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“Chino” Torres se abstuvo de declarar por la desobediencia a las restricciones por abuso

Se amparó en su derecho a guardar silencio ante el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos. Le notificaron la imputación provisoria y continuará detenido en la comisaría Tercera de Posadas. Está acusado por delitos contra la integridad sexual y acoso a seis jugadoras de fútbol, cuatro de ellas menores de edad

12 enero, 2024
ENTRADA AL JUZGADO. Héctor Torres ayer a las 17 antes de ingresar al edificio de la calle Pedro Méndez y avenida Uruguay.

ENTRADA AL JUZGADO. Héctor Torres ayer a las 17 antes de ingresar al edificio de la calle Pedro Méndez y avenida Uruguay.

Por segunda vez en menos de dos meses, Héctor Aníbal Torres (60), volvió a sentarse ante autoridades judiciales para ser indagado. Esta vez ante los secretarios del juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, quien ordenó su detención el fin de semana pasado por no respetar las restricciones de acercamiento a las víctimas de abuso y acoso que lo denunciaron en octubre de 2023.

El entrenador de fútbol femenino guardó silencio, amparándose en su derecho a no responder a acusaciones o sospechas en su contra. Lo hizo tras la notificación de su padrino legal y fue imputado provisoriamente por la comisión del delito de “desobediencia judicial”.

“Chino” Torres fue desobediente, de acuerdo a las denuncias y primeras evidencias presentadas en la comisaría Tercera, hace una semana cuando organizó y presenció un encuentro amistoso -y supuestamente solidario- de fútbol con jugadores en actividad y retirados.

Lo hizo en el estadio del “verdirrojo de Villa Urquiza”, el club Jorge Gibson Brown, predio frente a la casa de una de las menores que lo denunció por abuso ante el juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, el 17 de octubre pasado. La madre de esta víctima, concurrió el viernes por la tarde a la comisaría Tercera sobre la avenida Uruguay, a tres cuadras del estadio, y radicó la denuncia con los aportes de fotografías y videos de la presencia de Torres en el lugar mencionado.

La respuesta de los efectivos policiales fue inmediata y un patrullero se apostó frente al ingreso al Brown ante la posibilidad de incidentes y a aguardar la posible orden de detención por la flagrancia delictiva que estaba cometiendo el DT de fútbol.

Torres, fue alertado de la presencia policial y se retiró rápidamente del lugar en su automóvil. Al día siguiente el juez de turno, Miguel Mattos emitió el pedido de aprehensión que se concretó el lunes a las 23 en la vivienda del buscado, en el barrio Rocamora de esta capital.

A Torres lo investiga el juez Monte, por los delitos contra la integridad que denunciaron seis jugadoras de fútbol que dirigía en el Club de Educación. Entidad deportiva de la que despedido inmediatamente se conocieron los hechos y las dos jóvenes y cuatro menores de edad recurrieron a la Comisaría de la Mujer.

Por estas acusaciones, “Chino” Torres fue detenido en noviembre y el 6 de diciembre se lo benefició con la excarcelación bajo palabra (caución juratoria) y se lo notificó con precisión de las restricciones de acercamiento a menos de 500 metros con las víctimas, como también la prohibición de intentar cualquier contacto por medios digitales o llamadas telefónicas. Además de la obligación de fijar arraigo todos los meses en el Juzgado de Instrucción 2 de calle Santa Fe y no salir del país ni de la provincia, sin la autorización pertinente.

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  • “Chino” Torres organizó el partido frente a la casa a la que fue a pedir que no lo denunciaran

  • Detuvieron al “Chino” Torres por violar la restricción judicial

  • “Chino” Torres sabía que no podía acercarse a sus víctimas y podría quedar detenido

  • “Chino” Torres organizó un partido frente a la vivienda de una de las víctimas de abuso
Tags: "Chino" Torres#PosadasabusoacosoMisionesPoliciales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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