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“El FOPID es el Fondo de pobreza e indigencia de los docentes”

Así lo definió Mónica Gurina en diálogo con PRIMERA EDICIÓN durante el reclamo y asamblea que realizó el FTEL este miércoles frente al CGE. Piden un piso salarial de 480 mil pesos y la cancelación de la Resolución Nº241.

20 marzo, 2024

En una nueva jornada de protesta, el Frente de Trabajadores de la Educación de Misiones (FTEL) llevó a cabo un paro y movilización en demanda de respuestas por parte del Consejo General de Educación (CGE). Los docentes se congregaron en el ingreso al edificio del CGE, buscando dialogar con la nueva presidenta, Daniela López, en su primer día de gestión.

Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma, brindó detalles sobre los motivos de la protesta en una entrevista con PRIMERA EDICIÓN. Expuso que el principal reclamo se centra en el reclamo por el piso salarial y la derogación de la Resolución Nº241, la cual afecta los derechos de los docentes suplentes y, en consecuencia, el derecho a la educación de los niños.

Destacando una medida positiva, Gurina informó sobre una medida cautelar que suspendió temporalmente la aplicación de la mencionada resolución, brindando cierta esperanza al colectivo docente. “Por suerte hoy y por una presentación de UDNAM salió una medida cautelar que suspende esta resolución y la aplicación. Eso nos da alguna esperanza”.

Uno de los puntos centrales del reclamo salarial es la exigencia de un piso salarial de 480,000 pesos para una maestra de grado. Gurina criticó la disparidad entre los sueldos de los administrativos del CGE y los de los maestros, señalando una situación de indigencia para muchos docentes.

“Se ventilaron muchos recibos de sueldo de los administrativos del Consejo que está muy bien que ganen un millón o dos millones, está perfecto, ahora, mientras tanto el Consejo mantiene a las maestras de grado con 200.000 o 250.000 con lo cual nos mantiene en un piso de indigencia”, apuntó.

Sobre la resolución 241, Gurina explicó que esta planteaba dificultades en la cobertura de las licencias de los docentes titulares, afectando la continuidad de la educación de los alumnos. La suspensión de esta medida por parte de la justicia representa un alivio para la comunidad educativa.

“Lo que decimos es a los papás y a las mamás es que no van tener una maestra suplente que se ocupe de ese grado, como se ha hecho siempre, ahora nos ajustan a los docentes en las escuelas, a la suplente que no va a tener cargo y el niño que no va a tener educación”, se explayó la dirigente.

En cuanto al acuerdo salarial, Gurina señaló que se encuentran a mitad de camino, considerando insuficiente el salario inicial de una maestra de grado, que actualmente ronda los 200,000 pesos.

La dirigente además fue irónica a la hora de referirse al FOPID, el nuevo Fondo Provincial de Incentivo Docente creado por el gobierno provincial. “El FOPID es el ‘Fondo de pobreza e indigencia de los docentes’, eso es el FOPID y la provincia crea este fondo también con las mismas características de sueldo en negro y por fuera de todos los derechos que pueden tener los jubilados a la hora de recibir parte de eso y el día que te jubiles”, cerró.

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Tags: Consejo General de Educación CGEDaniela LópezFOPIDFrente de Trabajadores de la Educación de Misiones (FTEL)Mónica GurinaParo docenteSalario docenteUDNAM
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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