Ante cada crisis económica, las diferentes administraciones nacionales fueron creando planes y programas de contención social para paliar la pobreza, el desempleo y la indigencia. Fueron mutando de nombre en la democracia, para identificar a las gestiones según el partido gobernante: desde las cajas PAN de los ‘80, el plan Trabajar, el IFE de la pandemia, Jóvenes Más y Mejor Trabajo, Argentina Hace, Potenciar Trabajo y otros tantos en la lista de 141 planes sociales, programas y prestaciones estatales aún vigentes.
Para sostenerlos, la revista Forbes estimó un gasto de 288.000 millones de pesos anuales o alrededor de 800 millones de pesos diarios.
Es que el país lleva décadas de crisis. Y, hasta ahora, ningún Presidente ha podido convertir el asistencialismo en oportunidad laboral. A tal punto que, ante cada crítica sobre el manejo discrecional de los planes, fueron cambiando de administrador.
Ahora, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -que impulsó a organizaciones sociales y grupos piqueteros para masificar la llegada de la ayuda estatal-, quiere darle a provincias e intendentes el manejo de la caja multimillonaria de los planes.
Así, en la Argentina se entró en un debate sobre quién se queda con la caja en la previa a las elecciones de 2023, pero no se buscan consensos para crear empleo genuino, formal, donde se beneficien los privados con la mano de obra disponible y se creen miles de puestos de trabajo formales.
El manejo ha permitido a grupos políticos y de militancia social el manejo de recursos muy importantes, a cambio de no salir a las calles para protestar ni romper una débil paz social en un contexto socioeconómico muy difícil.
Ya lo dijo esta semana el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Fernando Meza, en FM 89.3 Santa María de las Misiones (la radio de PRIMERA EDICIÓN): en la provincia hay 40 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo. “De esos, el Gobierno de Misiones les certifica a cinco mil beneficiarios que realizan diversas tareas. El resto los certifican unas cinco organizaciones sociales”, para que el beneficiario pueda cobrar.
Con algunos matices, los grupos piqueteros administran una caja superior a la de algunos sindicatos, cuya recaudación viene en caída a partir del mayor empleo informal que existe en Argentina.
Aun cuando el receptor de un plan asistencial tiene interés por trabajar, en especial en producciones agrarias como yerba, mandioca, citrus, té, entre otras que hay en Misiones, el mismo Estado nacional se encarga de desalentar su incorporación al mercado laboral al no poder garantizar la compatibilidad entre asistencialismo y empleo formal. Así, difícilmente las próximas generaciones puedan encontrar una salida en el empleo que los dignifique como personas.
“Sin tercerización”
En un reciente encuentro realizado en Chaco el pasado viernes, la flamante Liga de Gobernadores del Frente de Todos y partidos provinciales (Misiones estuvo representada por el vicegobernador Carlos Arce) hizo hincapié en que “las provincias son preexistentes a la Nación” y, por lo tanto, reclamaron “ser partícipes ante decisiones que nos afecten”.
Allí, algunos mandatarios presentes confirmaron que se analiza la presentación de un proyecto de ley para que el manejo de los planes y programas sociales queden en las provincias y los municipios, a fin de conseguir una “Federalización sin tercerización” de las organizaciones sociales.
En el cónclave político, que espera repetirse incluso con gobernadores que son de la oposición, también hubo críticas a la falta de soluciones para el abastecimiento de gasoil, con un impacto negativo en las cosechas de producciones regionales. En el caso de Misiones, una de las más afectadas es la yerba mate.
También en el documento, que suscribieron representantes de 12 provincias, hubo una advertencia sobre “el impacto de la inflación en el ingreso de las familias argentinas”.
“Solicitamos la implementación de medidas específicas destinadas a desacelerar su impacto de manera clara y sostenida, pues su crecimiento afecta las tarifas, la ejecución de las obras, el sostenimiento del salario real”, advirtieron en la Liga de Gobernadores.
“Hoy damos un paso más en la construcción de un país más federal, centrado en una agenda que tiene que ver con el gasoil y el transporte, pero fundamentalmente con las asimetrías estructurales que hay entre la metrópolis y el resto del país. En el área metropolitana se consigue más barato el gasoil, más barato el gas y el agua y el transporte, porque el 64% de los subsidios está destinado a esta área”, cuestionó el santiagueño Gerardo Zamora.
Riesgo de recorte de servicios
Mañana será un día clave para los miles de usuarios del transporte público de corta y media distancia que existen en el país. La Federación que agrupa a las cámaras empresarias del sector definirá si se recorta el servicio de 22 horas a 6 del día siguiente, afectando el traslado laboral, educativo y por otras razones de los pasajeros.
Ya no es el gremio UTA de los choferes el que impulsa la medida, sino la patronal en reclamo del pago de subsidios en tiempo y forma, de mayor cantidad de recursos con esa finalidad, de la provisión de gasoil y a un precio más barato que el que consiguen en la actualidad.
Nuevamente los que no tienen otra forma de viajar que no sea por el transporte público, quedarán de rehenes de la puja entre el Estado y las concesionarias. Incluso debiendo sacar más de los flacos bolsillos para pagar un taxi para no verse afectados.
A propósito de transporte, esta semana hubo un “vacío” de la renovación en la comisión de Transporte y Tránsito que preside el edil golfista Daniel Vancsik, cuando se iba a presentar el técnico informático que lleva dos años viendo cómo implementar la recarga virtual de las tarjetas SUBE del Grupo Z.
La medida dilatoria sirvió para no volver a exponer al monopolio del Servicio Integrado Metropolitano, que evita de todas las maneras posibles tener que invertir en mejoras. Es que los millonarios recursos seguramente estarán enfocados en la nueva unidad de negocios de Oberá, donde el intendente Pablo Hassan les abrió las puertas para avanzar fuera de las concesiones habituales.
Paz social y funcionarios más atentos
La tensión y enfrentamiento que se vivió esta semana en la base El Zaimán de Servicios públicos de la comuna posadeña revivió episodios pasados en otras gestiones, que cosechan rechazos desde diferentes puntos de vista. Sin contar el uso político que algunos opositores intentaron, en lugar de mediar para resolver una situación grave.
Hay que empezar por la violencia, donde hubo varios heridos entre trabajadores y policías. Aun hoy no se sabe quién ordenó el operativo policial en el lugar ni quién lo pidió, sabiendo que cualquier acción en ese sentido solamente iba a provocar el enfrentamiento. Si hubo infiltrados o no, será materia de investigación pero el tiempo no se podrá volver atrás para evitar tamaño hecho.
Luego estuvo la evidente falta de capacidad de los responsables del área, que sabían del malestar que había generado la muerte de un trabajador y las condiciones laborales de otros obreros del sector. No sólo no contuvieron la crisis sino que expusieron a la gestión municipal que goza de altísimos niveles de aprobación como de imagen el intendente Leonardo Stelatto.
Finalmente, Daniel Porto quedó como titular de un sindicato como el SOEMP que estuvo lejos de mostrarse representativo y donde las bases lo desoyeron en varias oportunidades, como por ejemplo en el no acatamiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
A pesar de las diferencias y algunas posiciones extremistas entre delegados de base de Servicios Públicos, el diálogo se encauzó a una solución superadora.
Además de trabajadores y gestión comunal, los que se evitaron problemas fueron los vecinos que vieron durante casi dos días la basura en su cuadra sin recolectar o tirada en el marco de la protesta de los obreros en conflicto. Estas (malas) experiencias deben ser evitadas con la colaboración de todas las partes para no perjudicar al posadeño que está lejos de las disputas y la violencia.
