El municipio de Oberá salió ayer a negar la existencia de una demanda judicial de casi $1.000 millones por parte de las empresas de transporte público de pasajeros, como afirmó el empresario Marcelo Zbikoski, en declaraciones al programa “Dominio Público”.
En una conferencia de prensa, el secretario de Coordinación, Diego Capolupo; el titular de Movilidad Urbana, Fabián Pizutti; y el asesor legal Alejandro Cabral, enfatizaron que “se debe llevar tranquilidad a la comunidad de que no existe una demanda judicial por dinero contra el Municipio”.
Los funcionarios se apuraron en dar una respuesta “tranquilizadora” teniendo en cuenta que el contrato con Next y Tipoka, que son las prestatarias del servicio, recién comenzó a mediados del año pasado; y una demanda de esa cifra sideral le significaría al municipio el total de lo que recibe por coparticipación durante cinco meses completos.
Sin embargo, al ser consultado por la demanda, Zbikoski dijo el jueves que “la demanda es porque el municipio licitó pagar el trabajo de alguna manera y no está honrando el compromiso, desde julio”. Agregó que “el modo de haber llamado a licitación era el pago por kilómetro”.
Reconoció que el reclamo es impagable al señalar que “se está buscando la solución porque, si el municipio tiene que pagar esto, está con argumentos para decir ´no lo podemos pagar´.
Entonces vamos a tener que hacer las adecuaciones necesarias a la prestación del servicio y al contrato”. Esas adecuaciones, explicó, serían aumentar la tarifa o extender la concesión: “cualquiera de esas dos soluciones son las que estamos conversando con el municipio para poder terminar cuanto antes; porque los vehículos son todos nuevos y hay que pagarlos. El combustible sube todo el tiempo y hay que solventar el gasto”.
No existe demanda
Evidentemente, hay un cortocircuito en la comunicación entre el empresario beneficiado con la licitación y el municipio obereño.
Alguno de los dos no dio la información completa o, en algún lado, se produjo un “teléfono descompuesto”. Los funcionarios municipales aseguraron en la conferencia de ayer que no existe ninguna demanda y que solamente recibieron un “recurso de amparo” de las empresas prestatarias; porque el municipio no les respondió notas anteriores a una firma identificada como Guembé. En los escritos, esta última mencionada tampoco reclamó dinero.
En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, Diego Capolupo aseguró que “no tenemos nada que responderle a Guembé porque nuestra licitación fue con Next y Tipoka. No tenemos ninguna relación con la susodicha y por eso no le tenemos que dar ninguna respuesta”.
A pesar de esto, las dos empresas del Grupo Z presentaron un amparo para que la Justicia intime al Municipio a que le responda a Guembé; y el Secretario de Coordinación insistió en que “si las empresas quieren ser representadas por Guembé, primero tiene que tener nuestro reconocimiento. El Municipio ha solicitado los poderes de la empresa y no hemos tenido respuesta”.
Por esta razón, defendió la estrategia jurídica de no responder las notas de Guembé y sí lo hicieron al Juzgado donde se tramita el recurso de amparo.
Van por un nuevo contrato
Según los funcionarios, el convenio con las empresas de transporte no establece subsidios municipales, sino que solamente la tarifa es la única rentabilidad que obtiene de los obereños (además de los subsidios provinciales y nacionales, que son abundantes). Fijarla es una atribución que tiene el municipio.
Las empresas dicen que la tarifa no les alcanza y pretenden incrementar su rentabilidad. Es por eso que estarían presionando para modificar el contrato de licitación, incorporando supuestas “compensaciones” que necesitan para equilibrar los costos.
Trascendió una presentación por $941 millones en el Juzgado Civil N°3 (que el municipio dice no haber recibido). Esto no fue mencionado por el empresario, pero se trata de un fuerte bullicio instalado en el ambiente del transporte, donde se afirma que la intención es modificar el contrato para que la comuna obereña acceda a otorgarle subsidios municipales; que se descontarían directamente de la coparticipación y el Estado provincial le transferiría a la empresa.
Es una situación similar a la que vivió el municipio de Posadas en el año 2006, cuando la Provincia le retuvo la coparticipación para remitírsela a las empresas del Grupo Z en concepto de coparticipación municipal. Al parecer, el plan se repite.
El Grupo quiere más dinero para “arreglar” la SUBE Misionera
En la misma entrevista televisiva del jueves pasado, el empresario del transporte, Marcelo Zbikoski, señaló que el sistema SUBE Misionero está desactualizado y que, para que vuelva a funcionar, necesita más dinero de la Provincia; que en definitiva saldría del bolsillo de los misioneros.
Tuvo que responder a este tema debido a la catarata de reclamos que se generaron por parte de los usuarios que no pudieron cargar la tarjeta SUBE Misionera durante toda la semana; por lo cual se vieron obligados a pagar el pasaje en efectivo, lo cual cuesta un 40% más que con el plástico. “Este sistema que tenemos no funciona más porque es como un teléfono celular”, comparó al asegurar que es “tecnología de hace 10 años”. Agregó que “tiene problemas. Hace dos años viene fallando muchísimo. Justo por eso se está insistiendo con las autoridades para reemplazar el sistema”.
Reveló que SUBE Misionero se queda con el 9% como “comisión” de todo el dinero que reciben las empresas del sistema integrado de la Capital provincial “para sostener este sistema que no funciona del todo bien hace tiempo”.
La comisión del 9% incluiría tarifa y todos los subsidios estatales. Con todo ese dinero, aseguró que la SUBE Misionera funciona de manera deficiente y necesita más dinero de la Provincia para solucionar el problema.
Pasaje a 500 pesos
En otro tramo de la entrevista, Zbikoski dijo que un pasaje debería costar 500 pesos pero que los pasajeros solo pagan una tarifa comercial, porque el resto lo abona el Estado (nacional, provincial y municipal) mediante compensaciones o subsidios.
Sin embargo, no explicó cuáles son los criterios que utiliza para asegurar que el pasaje vale esa cifra. Para ello, cada línea tendría que aclarar la cantidad de boletos vendidos y ese dato solamente se presenta como declaración jurada, sin ningún tipo de control del Estado.
