El sector productivo yerbatero vive uno de sus mejores momentos en Misiones y Corrientes por varias medidas que se dieron en un corto plazo y que pusieron una gran certidumbre a tantas dudas que existían hasta no hace muchos días.
Primero fue la negociación que el gobernador Herrera Ahuad cerró con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, para alcanzar un laudo inédito, escalonado hasta septiembre, que dejará el kilo de hoja verde en $120 y la canchada en $456.
Luego llegó el “dólar agro” que abarcó a la yerba mate para la exportación del producto a $300 por unidad de la moneda norteamericana.
Finalmente, esta semana quedó habilitado el moderno molino cooperativo en Andresito, que asistirá a las pequeñas entidades con marca propia para el proceso final y empaquetado de la yerba mate, con la garantía de que se cumpla el precio oficial.
Para algunos funcionarios del sector, “con este paso trascendental se termina el oligopolio yerbatero de los pocos que compraban yerba barata de Brasil y Paraguay, y la mezclaban con la misionera, generando un producto de dudosa calidad. Es el comienzo del fin del oligopolio”.
Se refieren a un pequeño grupo de molinos que concentraba la mayor actividad del sector, proveyéndose del 60 o 70% de la materia prima producida en Misiones.
Mientras los productores yerbateros festejan especialmente la oficialización de los precios (la mayoría de los mismos son minifundistas), en la industria más importante hay molestia por la decisión política. La posición va acorde a la postura que asumieron los representantes del sector en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), acompañados por la provincia de Corrientes, de no subir ni un centavo los precios por seis meses. Como si la inflación no fuera récord en un país donde los insumos y la mano de obra crecen en costos a pasos agigantados. Algo que los industriales lo saben, pero hacen su propio juego a costa de los productores.
Tras las medidas gubernamentales antes explicadas, trascendió esta semana que un grupo de molinos (incluyendo a algunos que no están radicados en la zona productora pero se nutren de la materia prima de las dos provincias) habría presionado para obtener incrementos de precios para los paquetes en góndola, bajo amenaza de salir del plan oficial de “Precios Cuidados”.
Portales porteños informaron esta semana que varios molinos “suspendieron las entregas de paquetes de yerba a los mayoristas, distribuidores y cadenas de supermercados. Antes de continuar con el negocio, prefieren llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre los aumentos que terminará habilitando”.
En definitiva, buscarían que la suba de precio del paquete acompañe al de la materia prima, cuando la yerba en góndola ya subió un 15% en lo que va de 2023, según el relevamiento que se hizo desde el INYM en medio de la sesión de precios. “Si esa suba se traslada al último semestre, fue más del 50%, con lo cual no se justifican los pedidos de la industria”, sostuvieron fuentes gubernamentales consultadas por este Diario.
Importaciones convenientes
A la par, en el Gobierno de Misiones y en la dirigencia productiva de la tierra colorada, están alertas por una posible “ola importadora” de yerba mate de Paraguay y Brasil que se había logrado frenar en los últimos meses de 2022. Es que el precio de la yerba canchada aun en dólares quedó en casi el doble de valor de lo que cuesta importarla de los dos países vecinos, con todos los cuestionamientos que se puedan hacer respecto a la calidad de lo que se trae.
En Misiones se sospecha que podrían importarse abundantes cantidades a un dólar de $230, pudiendo exportarla a $300. Esto siempre que se haga de manera legal. Sin embargo, abundan las versiones sobre la llegada de cargas de yerba especialmente paraguaya (de Itapúa más precisamente), en una frontera “colador” que es por demás conocida.
El portal Planbmisiones.com hizo una rápida cuenta para entender la conveniencia del negocio, convertidos los valores a precio dólar. El laudo de Agricultura de la Nación fijó la canchada en 406 pesos en abril, 426 pesos en mayo-junio y finalmente $456 en julio-septiembre. Pasado a dólar oficial (211 pesos), esto equivale a casi 2 dólares para la canchada que se compra a los secaderos de la zona productora.
“En cambio, esa materia prima tiene un costo que ronda entre 1 y 1,20 dólar si se trae de Paraguay y Brasil”, indicó el sitio.
Fuentes del INYM advirtieron a PRIMERA EDICIÓN que se profundizarán los controles de la yerba importada desde los países de la región. “No estamos estudiando nuevas medidas, pero vamos a ser implacables en exigir materia prima de calidad. Sobre todo en metales pesados. Ya nos afecta gravemente en el equilibrio el ingreso de yerba paraguaya y no vamos a permitir de ninguna manera que nos inunden con ese producto. De por sí, la mayoría de la yerba de Paraguay no pasa los controles de calidad y la deben devolver a origen”.
Cadena de pagos
Finalmente, otro método de presión que temen los productores es la forma de pago. En los últimos días, la industria sostuvo por diferentes medios de comunicación que hay “abundante” cantidad de yerba en los depósitos, mientras el titular del INYM, Juan José Szychowski, había dicho que el stock estaba en caída por la sequía, el rulo y otros problemas que debió enfrentar la producción.
En la actualidad, los pagos con cheques diferidos en algunas industrias son un verdadero dolor de cabeza para los productores que las abastecen. Primero por el pago de impuestos y luego por efecto de la misma alta inflación existente, que termina quitándoles un porcentaje de las ventas.
Por eso en el norte provincial, muchos minifundistas esperan que el molino cooperativo de Andresito funcione y adquiera la materia prima cumpliendo los valores oficiales y con un método de pago más conveniente.
Sin “códigos”
La SUBE y SUBI del Grupo Z que no te suben a los colectivos sin el código QR, por el faltante de tarjetas de plástico, siguen provocando el enojo de los “rehenes” de un sistema de boleto electrónico monopólico pero, especialmente, ineficiente.
Aunque el tema parezca redundante, conlleva un enorme impacto negativo en una gran parte de la población que quiere pagar su boleto, quiere llegar a sus compromisos laborales, educativos o familiares a tiempo, viajando en las mejores condiciones posibles (y cada vez más imposibles de obtener).
La voracidad y falta de empatía con que se maneja el Grupo Z solo generan rechazo social. Ver a jubilados sin poder subir al colectivo porque hay unidades sin lectora de QR, debería avergonzar a empresarios y a los funcionarios encargados de controlar al concesionario.
En la misma hubo alumnos que no tienen el plástico ni celular para hacer uso del Boleto Educativo Gratuito (BEG), y con padres que por razones laborales no los pueden acompañar en sus viajes para pagar con QR.
Desde hace años que el Grupo Z no tiene códigos de comportamiento y prestaciones de calidad con sus usuarios, de escucha y de respuestas acordes a los reclamos que se le realizan en cada audiencia pública no manipulada por el poder para que haya oradores afines.
El problema crece no solo porque se especializan en complicarle la vida a los pasajeros para hacer uso del transporte público. Sino también porque se extienden las áreas de concesión a pasos agigantados en la tierra colorada. La experiencia obereña de pocos meses, ya da cuenta de lo difícil que es lograr un buen servicio . Es de esperar que los códigos se respeten también desde el sector empresarial.
