamente al reclamo encabezado por unos 200 retirados y sus familias. Es más que suficiente para dejar en claro que el ruido, magnificado principalmente por medios nacionales, tenía 1% o menos de representatividad del total de los trabajadores de cada sector”, sostuvo una fuente oficial a este Diario, a la que encargaron el seguimiento de la situación.
Aun así, desde la Provincia, ratificaron ayer que en junio habrá otra suba salarial. “Éste será el cuarto aumento en cinco meses que se lleva a cabo con fondos provinciales. En el marco de la consulta y el diálogo incesantes y duraderos, el Gobierno busca brindar las soluciones más superadoras a todos los sectores”, indicó la Subsecretaría de Comunicación de Hugo Passalacqua.
En el plano político, la renovación movilizó militantes el jueves en la previa a la sesión legislativa, para apoyar a esa institución (donde ocurrieron los incidentes con un grupo de docentes una semana antes); y al Ejecutivo por la protesta policial.
El lema fue “por la paz, la concordia y el futuro de los misioneros”, donde los 76 intendentes jugaron un rol muy importante en la llegada de militantes y vecinos hasta Posadas. “El Frente Renovador superó, una vez más, un obstáculo que hubiera sido normal y cotidiano en cualquier provincia en este tiempo de ajuste, pero que tuvo condimentos políticos opositores y evidentes raíces nacionales usando a Misiones como laboratorio de ensayo de una posible crisis nacional: opositores instigadores escondidos detrás de una protesta de sectores totalmente minoritarios”, cuestionaron en el desarrollo del 30M.
La oposición no se mostró unida: un grupo de radicales pegó el “faltazo” a la sesión legislativa, en señal de desacuerdo con la movida; los PRO y el puertismo cuestionaron la manifestación oficialista.
Salarios afectados por la economía
El contexto económico, a partir del modelo implementado por la Nación desde la llegada de Javier Milei, hace prever que estos conflictos podrían ser más habituales en el transcurso de 2024.
El reciente estudio de opinión de la consultora Zuban-Córdoba y asociados, mostró la enorme disconformidad de los participantes con el rumbo de la economía y el impacto en los salarios. Ejes que, por más negativos que sean, no generaron rechazos contundentes en la imagen del presidente Milei.
Algunos datos de la encuesta: el 65% aseguró que los salarios no le ganan a la inflación; un 42% le pidió al Gobierno nacional aumentar salarios por sobre el reclamo de bajar la inflación (30%) o generar empleo (25,8%); y más contundente aun fue la respuesta sobre quiénes pagan el ajuste de Milei: un 74% dijo que “todos” y un 25% la política.
Mientras los opositores, en particular quienes apoyan al presidente Milei, se despegaron de las responsabilidades del conflicto salarial en Misiones, el Gobierno y hasta la Iglesia católica aseguraron que la Nación debió intervenir por ser en parte causante de la pérdida de poder adquisito de los trabajadores. Aunque admitió que “se nos fue la mano en el ajuste”, Milei no mostró interés en modificar su rumbo, menos con el apoyo actual de una mayoría que “lo banca”, sabiendo que se ven afectados por sus medidas.
