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El juicio a “Coleco” Krysvzuk comenzará el 11 de junio en Oberá

El exintendente de El Soberbio, que estuvo prófugo nueve meses y preso durante dos años, está acusado de apropiación indebida de fondos (peculado). Pese a ello, el año pasado fue candidato a intendente nuevamente y prometió liberar el comercio con Brasil, algo que solo la Nación puede determinar.

14 mayo, 2024
EN CAMPAÑA. El año pasado, amparado en la ley electoral y las demoras del juicio, se volvió a presentar por la intendencia.

EN CAMPAÑA. El año pasado, amparado en la ley electoral y las demoras del juicio, se volvió a presentar por la intendencia.

El juicio contra el exintendente de El Soberbio, Alberto Enio “Coleco” Krysvzuk ya tiene fecha confirmada: será los días 11, 12, 18 y 19 de junio en el Tribunal Penal de Oberá. Se lo acusa de apropiación indebida de fondos (peculado) e incumplimiento de deberes de funcionario público en el ejercicio de la gestión, entre 2003 y 2013.

La fecha fue confirmada por el Tribunal Oral Penal de Oberá, desde donde aclararon que no se suspenderá como en otras ocasiones que la defensa presentó recursos y pedidos con ese fin. “Coleco” como es conocido popularmente, estuvo prófugo, luego se entregó y pasó dos años detenido hasta que fue liberado hasta finalizar el juicio.

Se prevé que la Fiscalía y la Defensa presenten la acusación y la defensa respectiva, luego habrá testigos que darán sus testimonios y declaraciones juradas, habrá un período para presentar pruebas. En los últimos dos días se prevé el alegato y la decisión de los integrantes del Tribunal.

 

El caso de “Coleco”

En octubre de 2013, Elio Alberto “Coleco” Krysvzuk fue destituido por el Concejo Deliberante del cargo de intendente de El Soberbio, luego de diez años, acusado de varias irregularidades detectadas en un informe presentado por la Comisión Investigadora, lo cual derivó en una denuncia penal.

E l 11 de marzo de 2014, ordenada su detención por la gravedad de las acusaciones y la posibilidad de que altere pruebas, logró escapar en medio de un tiroteo y una persecución de ribetes cinematográficos.

Así fue que estuvo nueve meses prófugo sin que nadie sepa nada de él ni pudiera encontrarlo, hasta que finalmente decidió entregarse y quedó encerrado.

En 2017 tras pasar dos años y 35 días detenido, gracias a las numerosas presentaciones de sus abogados defensores, le dictaron el cese de la prisión preventiva, con el argumento de que no presentaba riesgo para la causa ni posibilidad de fuga.

Por pedido de su abogado defensor Daniel Braunstein, el juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, decidió conceder el beneficio de esperar el juicio en libertad. Luego, en 2018, la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación del caso del exalcalde y otros exfuncionarios municipales, al que se les suma un empresario de Posadas.

Desde entonces hubo varios intentos de iniciar el juicio pero fueron demorados mediante recursos presentados por la defensa.
En paralelo, el año pasado, amparado en la ley electoral y como todavía no tiene condena firme, “Coleco” se presentó como candidato a intendente por el Frente Renovador, obteniendo una importante cantidad de votos, resultando en segundo lugar detrás del intendente reelecto. Basó su campaña en promesas que, a la luz de las leyes, no podría cumplir, como por ejemplo “liberar el comercio” entre El Soberbio y Porto Soberbo (Brasil), algo que cayó muy bien en los vecinos de la zona que utilizan el comercio fronterizo casi a diario pero están restringidos por las normas federales y la custodia de la Prefectura, Migraciones y Aduana.

 

Juicio en puerta

Entre las irregularidades detectadas en la gestión de “Coleco”, en el año 2013 los concejales del municipio hallaron facturaciones millonarias a supuestos proveedores con cuentas dadas de baja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o apócrifas, falta de elementos declarados en el patrimonio e irregularidades con relación al personal, entre otras.

También se detectó cobro de tributos que no fueron asentados en caja o lo fueron por mínimos montos. Se añaden falsificaciones de firmas en pagos de pensiones provinciales y vehículos sin seguros ni documentaciones.

Según el expediente, también se detectaron pagos de obras inexistentes con facturas apócrifas con supuesta recepción de obras. Incluso hallaron transferencias bancarias a distribuidoras de bebidas alcohólicas y transferencias a cajas de ahorro, amparados con facturaciones de terceros.

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Tags: #OberáColeco KrysvzukEl SoberbiojuicioMisionesPeculado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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