Ayer, los concejales oficialistas de Oberá aprobaron por mayoría el nuevo contrato de concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, que anteriormente había sido impulsado por el intendente Pablo Hassan.
El proyecto se vio favorecido por un voto de diferencia, descartando la alternativa que presentaron los ediles de la oposición, como resultado de una votación dividida dentro de una sesión ordinaria del cuerpo deliberativo cubierta por la polémica.
Por momentos, la sesión se volvió a poner tensa y recordó la última donde el presidente, Santiago Marrodan, debió desempatar para que no fracase la instalación del parque fotovoltaico en el predio del Parque Industrial que se comparte con Guaraní.
Esta vez, los opositores cuestionaron principalmente al Grupo Z por las quejas que presentan en los servicios que brinda en otros puntos del territorio provincial.
Así, pese a los reclamos diarios por las deficiencias del servicio prestado en Posadas, Garupá y Candelaria, con miles de usuarios apuntando a la falta de frecuencias, incumplimiento de horarios, quita de líneas, viajes en condiciones de hacinamiento y unidades en mal estado, entre otros; y la irritación permanente que demuestra el sector empresarial mediante respuestas a través de comunicados pero sin hechos concretos que sean dirigidos a los consumidores. Ahora, formalmente con el apoyo renovador oficialista, el Grupo Z amplió su negocio en la ciudad de Oberá.
Rechazo de la oposición
Con el rechazo, los concejales de la oposición marcaron como uno de los principales puntos de desacuerdo al plazo de concesión, teniendo en cuenta que podrá renovarse “si la prestataria realiza inversiones por diez años, y así sucesivamente”, lo cual marca una ausencia de definición real sobre la culminación del contrato que favorece al Grupo Z.
Ante esto, el concejal Marcelo Sedoff, del bloque Todos por la Ciudad, comentó que “es una lástima para Oberá, debido a que una sola empresa es la que estará brindando el servicio. Me parece un motivo más que suficiente para que tengamos un respaldo a través de un contrato más explícito, más corto en el tiempo, y que el usuario y el Ejecutivo tengan herramientas para que el contrato tenga un fin”.
“Con lo que se aprobó, lamentablemente, tenemos fecha de inicio pero no de finalización. Me preocupa porque volvemos a la situación de antes”, cuestionó.
Por su parte, Marcelo Gazzo, edil de Juntos por el Cambio, indicó que “nunca tuvimos las especificaciones técnicas” sobre las inversiones que la empresa debe hacer, y “será muy difícil poder exigir a las empresas algo que no está claro”.
“Para nosotros el plazo debía ser de 8 años, más 4 años de renovación, porque de esa forma sería más fácil de controlar”, opinó.
La concejal Lilian Vega, claramente alejada de sus pares del oficialismo que integró bajo la tutela del exalcalde Carlos Fernández, afirmó que el contrato no garantiza los derechos de los usuarios.
“Quiero aprovechar y llamar a los usuarios con lo que pueda pasar de acá en más, porque lamentablemente se ha aprobado un contrato que no garantiza sus derechos. Nuestras herramientas llegaban hasta la sesión de hoy (por ayer). Tuvimos muy pocas oportunidades de diálogo”, expresó.
En tanto que Santiago Marrodán, presidente del cuerpo deliberativo obereño, respondió que “están los anexos que establecen las inversiones que debe cumplir la empresa, para renovar la concesión. Lo de sucesivamente es una interpretación, porque está claro que depende de las inversiones”.
Mientras que Mara Frontini, del bloque PRO – Juntos por el Cambio, recordó que fue parte de la comisión de transporte y que habían hecho algunas correcciones.
“Presentamos como bloque estos dos proyectos, por un lado el servicio de emergencia en caso de huelgas y el servicio de boleto gratuito a los adultos mayores de edad jubilatoria, para que se cumpla por fin con la carta orgánica. Eso fue aprobado en comisión, pero cuando pasó a sesión no se consideró. Fue un acto de discriminación”, expresó y amplió: “Además está lo del contrato indefinido. Lo de ‘sucesivamente’ indica que no tiene fin, por eso queríamos sacar esa palabra”.
“Estamos de acuerdo con un nuevo contrato de concesión para el transporte público y la presencia de empresas con nuevas unidades en nuestra ciudad”, reconoció a PRIMERA EDICIÓN pero aclaró que “lo que estuvo siempre en análisis son los términos del contrato”.
“¿Cuál será la condición de las unidades nuevas dentro de 10 años?”, se preguntó.
En ese sentido explicó sobre los diferentes motivos que derivaron en los votos negativos que “el primer punto fue por el plazo de concesión”.
En febrero pasado “ingresó al Concejo el pliego de bases y condiciones para licitación. Fue aprobada por todos los concejales en unanimidad. Allí se establecía una concesión por 8 años, pudiendo prorrogarse por 4 años más”, recordó y añadió: “Sin embargo el Ejecutivo Municipal, por medio del intendente interino Pablo Hassan, envió un bosquejo de contrato”, en junio pasado “con un plazo diferente”, que será “de 10 años con posibilidad de renovación por otros 10 años más”.
“No es la primera vez que después de una comisión de análisis, bien clara y transparente, el Intendente cambia los términos”, apuntó y agregó que “nuestro voto negativo al bosquejo del Ejecutivo es por el cambio de los términos”.
Además, “este contrato no regula dos temas que debían aprobarse antes de la firma, en base a dos proyectos presentados por nosotros, la oposición” para obtener “el servicio de emergencia en caso de huelga local y el Boleto Gratuito para los Adultos Mayores en Edad Jubilatoria. Estos proyectos fueron aprobados en comisión y luego rechazado por los concejales oficialistas”, en julio pasado, reiteró Frontini al finalizar.