El debate sobre los cambios a la Ley de Alquileres sigue en proceso de indefinición. Al desacuerdo entre diputados oficialistas y opositores que derivó en proyectos de reforma distintos entre sí se le sumó la decisión de enviar el tema a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados antes de pasar a la votación en el recinto.
A fines de marzo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio habían acordado tratar la reforma de la Ley 27.551 en la Comisión de Legislación General para buscar un dictamen de consenso en un plazo de 30 días hábiles. Transcurrido ese período, finalmente no se logró el objetivo inicial: hubo tres dictámenes distintos y el de mayoría fue el del Frente de Todos.
Ese proyecto no modifica el plazo de tres años de los contratos ni el ajuste anual por un índice que combina evolución de precios y de salarios, sino que propone incentivos fiscales para los propietarios que pongan inmuebles en alquiler. Al contener modificaciones en materia impositiva, el dictamen debe pasar por la Comisión de Presupuesto.
Fuentes parlamentarias confirmaron a iProfesional que “ya tiene giro a Presupuesto y Hacienda”, comisión que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos), pero que todavía no hay fecha para su tratamiento. Por estas horas evalúan convocar al cuerpo para la semana próxima o la siguiente.
El envío del dictamen de mayoría a la Comisión de Presupuesto fue solicitado por Heller al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero también había sido planteado por los diputados de Juntos por el Cambio durante la discusión de Legislación General.
Esto le impone un nuevo retraso a la votación en el recinto que definirá la redacción final del proyecto que pasaría al Senado y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de que la oposición modifique sus dictámenes de minoría.
Según supo este medio, los diputados de Juntos por el Cambio evalúan ahora incorporar a su dictamen -que sí modifica los dos artículos más polémicos de la ley vigente- una serie de beneficios fiscales que hasta ahora no contemplaban.
En medio de estos vaivenes y del desacuerdo en torno a los puntos que habría que modificar, crece la incertidumbre entre inmobiliarias e inquilinos dado que hasta el momento nadie tiene mayoría suficiente para aprobar su proyecto en el recinto de la Cámara baja, por lo que el contenido final de la reforma permanece abierto.
¿Cuáles son los beneficios impositivos que plantea el proyecto del oficialismo?
El dictamen de mayoría que surgió de la Comisión de Legislación General y que ahora pasará por Presupuesto y Hacienda establece una serie de “incentivos a la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional” que buscan solucionar la escasez de oferta que tanto el sector de las inmobiliarias como el de los inquilinos remarcaron.
La iniciativa establece una exención del impuesto sobre Bienes Personales para los inmuebles en alquiler “con destino exclusivo a casa habitación”, los cuales no estarán alcanzados cuando su valor sea “igual o inferior” a $1.050.000, que es el establecido por la ley de Bienes Personales para el período fiscal 2018 y siguientes.
También señala que los pequeños contribuyentes que tengan inmuebles en alquiler podrán mantenerse en el Régimen Simplificado y, por otro lado, incorpora las propiedades a la ley de “Incentivo a la Construcción Federal” para alentar las inversiones en refacciones de casas o departamentos que “sean afectados, por un plazo no inferior a 12 años, a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia”.
Los beneficios regirán siempre que los contratos estén registrados ante la AFIP. De hecho, el dictamen plantea que los corredores y martilleros públicos que intervengan en la celebración de un contrato tendrán “la obligación de declararlo” ante el órgano recaudador.
¿Quiénes están a favor de fijar incentivos fiscales para los propietarios?
Recientemente el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, emitió un comunicado en el que expresó el apoyo de esa entidad, que agrupa a unos 9.000 agentes inmobiliarios, a la idea de implementar beneficios impositivos.
Sacco consideró que “hay que avanzar con los incentivos fiscales para la construcción y la adquisición de viviendas para locación” porque “de esta manera la multiplicidad de ofertas va a hacer que baje el costo de los alquileres y se reactive la oferta”.
“Desde nuestro Colegio hace cuatro años que venimos proponiendo a los legisladores la necesidad de la desgravación impositiva para los alquileres, porque así muchas propiedades que hoy están vacías se volcarían al mercado inmobiliario”, subrayó el referente del Colegio de Martilleros bonaerense.
No obstante, expresó su desacuerdo con la decisión del oficialismo de dejar como están el plazo de los contratos y el ajuste anual, al considerar que es necesario “volver a los 24 meses de contrato” y al “libre acuerdo en el ajuste semestral”.
Detalles de los dictámenes que presentó la oposición
El proyecto de Juntos por el Cambio señala que los contratos de alquiler con destino habitacional serán de dos años (como eran antes de la ley que rige desde 2020) con la posibilidad de que se extienda por un año más “si al vencimiento del mismo, el locatario continúa en la tenencia del inmueble sin oposición del locador”.
Respecto de la actualización del precio, la iniciativa de la principal bancada opositora señala que “podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos no menores a seis meses”.
Además, propone eliminar la indexación del ajuste y establece que “las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden”.
Por otra parte, el tercer dictamen corresponde al Interbloque Federal que integran Graciela Camaño y Florencio Randazzo, entre otros. Esta propuesta también plantea volver al plazo de dos años para los contratos y señala que las actualizaciones se negociarán “libremente” entre las partes, aunque señala que los incrementos deberán tener un tope para que no superen la inflación.
