El Gobierno provincial recibió ayer a los desalojados de Picada Guaraní, San Vicente, en la búsqueda por encontrar alternativas que solucionen la situación que padecen estas familias, que fueron desalojadas el pasado 18 de junio por orden del juez Gerardo Casco, a pesar de vivir hace más de cinco años en el lugar y tener luz eléctrica instalada por el Estado y un aula satélite que funcionaba como escuela para los niños.
Antes de ser recibidas por el ministro coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer, las familias realizaron una protesta frente a la Gobernación, en la plaza 9 de Julio.
“Los productores plantearon su punto de vista, escuchamos, les explicamos que entendemos la importancia que tiene la situación para cada familia y que, siempre dentro de las posibilidades institucionales y jurídicas existentes, colaboraremos con ellos para ayudar a resolver de la mejor manera esta situación”, explicó Kreimer a PRIMERA EDICIÓN.
El ministro agregó que “con la Subsecretaria de Tierras (Sonia Melo) propusimos varias alternativas que quedaron en estudio, apuntando a encontrar una localización donde los vecinos puedan adquirir sus lotes a través de un esquema de pagos conveniente y la Provincia pueda colaborar con el restablecimiento de sus proyectos productivos familiares”. Mañana volverían a reunirse para continuar con las ideas de relocalización.
El diputado nacional del Partido Agrario y Social, Héctor “Cacho” Bárbaro acompañó a las familias durante la protesta y la posterior reunión. Explicó a este Diario que “estamos evaluando varias alternativas, el Gobierno está mostrando predisposición a colaborar y eso nos da algo de tranquilidad”.
Bárbaro fue el protagonista nacional de un audio que se viralizó, en el cual convocaba a una protesta “pacífica” para presionar al juez y al Gobierno a revertir la situación de desalojo o buscar alguna solución para las familias.
El caso judicial
Las familias desalojadas aludieron que la orden judicial fue un “trámite exprés”, sin notificación previa, que no les dio derecho de defensa.
Los productores habían presentado un recurso de nulidad ante la Justicia misionera para anular la sentencia de desalojo. En el escrito, declararon que compraron las tierras con boletos de compra venta y vivían hace años afincados en esa comunidad rural, incluso que el Gobierno provincial les había conectado energía eléctrica y habilitado el aula satélite.
En el operativo ordenado por el juez Casco, la policía desmanteló las viviendas de madera. Los productores mencionaron que no pudieron siquiera sacar los animales, los galpones de tabaco ni los cultivos anuales que habían sembrado. Todo esto consta en el expediente presentado en el Juzgado de San Vicente.
El drama de la tierra
Antes fue Alto Paraná, también Pozo Azul, ahora Fracrán y mañana, tal vez, sea El Soberbio. Lo cierto es que el drama de la falta de tierra para las familias campesinas es una constante que no tiene solución en Misiones.
120
es el número de hectáreas que fueron ocupadas pacíficamente hace varios años por estas familias de productores.
Audio y polémica
La polémica estalló cuando se viralizó un audio del diputado nacional Héctor Bárbaro convocando a una protesta para presionar al juez y al Gobierno para que brinden una solución a las familias desalojadas.
