Familias desalojadas en Picada Guaraní presentaron un recurso de nulidad

Familias desalojadas días atrás de los lotes que ocupaban en Picada Guaraní, en Fracrán, presentaron ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco, un recurso de nulidad del proceso, ya que -los supuestos intrusos- entienden que hubo un error de identificación del lote. 

Esta presentación está acompañada por el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, quien convocó a una marcha y corte, medida que repudiada por la Mesa Chica de Autoconvocados contra Delitos Rurales de Misiones. Finalmente el corte de ruta no se llevó a cabo este lunes pero sí la concentración frente al Juzgado de San Vicente.

Entre los puntos principales de esta presentación, las 14 familias aducen que “jamás fuimos notificados de la tramitación de dicho proceso en nuestra contra, pese a que vivimos y somos poseedores en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida desde hace años en el lote en el que estábamos afincados“.

Seguidamente, expresaron que “realizamos públicamente acciones posesorias tales como plantaciones anuales de maíz, tabaco, yerba mate, cría de animales de granja”; además justificaron que “nuestras viviendas también contaban con servicio de energía eléctrica. Nuestros hijos en edad escolar asistían a clases en aula satélite de la picada Guaraní, y hasta habíamos levantado comunitariamente nuestra propia iglesia evangélica, que también fue desmantelada en la acción de desalojo”. 

“No éramos nómades ni invisibles como para que se dificultara la notificación de las actuaciones”, se explayaron y lamentaron que “esta falta de notificación nos cercenó totalmente el derecho de defensa”. 

Un error en la identificación del lote 

Es que en el documento presentado este lunes, el viernes 18 se realizó el desalojo y -en el expediente- habría existido un error de identificación del lote en conflicto, ya que una primera inspección ocular dio cuenta de 5 carpas de hule sostenidas por palos, como un campamento, en la zona conocida como ‘Picada Unida, San Alfonso’, mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní”, argumentaron.

“En constatación NO VIERON NUESTRAS CASAS, no nos vieron a nosotros, no vieron nuestros galpones de tabaco, nuestras huertas, nuestros árboles frutales, nuestros chiqueros, potreros y gallineros. NO FUIMOS NOTIFICADOS porque hicieron el acta de constatación en otro predio”, alegaron los desalojados.

Qué dijo el PAyS 

El Partido Agrario y Social del diputado “Cacho” Bárbaro también se refirió al tema y ratificó su apoyo a las familias que intrusaron propiedad privada. Son “160 mil hectáreas privadas están en esta condición. No son usurpaciones, son ocupaciones. Cuando hay usurpación es lógico que haya acción inmediata. Pero la posesión pacifica de años como en este caso no es usurpación. La diferencia es fundamental y cada misionero debería saberlo porque es un drama de más de 30 mil familias”, comunicaron.

En ese sentido justificaron que “cuando no hay delito sino posesión (ver art 181 CP) las cuestiones de propiedad se definen en el ámbito civil mediante una acción de reivindicación, jamás por la vía penal. Este no es un tema que alcance exclusivamente a las 14 familias. Si se habilita esta vía, los “propietarios” van a usar siempre esta vía en lugar de permitir el derecho de defensa. Que presenten al menos sus boletos de compra venta”.