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Otra vez servicio reducido del Grupo Z perjudica a los usuarios de colectivos

27 junio, 2023

Los usuarios de colectivos del Departamento Capital de Misiones volvieron verse perjudicados este martes por un sorpresivo recorte del servicio por parte de las empresas que pertenecen al Grupo Z.

Lo llamativo es que las empresas no comunican estas medidas y las personas terminan siendo sorprendidas en las paradas, perdiendo horas de su tiempo, llegando tarde a sus compromisos u obligaciones, sin tener nadie a quien reclamar por estas injusticias. Y lo peor de todo es que la gran mayoría no tiene la opción de elegir otra empresa debido a que el Grupo Z concentra el 90% de la totalidad del negocio en Posadas, Garupá y Candelaria. La otra empresa brinda el servicio en forma normal.

Se desconoce si el Estado realiza algún control o aplica alguna sanción por esta situación que se viene repitiendo desde hace varias semanas.

Los usuarios de los barrios más alejados esperan que este tipo de maltratos que reciben sean tenidos en cuenta por el Gobierno a la hora de establecer las nuevas tarifas, que se determinarán después de la audiencia pública “no vinculante” que se llevará a cabo el jueves 29 de junio en el Centro de Convenciones de Posadas.

También se reclama que en Posadas se le renueve la concesión y que se abra un proceso de licitación amplio y transparente, que permita el ingreso de nuevas empresas para que la competencia le obligue a mejorar el servicio en beneficio de los usuarios.

 

El boletazo que se viene

Sin mucha expectativa, solo para conocer los montos de aumento que pedirán en el pasaje, a las 9 de mañana está convocada la audiencia pública para “cocinar” el nuevo boletazo en Posadas.

Desde el lunes ya se conoce que en Garupá y Candelaria la empresa tiene autorización de los intendentes Raúl Ripoll y Carlos Flores para subir casi 100% el costo del boleto, de una sola etapa, aunque todavía no comenzaron a aplicarlo.

Se estima entre los usuarios de Posadas que dar a conocer los aumentos en los dos municipios más chicos fue una maniobra “entre el Gobierno y las empresas” para “amortiguar” las críticas y las quejas que provocará el duro golpe al bolsillo que sufrirán los miles de usuarios con el aumento que se otorgará en Posadas.

Se estima, como mínimo, que también será de 100% con lo cual el boleto con SUBE no bajará de 90 pesos mientras que sin la tarjeta costará arriba de 120.

 

Quejas por el servicio

“Todos los días viajamos como ganado en las horas pico, amontonados porque no ponen más colectivos”, dijo una mujer llamada Norma en una parada del barrio San Isidro.

“Ahora quieren volver a subir el boleto pero el servicio que ellos prestan no mejora nunca”, se quejó Susana, en la estación de transferencia.

“Nosotros creemos que tienen que venir otras empresas, porque estamos cansados de los abusos. Ellos hacen paro cuando quieren, recortan las frecuencias cuando quieren y suben el boleto todos los años. Parece que nadie los controla”, agregó indignada.

Sergio Sotelo, un empleado de comercio que usa el colectivo cuatro veces al día para concurrir a su trabajo en el microcentro, explicó que “acá es una lotería en los últimos meses. Hacen paro por reclamos salariales, después te sacan líneas porque quieren subir el boleto, al mismo tiempo nos enteramos que les dan cientos de millones de pesos todos los meses y les están ampliando el negocio a Oberá y Eldorado. Entonces quiere decir que plata no les falta, es un abuso y vemos que el Gobierno apaña todo lo que hacen estos empresarios”.

En Oberá las quejas se multiplican porque las empresas sacan y modifican rutas de un día para el otro, recortan horarios y frecuencias, cambian recorridos y modifican el servicio prácticamente todas las semanas, sin informar a los usuarios ni recibir intimaciones del Municipio.

 

Audiencia pública en Oberá

Ayer el Concejo Deliberante obereño aprobó la convocatoria a audiencia pública para evaluar un incremento en la tarifa de colectivos urbanos.
El pedido no fue hecho por las empresas Next y Guacurarí, sino por el Área de Movilidad Urbana municipal mediante una nota enviada al Departamento Ejecutivo (al intendente Pablo Hassan) que es el ente responsable y regulador del servicio.

Este pedido llega en un contexto de fuertes críticas de los usuarios, reclamos y cuestionamientos por la deficiencia del servicio y el recorte de frecuencias en forma arbitraria y discrecional.

La audiencia pública será el 24 de julio a las 9 y los usuarios pueden inscribirse para participar desde el 14. Se estima que habrá una fuerte oleada de críticas contra un servicio que llegó, supuestamente para modernizar el funcionamiento pero está causando más problemas y trastornos que la empresa anterior.

Si bien no hay una cifra de cuánto podría aumentar el boleto, algunos choferes extraoficialmente aseguran que “van a pedir 200 pesos”. Pero se sabe que es una estrategia pedir una suma exagerada para después acordar un monto menor. La última actualización fue en diciembre cuando se elevó el pasaje único a 70 pesos sin tarjeta y 66 con el plástico.

 

La ventaja de la SUBE nacional

Otro de los pedidos frecuentes que se escucha entre los usuarios es el de la SUBE nacional, que otorga numerosos beneficios y que arrojaría un manto de transparencia sobre la cantidad de boletos que vende a diario el Grupo y que solamente son declarados por los supuestos controles de la empresa SUBE Misionero, que fue creada con fondos aportados por el mismo Grupo Z.

La SUBE nacional otorga, por ejemplo, una “Tarifa Social Federal SUBE” que significa un descuento del 55% en el transporte público, otorgado por el Estado nacional en conformidad con la resolución N° 384/2021 del Ministerio de Transporte, a los siguientes grupos: jubilados y, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), beneficiarios de asignaciones y programas (Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Programa Jóvenes con más y mejor trabajo, Seguro por desempleo, seguro de capacitación y empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa PROGRESAR, Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, Pensiones no contributivas).

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Tags: #PosadasGrupo ZMisionesServicio reducidoTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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