Por Damián Di Pace
iProfesional
Sólo hace unos meses, el presidente Alberto Fernández se propuso públicamente que los salarios no sólo se recompongan de la actual inflación de su mandato, sino que se recuperen respecto de los cuatro años de gestión del gobierno anterior. Nuestros gobernantes cada vez aseguran con mayor asiduidad que mediante su gestión harán que los salarios no pierdan frente a la inflación.
Lo hacen como si la evolución de los salarios fuera una cuestión ajena a una macroeconomía con alta inflación, elevada presión tributaria, cepo al dólar, brecha cambiaria, alto nivel de deuda, déficit fiscal, incremento del gasto público, entre otros.
Por su parte, dos tercios de los salarios de la economía los define el sector privado y sólo un tercio el sector público con mayor presión tributaria sobre el sector privado o emisión monetaria y déficit y mayor inflación sobre todos.
Sin embargo, hay cada vez más argentinos que reciben menos ingresos constantes como los monotributistas, autónomos e informales; por lo cual cada vez hay menos asalariados en los últimos diez años en nuestro país.
Dentro de la estructura del mercado laboral con respecto a la cantidad de habitantes, tomaremos en cuenta datos del censo del 2010 el cual mostró que había 40.117.096 millones de habitantes y el último censo de este año que arrojó datos preliminares de 47.327.407 millones. Nos servirá para comprender la relación entre asalariados públicos y privados.
Para el 2012, la proporción trabajadores en el sector privado fue del 15,24% y público fue el 6,71% de nuestra población. Si actualizamos con los últimos datos del Ministerio de Trabajo en relación al último censo, se observa que los asalariados en el ámbito privado se encuentran en un valor de 12,9%, mientras que en el sector público existe un 7%.
Es decir que, a través del tiempo, el sector privado se encuentra decreciendo en -0,38% con respecto a valores de hace una década, mientras que el sector público no sólo se encuentra sostenido en el tiempo, sino que aumentó en un 22,96% con respecto al 2012.
Con respecto a esta situación, el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que la caída de las fuentes laborales tiene su contrapartida directa con la falta de estabilidad laboral, la caída del nivel salarial en términos reales, el menor nivel de inversión actual, la situación inflacionaria que se encuentra condicionando los costos laborales y, por último, la presión impositiva que genera menos incentivos para aumentar el empleo, ya sea en empresas grandes o PyME.
Para contener la situación del mercado laboral, el Gobierno nacional implementa una partida del presupuesto denominada Gasto en Servicios sociales, que, al inicio del 2012, fue de 340.729 millones de pesos en valores nominales (419.117 millones de pesos ajustado por inflación).
Si observamos el mismo dato actualizado a 2022 vemos que el Estado contempla 6.993.190 millones de pesos. Si ajustamos la cifra a valores reales este debería ser 9.077.376 millones de pesos.
Es decir, no sólo no se asignó la cantidad de pesos correcta de acuerdo al ajuste inflacionario del período, sino que en relación al último censo 2022, vemos que además se otorgó menos ayuda en servicios sociales en términos reales, pero a más personas. Es decir, se compensó más cantidad con menos asistencia en términos reales.
Expectativa empresarial
La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) sobre las expectativas empresarias en cuanto a la mejora del empleo, muestra que sólo 1 de cada 20 empresas espera un cambio en la cantidad de personal, dato que refleja el nivel más bajo si se compara con julio del año pasado.
Las expectativas empresariales se encuentran alineadas con las situación económica que atraviesa el país, ya que si bien es cierto los policymakers de turno están paleando la situación con medidas como planes sociales o con algunas herramientas más técnicas como el uso de tasas de financiamiento subsidiadas y el redireccionamiento de fondos para solventar mejoras en PyME, continúan siendo medidas que a muy corto plazo sólo ponen parches a las consecuencias sin atacar las causas.
La relación entre salarios e ingresos se deteriora cada día que pasa. Hay una brecha entre estas dos variables debido a las consecuencias inflacionarias. Convivimos en un país con perspectivas de inflación de más del 70% anual. El mercado laboral, y más precisamente los asalariados y en mayor medida los trabajadores que tienen ingresos no constantes, son los que terminan pagando los mayores costos de la escalada inflacionaria.
El Gobierno insiste en el uso de herramientas que corren en el muy corto plazo por detrás de la inflación. No pone en práctica la única herramienta que funcionaria: un programa económico consistente, confiable y que se ajuste a un presupuesto que permita reducir el déficit fiscal para hacerle frente a las inconsistencias macroeconómicas.
El salario real, cerca de niveles negativos por la inflación
Al no estar recorriendo el camino correcto, es previsible que en los próximos meses el salario real se encuentre con niveles negativos y, los trabajadores, con niveles de ingresos cada vez menos constantes por el desfasaje que genera la inflación.
En el país, hablar de salarios ya no es representativo de lo que le sucede a la mayoría de los argentinos que han crecido en su composición con ingresos no constantes en el universo monotributista, autónomos e informales.
Un universo al cual el Estado hace pasar por “alivio fiscal” el ajuste de escalas y topes en el régimen simplificado y de responsable inscripto que encumbre la real “condena tributaria” que hay detrás al no estar actualizados en términos reales frente a la inflación.
Por su parte, para los informales el Estado los va dejando cada vez más fuera del mercado con un sector privado que no está dispuesto a incrementar su inversión y empleo debido a los costos y riesgos que implica en el actual contexto económico, tributario y jurídico local.
