Una de las que advirtió en su momento que había un fuego en expansión fue la empresaria forestal Carina Lanaro que forma parte de una familia de productores asentada en el Paraje Galarza.
“Perdimos todo. No quedó nada”, relató Lanaro, profesional posadeña, esposa del empresario forestal Leandro Rodríguez, y quienes llevaban en la localidad correntina un emprendimiento familiar productivo de más de 30 años y fueron una de las víctimas directas del siniestro.
“La gente perdió su casa, todas sus cosas, sus animales, su historia. En cuestión de horas el fuego arrasó con todo, y nadie vino a ayudarnos, a pesar de que advertimos días antes de que vengan al lugar a trabajar porque se sabía que la reserva del Iberá en esa zona estaba abandonada, y el fuego avanzaba hacia el pueblo. Nuestro predio está lindante a la reserva natural que fue donada por la ONG de Douglas Tompkins a la provincia. Sabíamos que de no frenar de alguna manera su avance, las llamas dantescas pasarían a las forestaciones y, después, al pueblo. Y así fue, perdimos todo”, relató en una entrevista con ArgentinaForestal.com.
Según el testimonio de la mujer, la situación vivida es indescriptible, “dramática y desesperante”. Principalmente porque, como familia forestal, contar con brigada de protección y operarios preparados para las primeras acciones contra el fuego, no fue suficiente.
No tuvimos ayuda ni del consorcio, nadie nos dio respuestas ni del Gobierno de Corrientes ni de la Nación. Tenemos todas las secuencias de las conversaciones y de los mapas satelitales, donde las condiciones climáticas advertían que el fuego avanzaría sobre el Paraje Galarza. La ayuda nunca llegó, el fuego avanzó y no quedó nada”, sentenció.
Por último, Lanaro advirtió que: “Mientras el incendio avanzaba, el Gobierno tenía sus propias prioridades que no pasaban por los correntinos afectados. Se olvidaron de la gente, priorizaron los carnavales, las reuniones en el exterior y dejaron a la reserva más grande que tenía la Argentina. Lo más triste es que perdimos todo, pero no mi familia, sino el pueblo de Galarza, los vecinos y la Reserva se perdió, miles y miles de animales”.
Otro caso es el de Agustín Aguerre, de 38 años de la zona de Curuzú Cuatiá, cuya empresa familiar sintió el rigor de las llamas a pesar de un combate de casi dos días sin descanso. Así, el avasallante progreso del fuego consumió casi el 90% del campo, afectando no sólo la infraestructura y los pastos, sino también haciendo mella sobre el ganado.
“A nosotros se nos quemó entre el 85% y el 90% del campo. Tenemos ovejas, vacas y caballos quemados y todas nuestras instalaciones incendiadas. Pudimos salvar la casa de casualidad gracias a la ayuda de la gente, que es lo único que te fortalece para seguir. Es increíble la cantidad de gente que se solidariza. Es una suerte de cooperativa que se formó con esto que nos está pasando, que nos tiene a maltraer hace 45 días, es un flagelo”, explicó.
El relato sobre el avance de las llamas parece de película. En primer lugar, el productor está convencido que el foco de incendio que se produjo fue intencional, “como gran parte de los de la provincia”. Según comentó, el fuego se inició en un campo vecino y tardó sólo tres horas en atravesar sus alambrados a pesar de los cortafuegos hechos y del “ejército” de personas esperando para atacarlo.
Por otra parte, los productores de la ciudad de Mercedes también sintieron con fuerza el impacto del fuego. “Perdimos la mitad del arroz y los incendios casi arrasan con el sorgo que plantamos”, dijo Betiana Bel.
“Lo que queda del arroz lo vamos a tener que vender al costo”, explicó la mujer, que señaló que ahora necesitan dinero para pagar a los empleados, volver a invertir con costos que aumentaron, como el fertilizante urea que se fue de 390 a 1.100 dólares la tonelada.
“El 60% del arroz se exporta, pero esta calidad no la van a querer y perderemos mercados”, detalló Javier Storti, otro productor de la zona.
También, entre las historias está el caso de Víctor Rey y su esposa Jessica Prada, quienes el viernes 11 sufrieron la destrucción del 90% de su campo de 200 hectáreas.
En su campo, se quemaron 4.000 metros de alambrados, que cuesta 1.000 pesos el metro puesto, por lo que sólo esa pérdida llega a los $4 millones. Ahora, organizaron una rifa para tratar de reparar algunos de los daños sufridos.
“Pusimos la vida de los caballos antes que la nuestra. Lo primero que hicimos fue protegerlos”, explicó Jessica al recordar ese fatídico viernes 11.
Hace cinco años, la familia creó el centro hípico Santa María, con un plantel de 50 ejemplares. Allí, desarrollaban diferentes actividades ecuestres, equitación y equino terapia. Incluso, ofrecían recorridas para los turistas. También entrenaban equinos, deportivos y de salto, y rescataban animales de tracción, los rehabilitaban y se los devuelvan a sus dueños.
Pero tras el siniestro ocurrido en el establecimiento se destruyó todo el alambrado y ahora ni siquiera pueden dar precisión de los animales con los que cuentan. “No sabemos si están muertos, quemados o si andan en la ruta”, dijo Víctor.
Gracias a la ayuda de los vecinos, pudieron evitar que se les incinere la vivienda. Pero se quemó el pasto y el alimento para los caballos.
A pesar de la catástrofe, Víctor colabora con los vecinos a apagar los focos que siguen activos. “No estuvo nadie, sólo el pueblo”, se lamentó el productor al referirse a la ausencia del Estado en este desastre ambiental.
