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EMSA avanza con más embargos a la CELO y también a sus directivos

Virginia Kluka confirmó además que se pidió un veedor judicial para incautar la recaudación diaria en las cajas de la cooperativa obereña para cobrar los más de mil millones que adeudan por energía.

2 junio, 2022
EN CRISIS. La entidad recibe una lluvia de críticas por sus servicios y su endeudamiento desde hace varios años.

EN CRISIS. La entidad recibe una lluvia de críticas por sus servicios y su endeudamiento desde hace varios años.

En Misiones las cooperativas eléctricas enfrentan diversas dificultades para cumplir con sus obligaciones y la prestación de la energía destinada a miles de misioneros en diversos puntos del territorio provincial.

Los dos casos más resonantes son los de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO) y la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL), a las que Energía de Misiones (ex-EMSA) les reclama millonarias sumas de dinero por la falta de pago en el suministro de electricidad.

En el caso de la CELO, la compleja situación podría impulsar pedidos de intervención judicial para que se embargue el patrimonio personal de los directivos.

Entrevistada por FM 89.3 Santa María de las Misiones, Virginia Kluka, presidenta de Energía de Misiones, explicó: “Aún no tenemos ningún plan, ni propuesta concreta hasta la fecha de parte de la CELO. Están judicializados los períodos uno, dos y tres de este año. La semana que viene vence el período cuatro del 2022, si no cumplen con esa factura va a crecer la deuda. La facturación de CELO ronda entre los 80 a 100 millones mensuales. Nosotros en principio iniciamos la medida cautelar por dos períodos, el lunes (pasado) ampliamos por el tercer período, y estamos a la espera de que la Justicia ordene el embargo por ese tercer período”.

Consultada sobre la posibilidad de que la problemática derive directamente en un posible embargo del patrimonio de los directivos de la CELO, por no demostrar interés en acordar alguna solución por la deuda de la cooperativa, Kluka respondió que “la Jueza cuando ordenó el embargo preventivo de los (primeros) dos períodos, por una cuestión de que está establecido en el estatuto de las cooperativas, dejó librada la posibilidad de ir contra los bienes de los socios del consejo” de administración.

“Está en nosotros accionar o no esa medida”, destacó y agregó: “Estamos a la espera de si hay algún acercamiento en el juzgado con la ampliación del embargo (a la cooperativa). Lo que necesitamos es que se efectivice el cobro. Nos produce un daño irreparable el no cobrarles, que no ingresen esos fondos de esa facturación a la empresa. De ser necesario se va a avanzar (sobre la opción de embargar los bienes personales de los directivos)”.

Al mismo tiempo, recalcó que “también pedimos en el expediente que nos nombren un veedor para hacernos de la recaudación diaria. Estamos a la espera de que la Justicia resuelva eso. Necesitamos la disponibilidad de ese dinero que está cautelado”.

En relación a una posible sanción con corte del suministro eléctrico sobre la CELO, Kluka indicó que “recurrimos a la Justicia para evitar esa medida, porque consideramos que interrumpir el suministro eléctrico le causa un daño a todos los ciudadanos de Oberá”.

 

Otros deudores

Sobre la situación de otras entidades prestatarias de energía eléctrica en la provincia describió que mantienen incumplimientos con EMSA “otras que son menores”, como por ejemplo “la cooperativa de Cainguás que está con una deuda pero esta semana nos acercó unos valores, y estamos ahora en la tratativa de aceptación. También la CAUL, que estamos a la espera, debido a que el presidente no está ahora en la provincia pero quedó en que la semana que viene se reunirá con nosotros para acercarnos una propuesta”.

A nivel general, Kluka reconoció que la deuda total de todas las cooperativas que prestan el servicio en la provincia supera los 3 mil millones de pesos con intereses. “Esto nos causa un daño irreparable porque nosotros tenemos que seguir con nuestras obligaciones. Estamos trabajando mucho en las inversiones para el verano que viene que debemos afrontar, tenemos el mantenimiento diario, hay gastos operativos, y por eso queremos tener medianamente ordenada la parte administrativa y financiera de la empresa”, sostuvo al finalizar.

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Tags: CAULCEELCELOEmbargosEMSAEnergíaMisionesVirginia Kluka
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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