Decenas de obras de rutas, puentes, agua y cloacas, hospitales, escuelas, etc., siguen paralizadas en Misiones, tras la asunción de la gestión libertaria en el país.
Primero, como es habitual, se debió esperar para el reclamo cuáles iban a ser los lineamientos del anuncio presidencial: no más obras públicas si no son con aportes privados. Después, como viene sucediendo en un mes de mandato, se dio un cambio y admitió que las obras iniciadas se iban a terminar.
Cuando la Provincia había encausado un diálogo con las nuevas autoridades del Ministerio de Infraestructura de la Nación, el presidente Javier Milei echó sin mayores reparos al titular del organismo, lo degradó a Secretaría, bajo la dependencia del “superministro” Luis Caputo en Economía nacional.
Ahora, además de volver a empezar, habrá que negociar con el operador de la tijera y ejecutor del próximo recorte a las provincias que se “rebelaron” al proyecto de ley ómnibus y casi la rechazan formalmente en el Congreso, si la Casa Rosada no aflojaba a tanta e innecesaria presión.
Mientras tanto, miles de obreros de la construcción en la tierra colorada siguen sin poder trabajar. Las empresas ganadoras de las licitaciones se desvincularon de ellos a fines de 2023 y no se pudo reestablecer la relación laboral en la gran mayoría de los casos.
No ocurre solo en Misiones, sino también en el resto del país. Lo preocupante es que el Gobierno parece estar preparado para atender de a una cuestión a la vez: el déficit fiscal. Pero no entiende que, para reactivar la economía, también hay que generar empleo. Y la obra pública es empleo y derrame de recursos en las comunas, en las provincias que se traducen en impuestos para el país.
¿Cuánto llevará atender esta cuestión? Nadie lo deduce a ciencia cierta. Y la preocupación crece.
