La Cooperativa de Agua Potable de San Ignacio (CAPSI) arrojó una pérdida de 29 millones de pesos en el último balance cerrado al 31 de julio de 2023 y algunos socios están pidiendo la intervención de organismos provinciales y nacionales debido a numerosas irregularidades y violaciones al estatuto.

La entidad tiene como tesorero al ex intendente local, Esteban Romero, actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo que baja cientos de millones de pesos al año de la Nación para realizar pozos perforados en el Interior pero que se encuentra siempre bajo sospecha por algunos antecedentes de manejos poco claros de esos recursos.

El presidente es Víctor Armando Domínguez, dirigente que integra políticamente el equipo de Romero y sigue sus instrucciones, aseguran los socios que conocen los manejos políticos.

El socio Alfredo Barrios dialogó con PRIMERA EDICIÓN y relató que “desde hace varios años este sector político maneja la CAPSI sin transparencia y generando pérdidas millonarias todos los años”.

Además dijo que no se cumple con el Estatuto de la entidad en lo que respecta a la distribución de los excedentes en cuotas sociales del capital social que le corresponde a los socios. Hizo varias presentaciones por escrito sin tener ninguna respuesta.

Anticipó que acudirá al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que es la autoridad de aplicación de la Nación para las cooperativas porque desde Acción Cooperativa de la Provincia no le dieron soluciones.

El servicio es cada vez peor, no se realizan inversiones y cada vez que hay asambleas participa solo el 5% de los socios porque no se promocionan, eligiendo “entre ellos” a la misma comisión directiva año tras año.

Incluso en 2022, Barrios había solicitado al Ministerio de Acción Cooperativa que intervenga “como órgano de contralor” para que se cumplan los artículos 26, 27, 28 y 29 del Estatuto de la entidad, “que disponen que los excedentes repartibles sean distribuidos en cuotas sociales, lo cual no se ha realizado”.

Asegura que prueba de ello son los ejercicios anteriores. Como el de 2020, cuyo capital social es $370.104; el de 2019 fue de $870.071; el de 2018 fue de $1.869.941; el del año 2017 fue de $1.199.745; y el de 2016 fue de $742.307, todo según el denunciante.

“Teniendo en cuenta que esta situación perjudica a los socios de la cooperativa esperamos su intervención para sanear nuestra institución”, le pidió a la ministra Liliana Rodríguez en la nota presentada.

Sin respuesta

Como no tuvo ninguna solución de parte de Rodríguez, Barrios anticipó que acudirá al INAES.
Hubo asambleas anteriores que también fueron denunciadas por violación del artículo 25 del Estatuto que establece que una copia de balance debería haberse puesto a disposición de los socios 15 días antes.

Se incluye la violación del artículo 31 debido a que no fueron informados los socios de la fecha, hora y lugar de la realización de la asamblea. Y del artículo 34 por ausencia de padrón de los socios habilitados a participar en la asamblea, que debió estar disponible, por lo menos con 15 días de anticipación.

El vecino y socio indicó que la conducción de Esteban Romero incurrió en “malos tratos a los socios, ocultamiento de información antes y durante la asamblea” por lo que solicitó un veedor que facilite la participación de los 3.000 socios, al recordar que “en la última asamblea solo participaron 32 de los mismos porque no fueron informados”, equivalente al 1%.