La normativa vigente que determina la dinámica de los alquileres es la Ley 27.551, un compendio de artículos que el Congreso argentino se tomó meses para madurar y que aplastó en apenas semanas a todos los implicados, inquilinos, propietarios e inmobiliarias por igual.
Cuesta creer y entender que los legisladores hayan elaborado un cuadro normativo tan dañino para el mercado de los alquileres habiendo estudiado cada tramo del sistema. Lo positivo en este caso es que al cabo de unos meses todos entendieron que la ley -en el histórico contexto económico de crisis cíclicas- es un fracaso total y que es necesario desarrollar una nueva que abarque los intereses de todos.
Como ninguno de los bloques en el Congreso posee la mayoría necesaria, la norma a la que se llegue deberá nacer por consensos y es ahí donde todo vuelve a complicarse.
Los intereses de las partes y los de la clase política convergen hoy en un atolladero difícil de sortear y quienes pierden en esa dinámica vuelven a ser los argentinos atrapados en la crisis habitacional.
La demora en la modificación del marco vigente tiene en suspenso a los nuevos contratos que, por tanto, se siguen ajustando bajo la normativa vigente atando los montos a la evolución del salario y la inflación.
La senda sinuosa del debate legislativo que concluyó la semana con un sinfín de diferencias que no permiten la elaboración de un dictamen, mantiene paralizada la evolución del mercado de alquileres.
Es exasperante. En vez de ir hacia el recinto, la discusión volverá a comisión y todo se retrasará.
No habrá quien diga entonces que es mejor tomarse el tiempo para madurar una ley completa, pero con la norma vigente queda en evidencia que tomarse el tiempo no es garantía con este Congreso. Mientras tanto, la urgencia se devora a millones de personas.
