Los empresarios de la construcción, nucleados en CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción), acaban de declarar al sector en “estado de emergencia”. Lo hicieron en la reunión extraordinaria del Consejo Federal que se convocó la semana pasada. Advierten que el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos está en riesgo. La entidad le reclamó a las autoridades nacionales y provinciales “una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados”.
En Misiones, la Nación suspendió el aporte de fondos para 50 obras, afectando escuelas, acceso al agua potable y a varios municipios, con un impacto económico preocupante. En tanto, las constructoras enfrentan una disminución de ingresos, lo cual repercute en los impuestos de la provincia y en los puestos de empleo.
Desde el Centro de Constructores de Misiones manifestaron su inquietud por las medidas que paralizaron las obras en todo el país.
“Estamos muy preocupados porque hasta hace unos días estábamos hablando de incertidumbre. Creo que la incertidumbre ya no está. Yo tengo acá a mano el listado de obras que la Nación suspendió en la provincia de Misiones, casi 50 obras”, declaró Néstor Carvallo, presidente del Centro de Constructores de Misiones.
En este sentido, señaló que esta suspensión impacta en 20 escuelas de la provincia, en el acceso al agua para las personas que viven en las colonias, en el acceso a los pueblos, entre otros, indicó.
Respecto al efecto económico que genera esta cuestión, advirtió que “es terrible. La mano de obra registrada va a bajar a mucho menos de la mitad de lo que teníamos en noviembre, porque la obra pública se paraliza. Eso significa que la obra privada también disminuye notoriamente su ritmo”.
Otra consecuencia de esta retracción financiera, es que las constructoras y las industrias afines como la siderurgia o la maderera, pagan menos impuestos debido a que los ingresos disminuyeron. “Esos impuestos que no pagamos nosotros en la provincia, es un dinero que no tiene la provincia a fin de mes. Y es un círculo vicioso, una bola de nieve que va creciendo. La situación se vuelve cada vez más difícil”, apuntó Carvallo en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones.
En relación con las expectativas que el Centro de Constructores de Misiones tiene respecto a la duración de esta paralización de actividades, dijo que aunque intenta mantener el optimismo, considera que no hay alternativa a corto plazo. “Este problema de la desocupación y económico va a seguir creciendo”, lamentó.
Por ello, según su postura, “es necesario cambiar de rumbo”; por lo que desde el Centro de Constructores trabajan junto a otras instituciones y cámaras provinciales en busca de una solución.
“En Misiones existen cuatro cámaras de la construcción, estamos en permanente contacto y también estamos en contacto con algunos funcionarios de la Provincia, buscando alternativas, información, alguna opción o cómo podemos colaborar desde nuestro espacio para destrabar esta situación”, indicó.
Sin embargo, aclaró que muchas decisiones no dependen de la Provincia, como la firma de decretos. En consecuencia, persisten a la espera de una respuesta por parte de los funcionarios del Gobierno nacional.
Crisis nacional
“Este Estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”, cuestionaron desde CAMARCO.
Añadieron que “el país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos, y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.
Cabe recordar que el Consejo Federal es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura y de todo el país, y sus delegaciones. CAMARCO representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo, en forma directa, con un gran efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional.
Obras suspendidas
PRIMERA EDICIÓN accedió a un listado de casi medio centenar de obras públicas que quedaron “congeladas” por la gestión “libertaria” y que representan más de $15.246 millones pendientes de remisión, con contratos en marcha pero acciones paralizadas. Esas 47 obras públicas inactivas, han dejado sin empleo a cientos de personas en diferentes municipios. En consecuencia, tampoco los recursos que generan esas obras se quedaron en las comunas.
El exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había determinado a mediados de enero y antes que lo echen (acusado de filtrar información a la prensa) que la prioridad no estará dada por el tamaño ni la relevancia de la obra, sino por cuán cerca estén de terminarse (con más de 60% de avance), para que la Nación remita fondos a las provincias.
En Misiones, en los despachos oficiales, hay una lista a la que accedió este Diario en la que figuran obras de diferentes rubros. Las de mayor presupuesto son la provisión de agua para Bernardo de Irigoyen por más de $2.303 millones; la finalización de la autovía de la ruta nacional 105 hasta la nacional 14 por casi 3.000 millones; la estación transformadora de 132, 33, y 13,2 kv para Iguazú por más de 1.000 millones; el saneamiento del arroyo Mbotaby por 1.767 millones; y obras de urbanización del ReNaBaP por casi 3.000 millones.
En el detalle al que accedió PRIMERA EDICIÓN, también aparecen pendientes los fondos para la línea de media tensión 33 kv entre San Vicente y San Pedro por más de 373 millones; o la de 33 kv pero entre San Vicente y El Soberbio.
En cuanto a la provisión de agua, faltan los fondos del ENHOSA para infraestructura en varios municipios por más de 113 millones; la ampliación del sistema de toma del río Iguazú por 342 millones; el reacondicionamiento de la toma sobre el arroyo Mbocay con la nueva planta de potabilización donde hay certificadas obras por 228 millones y una redeterminación de precios que empujó la alta inflación de los últimos meses por otros 111 millones. Además aparece la red de abastecimiento de agua de Gobernador Roca por $652 millones.
En el paquete de viviendas, la Unidad Ejecutora Provincial e IPRODHA tienen pendiente de cobro más de $1.100 millones de los programas “Casa Propia” versiones II, III, IV y V del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hoy devenido en Secretaría.
Hay también 18 obras de infraestructura escolar esperando terminarse en 14 municipios. Las de mayor presupuesto son la Escuela 106 de Posadas por más de $102 millones; la 773 de Montecarlo por 81 millones; y otras de menor demanda de recursos nacionales para centros educativos de Andresito, San Vicente, Alem, Campo Grande, Hipólito Yrigoyen; San Javier; Pozo Azul; Alberdi; San Pedro; Campo Ramón; Puerto Rico y Pozo Azul.
En el Ministerio de Educación de Misiones, sabiendo que la Nación no enviará más recursos para obras escolares, el ministro Ramiro Aranda comenzó a buscar la posibilidad de acceso que tendría la Provincia para obtener financiamiento internacional. En ese sentido, este Diario pudo saber que ya habría tenido conversaciones personales y virtuales con funcionarios de organismos.
