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Según el INDEC, baja la pobreza en Argentina

30 marzo, 2022
A pesar del aumento, el salario mínimo no alcanzará a superar la línea de indigencia

POBREZA. La Canasta Básica Total para un adulto se ubicó en mayo en los $20.856, según el INDEC.

El 37,2% de la población -unas 17,4 millones de personas- es considerada pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo a los datos del segundo semestre de 2021, los indicadores sociales principales mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado.

Tanto la pobreza como la indigencia tuvieron un recorte, explicado por la recuperación económica superior al 10% en 2021 que fue acompañada por un rebote en los números de empleo. De todas formas, ese alivio fue muy parcial, en especial para las familias que viven de ingresos de empleos no registrados. Como referencia, los trabajadores informales perdieron por unos 12 puntos porcentuales contra la inflación.

Más allá de la mejora del segundo semestre de 2021, los indicadores sociales todavía están por detrás de los niveles que tenían antes de la irrupción de la pandemia. Como comparación, hacia fines de 2019, el último índice sin incidencia de la crisis sanitaria, mostró una pobreza de 35,5% de pobreza y un 8% de indigencia.

En el peor momento de la pandemia, la pobreza llegó a tocar un pico de 42%, mientras que la indigencia tuvo su punto más alto en el primer semestre del 2021, con 10,7 por ciento.

Según la opinión de los analistas, la desocupación, que bajó al menor nivel desde 2017, puede ser una explicación que justifique la baja de los indicadores de pobreza e indigencia en comparación con 2020, cuando habían finalizado en 42% y 10,5%, respectivamente. También implicó una mejora en relación al primer semestre de 2021, con indicadores que alcanzaron el 40,6% y 10,7%, para cada caso.

 

 

La recuperación del empleo alivió la situación de muchos hogares durante el año pasado, en que la economía creció más de 10%, aunque estiman que una aceleración fuerte de la inflación podría rever la tendencia de mejora. En febrero el IPC fue de 4,7% y los alimentos crecieron un 7,5%, mientras que desde el sector privado y el propio Gobierno se espera que para marzo los indicadores sean incluso peores.

En ese sentido se puede leer el alarmante aumento de las canastas alimentarias. El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) subió 9% durante febrero, por lo que una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores, necesitó percibir ingresos por $37.413 para adquirir la cantidad mínima de alimentos y no caer en la indigencia.

Por su parte, la canasta básica total (CBT) aumentó 6,6% durante febrero, por lo cual esa misma familia tipo requirió percibir ingresos por $83.807 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

La canasta básica –que además de alimentos incluye otros ítems del gasto como indumentaria, salud, transporte o educación– determina la denominada “línea de pobreza”. Es decir, los hogares con ingresos menores a la CBT son los que pasan a ser considerados pobres. De la misma manera, la canasta alimentaria –que tiene un alcance limitado a bienes de primera necesidad– es la que configura la “línea de la indigencia”: aquellas familias que no lleguen a cubrir los ingresos necesarios para adquirir la CBA son indigentes.

Cabe recordar que la semana pasada el organismo de estadísticas oficiales dio a conocer que la Argentina logró la menor desocupación desde 2017 y mostró un fuerte avance -de 3,5%- en la tasa de empleo, que creció de 40,1% a 43,6 por ciento. En el cuarto trimestre de 2021, la tasa de empleo alcanzó el 43,6% de la población. Asimismo, la tasa de desocupación cayó al 7% de la Población Económicamente Activa, y así se ubicó en su nivel más bajo desde 2016.

 

 

La pobreza en 2021: el impacto en todo el país

En el Gran Buenos Aires el índice de pobreza alcanzó el 37,3% y de esta forma tuvo una reducción de 7 puntos porcentuales en comparación con finales de 2020.

En detalle, los partidos del Conurbano bonaerense tuvieron una reducción de 8,7 puntos en un año hasta 42,3% de la población.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, tuvo un leve recorte desde 16,5% a 16,4% en su índice de pobreza. En este último caso, en el último semestre la proporción de la pobreza creció 2,5 puntos, y fue así uno de los pocos conglomerados urbanos con incrementos entre mitad y fines de 2021.

Por otra parte, las menores tasas de pobreza se dieron en las regiones Pampeana con una tasa de 35,3% (-6,8 puntos porcentuales semestral y -2,9 puntos interanual) y Patagónica con una tasa del 31,5% (-2,9 puntos semestral y -3,7 puntos interanual).

Por el contrario, la región con mayor tasa de pobreza fue la de Cuyo (42,7%), única región en superar el 40% y única en registrar incremento de su tasa respecto al semestre anterior. Le siguieron las regiones del norte, con el NEA que alcanzó una tasa del 39,4% y el NOA del 39,2 por ciento.

 

 

Medido por rango etario, la pobreza afectó al 51,4% de los chicos y chicas de entre 0 y 14 años, mientras que el 12,6% de ellos fue indigente.

Para quienes tienen entre 15 y 29 años, la tasa de pobreza fue de 44,2% y la de indigencia, de 10,4 por ciento. La franja entre 30 y 64 años sufrió una pobreza de 32,6%, con un 6,7% que ni siquiera llegó a cubrir la canasta alimentaria. Los jubilados (más de 65 años) tuvieron un 13% de pobreza y un 0,7% de indigencia.

Respecto a la llamada brecha es decir qué tan lejos una persona pobre o indigente de superar la línea que determina la pobreza o la indigencia, hacia finales de 2021 esa distancia era de casi 37% para el caso de la pobreza.

Es decir, el ingreso promedio de una persona considerada pobre fue de $46.712, mientras que para no caer en esa condición hubiera necesitado $74.059. En ese mismo sentido, un indigente estuvo a $11.201 (35%) de distancia de evitar caer en la indigencia.

Fuente: infobae.com

Tags: ArgentinaINDECIndigentepobrePobreza
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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