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El cura Raúl Sidders irá a juicio por el abuso sexual de una niña

15 noviembre, 2021
DOMICILIARIA. Sidders permanecerá privado de su libertad en una vivienda de Zelaya, partido de Pilar en el norte bonaerense.

DOMICILIARIA. Sidders permanecerá privado de su libertad en una vivienda de Zelaya, partido de Pilar en el norte bonaerense.

RECLAMO. Tras la denuncia, los pedidos de justicia contra el sacerdote se multiplicaron por varias ciudades.

 

En los últimas días se conoció que el juzgado platense que entiende en las denuncias por abuso sexual contra el sacerdote Raúl Anatol Sidders (62) rechazó un último planteo que había esgrimido la defensa para evitar que se diera por cerrada la investigación. Fue así que las partes fueron notificadas que el expediente fue elevado a juicio. No se descarta que esto sea recurrido por los abogados del sacerdote.

Tras el requerimiento del fiscal Álvaro Garganta, el Juzgado de Garantías 6 de La Plata a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, rechazó el planteo de prescripción y sobreseimiento y ordenó que el caso sea resuelto por un tribunal.

Para el magistrado, con las pruebas recabadas se pudo acreditar que aproximadamente entre el 2004 y el 2008, el párroco que “se desempeñaba como capellán de la Unidad Educativa ‘Monseñor Lodigiani’ -Colegio San Vicente de Paúl- ubicada en 115 número 566 de La Plata, abusó sexualmente de una menor de 11 años al inicio de los actos, a quien hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto, situaciones que acaecían en el patio de la institución y durante los recreos”.

“Asimismo, durante igual período y en las habituales ocasiones en que le recibía el sacramento de la confesión, corrompió a la menor mediante explicaciones personalísimas sobre cómo masturbarse, realizar sexo oral y mantener relaciones sexuales con acceso carnal con su novio’, podría concluirse los hechos imputados por aplicación del art. 2 del Código Penal”, señala el fallo.

Éste toma además los argumentos esgrimidos por los abogados de “Rocío” quien denunció que los abusos se produjeron entre los años 2004 y 2007, cuando la víctima tenía entre 11 y 14 años, aunque un hecho de “abuso sexual agravado” ocurrió cuando la denunciante tenía ya 13 años.

 

 

Respecto al pedido de prescripción de la causa solicitado por la defensa, el juez argumentó: “El cuarto párrafo del art. 67 del Código Penal, que establece que en los delitos contra la integridad sexual -entre los que se encuentra el endilgado al imputado Sidders- “se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”.

“Ahora bien, los sucesos aquí investigados resultan ser hechos de violencia contra la mujer en los términos del art. 1° de la Convención Interoamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’ -aprobada por ley 24.632-. Debe repararse también que la circunstancia de que la víctima de los hechos aquí investigados ha sido una niña (quien tenía al momento de los hechos entre 11 y 14 años de edad -v. fs. 1-), operativiza los mecanismos que dan curso a la aplicación de la normativa internacional en resguardo del interés superior del niño contemplado en la normativa establecida en la Convención de los Derechos del Niño”.

 

De La Plata a Puerto Iguazú

Sidders se desempeñó durante casi 20 años como docente y confesor del colegio San Vicente de Paul de La Plata. Luego, por decisión del Arzobispado de esa ciudad, fue derivado a cumplir funciones como secretario del obispo de la diócesis de Puerto Iguazú. Además, se desempeñaba como capellán de Gendarmería.

En noviembre de 2020, el fiscal Álvaro Garganta había solicitado la detención del sacerdote. Los abogados querellantes de la víctima habían señalado que Siddesr en Puerto Iguazú y bajo resguardo de sus pares, ponía la calificación en “grave riesgo de fuga” por la proximidad de cruzar a Paraguay o Brasil y profugarse. Recordaban que sobre Raúl Sidders recaía una expresa “prohibición de salida del país”.

Los mismos letrados denunciantes comunicaron que “el encubrimiento de la jerarquía eclesiástica se manifiesta en que, a pesar de la causa en su contra, Sidders mantiene tanto su cargo eclesiástico como público, ya que también es capellán de la Gendarmería Nacional”.

En diciembre de 2020 se entregó en la fiscalía de La Plata. Raúl Sidders estuvo detenido seis meses en el Penal de Olmos y luego que le concedieran la prisión domiciliaria ahora permanece alojado en la vivienda de un familiar, ubicada en un Country de la localidad bonaerense de Pilar, a la espera del devenir de su causa.

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Tags: La PlataPuerto IguazúRaúl SiddersSacerdote acusado de abuso sexual
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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