Con el objetivo de mantener actualizado el listado de los Deudores Alimentarios en Mora de la provincia de Misiones, con datos personales, y demás circunstancias indispensables que permitan una eficiente individualización, el Registro Público de Alimentantes Morosos se implementa de gran manera en la tierra colorada, pero ¿de qué se trata?, ¿quiénes lo pueden solicitar? y ¿cómo hacerlo?
La abogada Florencia González habló con FM 89.3 Santa María de las Misiones y destacó la implementación de la Ley IV -31 y bregó por una normativa nacional que logre la unificación de todos los registros existentes. En el registro se Incluye datos personales y las demás cuestiones que permiten individualizar al moroso en el pago de la cuota alimentaria obligatoria para sus hijos. Tanto el ingreso (el alta) como el egreso (baja) de este registro se realiza por orden de los jueces de oficio o a pedido de parte, en el caso de que haya un litigio.
“En Misiones se cuenta con la Ley IV-Nº 31 (antes Ley 3615) que es la que crea el Registro de los deudores morosos, que habilita la exposición pública del listado del listado en el portal de la Justicia de estos deudores morosos. La publicación se actualiza dos veces, en junio y en diciembre”, explicó la abogada durante la charla radial.
Y amplió: “Una vez que una persona se encuentra dentro del Registro de Deudores Morosos ( debe estar atrasado como mínimo en dos cuotas a lo largo de un año) va a tener ciertas limitaciones, tanto monetarias porque no va a poder sacar tarjetas de crédito, no va a poder pedir préstamos, no va a poder hacer ninguna actividad financiera hasta que no se le dé de alta de ese registro, como otras limitaciones que le impedirán sacar el registro de conducir y en algunas situaciones tampoco podrá salir del país”.
Para González, la importancia de tener una ley nacional servirá también en aquellos casos que haya un deudor moroso en esta provincia, quien tras irse a vivir a otro lugar, “tenga las mismas consecuencias si no paga la cuota de alimento de sus hijos”.
“La Justicia de Misiones viene actuando bastante bien porque cuando existe una deuda o una morosidad por parte de la alimentante, el abogado a pedido de parte, es quien solicita el juez la posibilidad y la inscripción. Automáticamente, si se cumplen los requisitos establecidos en la norma, se libera un oficio para que se produzca esa inscripción”, subrayó la experta .
Violencia económica y temores
González se refirió durante la charla a la situación que atraviesan muchas mujeres cuando son víctimas de la violencia económica.
“Algunas mujeres en esa situación consideran que no quiere tener más problemas, por ellos existe un todo un proceso emocional y psicológico, que es muy largo hasta que esa madre decide judicializar lo que ocurre“, explicó.
“La mayoría de las veces es tan grande el sometimiento a la violencia económica, como que si fuera que ese padre o el progenitor estaría haciéndole un favor al pasarle dinero para los alimentos de sus hijos, que hasta que una mujer llega a esa instancia, hay un proceso bastante importante”, se explayó la letrada al ser consultada por la agilidad del sistema.
En la provincia se cuenta con dos instancias, por un lado el CEJUME (Centro Judicial de Mediación) que forma parte la etapa previa a la judicialización en donde se intenta llegar a través de una mediación a un acuerdo que luego puede ser homologado. La segunda instancia se activa cuando ya no existe la posibilidad de acuerdo o se lo rechaza directamente se va hacia la judicialización del caso.
“Una vez que se ingresa la judicialización ya va a depender del Juzgado de la voluntad de ese juez y de también de la conciencia de género que pueda tener a la hora de entender la necesidad de que su pago sea algo rápido porque estamos hablando de un dinero necesario en el día a día para poder sobrellevar los gastos de un niño a una niña“, enfatizó González.
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