A pesar de que en 2018 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) delimitó y reconoció como propiedad de los pueblos originarios las tierras donde hoy habita la comunidad guaraní de Puente Quemado II; y siendo que por decreto, las empresas deben pedir permiso a la comunidad para intervenir; según los pobladores, Arauco amenaza con continuar la reforestación de pino en esa zona, pasando por alto la voluntad del pueblo que ya manifestó su intención de “dejar que el monte se recupere solo”.
Entrevistada por FM 89.3 Santa María de las Misiones, Roxana Rivas, abogada del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género, a cargo de la causa, relató sobre la situación que “el caso de Puente Quemado II es un poco la realidad que está viviendo la mayoría de las comunidades originarias, que conviven dentro de su territorio, como pasa en este caso, con la empresa Arauco”.
“Ellos quedaron rodeados por plantaciones de pino, que ahora con los incendios hasta pusieron en riesgo de vida a los integrantes de la comunidad. Para poder salvarse tuvieron que meterse a los arroyos”, describió y agregó que “se quemaron los pinares que, en su momento, fueron sembrados por Arauco, y ahora tienen la intención de volver a reforestar la zona con pinos”, sostuvo.
Y agregó que “la empresa sabiendo que las comunidades están presentes y tienen un derecho reconocido, no puede pasar por encima de su voluntad. Eso implica que tendrá que conseguir ese consentimiento, y por eso los están hostigando”.
Ante esto, indicó que “la comunidad dio su palabra, sobre que ellos no quieren que nadie más entre al monte, porque el monte tiene la capacidad suficiente para recuperarse sin necesitar intervención del hombre”.
“Esa es la disputa que hay, entre los derechos ancestrales que dice que al monte hay que dejarlo para que se recupere, y la empresa que a toda costa quiere volver a reforestar con lo mismo”, remarcó.
Sin respuesta de Ecología
Rivas, en representación de las comunidades, presentó una nota al Ministerio de Ecología para que intervenga y garantice que no habrá intromisiones en el territorio. Sin embargo, el organismo aún no se pronuncia.
“En Ecología todavía no dijeron nada, lamentablemente tienen esa costumbre de no contestar las notas”, cuestionó y amplió que lo que están pidiendo es que “se garantice que no haya ningún tipo de intromisión. Hasta el 2018 cuando empezaron a autorizar cosas la excusa era que no había relevamientos, entonces no se habían dado por enterado que era un territorio de las comunidades originarias. Pero ahora esa excusa ya no existe, entonces tienen que intervenir para garantizar que nadie ingrese sin que se cumplan con los procedimientos legales”.
Riesgo presente
Por otro lado, la abogada advirtió que “resembrar en esa zona el monocultivo ya no es solamente un problema ambiental, sino que para ellos además representa un riesgo de vida constante porque eso se enciende como fósforo”.
“Cuando vemos lo que el incendio fue dejando, en la zona que hay monte se nota una capacidad natural de regenerarse, mientras que el pino es un esqueleto negro, ‘muerte’ como dicen ellos. Hay que verlo para entender esta demanda que es para todos y en defensa propia”, subrayó.
Recurso judicial
Consultada sobre las herramientas legales a las que pueden recurrir las comunidades que enfrentan estos problemas, Rivas contó que, en este caso y pese al avance y hostigamiento de la empresa, “todavía no fueron ni con sus máquinas ni plantines. Pero si pasa que no contesta el Ministerio (de Ecología) en estos días o vemos que hay algún movimiento que dé cuenta que la empresa va a ingresar igual, lo que nos queda son las medidas de no innovar que pedimos a través de los recursos de amparo”.
“Eso es lo que seguramente va a seguir si no hay un canal de diálogo. Nos quedan esos recursos y esperar que la Justicia nos responda. Las herramientas legales las tenemos y hay que hacerlas valer”, concluyó.
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