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Cuáles son los nuevos valores de las asignaciones familiares establecidos por ANSeS

Los aumentos vienen de la mano de una reducción en los topes que achicó el universo de beneficiarios, lo cual se fijó la semana pasada en el Decreto 194/2024.

1 marzo, 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) fijó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen a partir de este mes con el aumento del 27,18 % previsto por el índice de movilidad, a través de la resolución 40/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma establece que la asignación por nacimiento será de $ 30.629, por adopción de $ 183.156 y por matrimonio de $ 45.864; para ingresos de grupos familiares (IGF) hasta $ 2.154.806 en los tres casos.

También determina que tanto para en la asignación prenatal como por hijo el beneficio será de $ 26.277 para ingresos familiares hasta $ 406.909; de $ 17.722 para ingresos entre $ 406.909,01 y $ 596.776; de $ 10.717 para IGF entre $ 596.776,01 y $ 688.999; y de $ 5.526 para ingresos de entre $ 688.999,01 y $ 2.154.806.

En el caso de hijo con discapacidad, la asignación será de $ 85.566 para IGF hasta $ 406.909; de $ 60.531 para ingresos entre $ 406.909,01 y $ 596.776; y de $ 38.202 para ingresos más altos.

Tal como se fijó el mes pasado, la ayuda escolar anual será de $ 70.000 por hijo para IGF hasta $ 2.154.806; y también en el caso de hijo con discapacidad, pero sin tope de ingresos.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Embarazo para protección social, la ANSeS ya había establecido un aumento del 100% en enero, adicional a las actualizaciones previstas por el índice de movilidad.

Del mismo modo, la Ayuda Escolar Anual para niños que concurren a jardín de infantes, primarios y secundarios se incrementó en febrero en un 311%, pasando de $ 17.000 a $ 70.000, al tiempo que dejó de tener diferenciación geográfica en su valor.

Dicho incremento, a diferencia del 100% de la AUH y otras asignaciones de enero, comprendió también la actualización por movilidad prevista para este mes.

Los aumentos en las asignaciones de marzo vienen de la mano de una reducción en los topes que achicó el universo de beneficiarios, lo cual se fijó la semana pasada en el Decreto 194/2024.

El límite de ingresos para percibir asignaciones familiares bajó de $ 1.980.000 brutos a $ 1.077.403 a nivel individual y de $ 3.960.000 brutos a $ 2.154.806 el tope máximo familiar, equivalente al doble del individual, lo cual se irá actualizando en los próximos meses de acuerdo con el índice de movilidad.

La medida, que hará que desde este mes una parte de los beneficiarios dejen de cobrar las asignaciones, es de “carácter urgente para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país”, según se indicó en la normativa.

En marzo del año pasado, la anterior administración nacional había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares para igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

“La presente medida tiene por objeto implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos”, justificó el decreto, que cita el DNU 70/23 el cual fija la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.

Del mismo modo, se recordó que la cobertura del sistema de seguridad social debe “alcanzar a la población para la cual se diseñaron las políticas públicas”, actualizando las decisiones “a la realidad imperante” y la “sustentabilidad del régimen”.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: ANSESArgentinaAsignaciones FamiliaresValores
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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