Las prácticas unilaterales, con sabor a imposición, que aplica el Grupo Z en el sistema metropolitano de transporte de pasajeros, se expande a medida que lo hace también el poder territorial de este sector empresario.
La concejal obereña Mara Frontini (JxC) reveló que, sin comunicación ni explicación, el monopolio del transporte de pasajeros de Oberá eliminó un servicio que utilizaban alumnos de la Escuela 191 Picada Vasca, ubicada sobre la ruta provincial 5.
Los estudiantes que siguen yendo desde el 14 de junio que dejó de pasar el colectivo, lo hacen porque sus padres los llevan con un vehículo particular o bien caminan casi tres kilómetros a la vera de la ruta solos o con algún acompañante.
La responsabilidad social no es solo una campaña mediática o la entrega de algún elemento a una entidad de bien público. Es cumplir un servicio esencial, trascendente para las comunidades que no pueden transportarse sin que se cumpla con los recorridos.
La pregunta obvia es ¿el intendente Pablo Hassan qué hizo para garantizar que casi un centenar de alumnos siga yendo a la escuela en ese barrio? Al parecer nada. Tampoco se conoce intimación, cobro de multas o sanción alguna.
¿Será que la Municipalidad de Oberá autorizó en silencio al Grupo Z a semejante medida? Solo los hechos dan fe a las palabras, le gusta al oficialismo hacer mención a la célebre frase política del peronismo.
Lamentablemente, el poder político misionero permite que este cuestionado sector empresario lleve las lamentables mismas prácticas donde se expande. Y son los usuarios los que las padecen.
