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Comunidades aborígenes de San Ignacio reclaman por la carencia de agua potable

El Concejo Deliberante había declarado de interés municipal, en marzo último, la construcción de un pozo perforado para la comunidad Kokuereí II que todavía espera la ejecución.

27 septiembre, 2023
aMOVILIZADOS. Ayer, Kokuereí II y otras comunidades se instalaron en la zona de acceso a la arenera.

aMOVILIZADOS. Ayer, Kokuereí II y otras comunidades se instalaron en la zona de acceso a la arenera.

Las altas temperaturas registradas en los últimos días en la provincia profundizaron la falta de agua potable en la comunidad mbya Kokuereí II, ubicada en proximidades del Puerto Viejo de San Ignacio, como así también en Jataí Mirí. Los caciques se reunieron en la víspera e hicieron público el reclamo para que se concrete la construcción de un pozo perforado, que fuera plasmado en un proyecto declarado de interés municipal por el deliberativo de esa localidad en marzo último para la primera de las comunidades y remitido al IMAS.

El cacique de la comunidad Kokuereí II, Ramón Duarte, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “hace cinco meses, incluso antes de las elecciones, el intendente y el Concejo Deliberante nos habían prometido la construcción de un pozo de agua potable pero hasta ahora no tenemos nada. Ya hicimos el reclamo ante la Municipalidad, Asuntos Guaraníes, el IMAS (Instituto Misionero de Aguas y Saneamiento), Vicegobernación y nada”.

Comentó que las altas temperaturas que se vienen registrando desde hace días profundizaron la falta de una perforación de la cual puedan abastecerse. “La realidad es que no tenemos nuestra propia agua. Solamente los bomberos voluntarios nos traen agua pero en realidad no sabemos si sirve para tomar porque a veces la gurisada toma y les hace mal, les ocasiona alguna diarrea. No estoy diciendo que el agua es mala pero nos queda la duda que así sea”.

Recordó el cacique que “hoy somos tres comunidades en San Ignacio que tenemos problemas con el agua, pero Jataí Mirí y nosotros somos las que más padecemos. Tenemos todos los papeles, los documentos que se aprobaron y fue porque comprobaron que realmente falta agua para nuestra gente”.

Detalló que “los bomberos nos traen agua, en promedio, cada dos días, pero a veces ellos tienen que asistir a apagar un incendio y se les complica, como ocurrió días atrás y eso lo entendemos no es su culpa pero los que nos quedamos sin agua somos nosotros y acá hay niños también que necesitan sí o sí del agua”.

Anticipó Duarte que se van a manifestar “hasta tanto obtengan una respuesta favorable, que vengan a hablar con nosotros y nos solucionen algo que ya está prometido y firmado por el Concejo Deliberante. Vamos a salir acá, en la zona del Puerto Viejo, camino a la arenera y si fuera necesario iremos hasta la Municipalidad”.

Dijo además que a la comunidad Jataí Miní, “también los bomberos les llevan el agua y a veces no porque no tienen de dónde sacar. En nuestro caso, en Kokuereí II, el lunes trajeron un camioncito con agua y no alcanzó para llenar nuestro tanque porque no tenemos la perforación, es solo para cargar el tanque que tenemos, de donde sacamos para cocinar”.

Aclaró el cacique que “hay un arroyo a unos 800 metros de nuestra aldea pero se encuentra en una propiedad privada a la cual no podemos acceder libremente y además trae el agua del pueblo, es decir que no debe estar apta para el consumo”.

 

Absolutamente documentado

Desde la comunidad mbya Kokuereí II compartieron la documentación en la que el Concejo Deliberante resolvió declarar de interés municipal el servicio de agua potable para esa comunidad y que tiene fecha de 22 de marzo de 2023 y el recibido por parte del Ejecutivo Municipal de San Ignacio el 30 de ese mismo mes.

En la misma también se notifica de lo resuelto a la UEP (Unidad Ejecutora Provincial), a la Dirección de Asuntos Guaraníes y al IMAS (Instituto Misionero de Aguas y Servicios).

Además se puede leer una nota del deliberativo al titular del IMAS con la pertinente solicitud.

Tags: AguaGuaraníesJataí MiríKokuereí IImbyaMisionesReclamosSan Ignacio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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