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Se cae la chance de una querella judicial y Guzmán queda golpeado

29 diciembre, 2021

El informe Ex Post Evaluación (EPE) sobre el programa Stand By (SBA) firmado en 2018 con el gobierno de Mauricio Macri reconoce que la Argentina debió reestructurar la deuda ese mismo año para reducir las grandes necesidades de financiamiento de corto plazo e instaurar controles de capitales (cepo) para evitar la fuga de dólares pero no configura una gran autocrítica como la que esperaba el gobierno.

Pese a que algunos directores señalaron que el gobierno anterior estableció ciertos límites que ayudaron a descartar “medidas potencialmente críticas” para el buen funcionamiento del programa, como una “operación de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de capital”, varios de los ejecutivos cuestionaron la viabilidad de implementar estas medidas cuando un objetivo clave del programa era restaurar la confianza del mercado que no se pudo lograr.

El pasado 2 de diciembre en el cierre de la Conferencia Industrial de la UIA, el presidente Alberto Fernández le exigió a las autoridades del FMI que presentaran una evaluación antes de cerrar el acuerdo sobre los daños que le había ocasionado al país el préstamo otorgado por ese organismo al gobierno de Mauricio Macri.

Luego de las elecciones legislativas, el ministro de Economía Martín Guzmán solicitó también que el FMI revea su posición en diversos temas como por ejemplo el aumento de la tasa de sobrecargos, con respecto a un futuro acuerdo.

La respuesta del organismo a través de su último informe ha sido contundente.

1. A diferencia de la versión del gobierno, la investigación aclara que el directorio del FMI y su staff técnico no incumplieron los procedimientos y estatutos a la hora de otorgar el préstamo a la República Argentina. Por lo tanto, esta investigación desmiente la principal acusación del Gobierno que dio lugar a una denuncia penal. Sera difícil para el Gobierno que prospere esa denuncia en el futuro.

2. El informe explica que el FMI no estaba preocupado por el resultado de las elecciones presidenciales del 2019 ni por el futuro de Mauricio Macri. Es cierto que el gobierno de Donald Trump apoyaba el rumbo que había tomado el país para intentar salir del un modelo que apoyaba más al populismo, pero quedó claro que los técnicos no tuvieron en cuanta eso.

3. Reconoce el informe que el régimen monetario-cambiario que le impuso al gobierno no funcionó: “El dólar se ha convertido de facto en la unidad de cuenta de gran parte de la economía y sirve como un ancla nominal para las expectativas de inflación”.

4. Hay una parte política del informe donde destaca que a pesar del acuerdo no se pudo restablecer la confianza en la economía, entre otras razones, por la expectativa que el gobierno de Mauricio Macri perdiera las elecciones contra el Frente de Todos.

5. Se reconocen también que resultaron insuficientes los intentos para que el programa de 2018 pusiera foco en los más vulnerables. En particular por la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018, dos puntos que el informe remarca como “líneas rojas” que Macri le impuso al organismo.

6. Se admite que el programa económico presentado para conseguir el stand by por u$s52.000 millones fue demasiado frágil y que, a pesar de que fue un esquema que diseñó el ministro Nicolás Dujovne, se falló en el control y revisiones técnicas del staff del FMI que fue relevado por completo este año.

La lectura por parte del gobierno parece ser otra. El presidente Alberto Fernández escribió un anexo de 20 páginas -titulado “La visión de las autoridades”- en el que asegura que la EPE publicada es de “vital importancia para construir entendimientos que contribuyan a evitar en un futuro situaciones económicas y sociales desestabilizadoras originadas por programas fallidos”.

Fernández destacó también que “las autoridades argentinas están convencidas de que el FMI sería más eficaz en la gestión de la crisis internacional actual si revisara los principios generales en los que a menudo se basan sus programas y abordará el desajuste entre las recomendaciones de los programas y las diversas realidades de los países en desarrollo”.

Por ahora la modificación de los sobrecargos a la tasa de los préstamos y la idea de que el acuerdo incluya una cláusula “acople” con un nuevo esquema de créditos más flexibles además de los actuales stand-by y facilidades extendidas parase lejana. Pero no hay que descartarla.

 

La principal exigencia

El Fondo Monetario no quiere volver a tropezar con un fracaso en la Argentina. Algunos creen que ese es uno de los motivos de la demora en el acuerdo: “El FMI se puso puntilloso”, aseveran fuentes oficiales.

Se refieren a que, a diferencia de lo sucedido en 2018, esta vez, no quieren que “la política” meta la cola y defina el acuerdo.

Se vienen semanas claves en la relación Argentina-FMI porque la Argentina se quedó sin los dólares suficientes para seguir pagando los vencimientos, y es necesario sellar un arreglo antes.

La cuestión central, cuentan fuentes del gabinete económico, refiere a las reservas del Banco Central.

Concretamente, el FMI admitió que la Argentina no está en condiciones económicas y sociales para condicionar el acuerdo a una devaluación abrupta del tipo de cambio, que intente achicar la brecha cambiaria, que ahora está en el 100%.

Eso sí, los técnicos del Fondo ponen como condición que en los primeros meses de vigencia del “stand by”, el BCRA logre lo que no pudo hasta ahora: juntar dólares en sus reservas. La Argentina atraviesa un problema crítico: goza de un superávit comercial récord, pero no logra que esas divisas se queden en el país.

Sin un buen ritmo de fluidez de importaciones, resulta imposible que el rebote económico de este año sea perdurable.

Fuente: iprofesional.com

Tags: #economíaArgentinaDeudaFMIMartín GuzmánMedidasStand By
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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