La Mesa Chica de Autoconvocados contra Delitos Rurales de Misiones, que nuclea a más de 5.500 productores y pequeños y medianos empresarios de la provincia, emitieron un comunicado de repudio a “las declaraciones amenazantes y violentas del diputado nacional Hector ‘Cacho’ Bárbaro contra un juez que tuvo la valentía de defender el principio de propiedad privada y convocando a ciudadanos para volver a tomar dichas tierras, configurando un claro delito”.
En las últimas horas se viralizó un audio donde Bárbaro anuncia una presentación judicial pidiendo anular una sentencia contra los usurpadores de una propiedad privada en Picada Guaraní (San Vicente) y, paralelamente, convoca para este lunes a una movilización ante el Juzgado de Instrucción 3 de esa ciudad y un corte de la ruta 14, a pesar de que reconoce que se produjo una ocupación ilegal de tierras.
El diputado nacional por el Frente de Todos llegó a plantear en ese mensaje que “después vamos a ir a apretar al Gobierno” en busca de una respuesta favorable a los intrusos, si bien aclara que “vamos a hacer todo de forma pacífica… por ahora“.
“Repudiamos tal conducta por ir contra los principios establecidos en la Constitución Nacional, por ir contra los derechos de los propietarios de tierras y por poner en serio riesgo la seguridad jurídica de la provincia de Misiones, desalentado a los productores y a las empresas a seguir apostando en la producción de riqueza de nuestra región“, argumentaron los productores.
Al mismo tiempo, los Autoconvocados contra Delitos Rurales ratificaron su apoyo a las acciones del Gobierno misionero “en cuanto a la defensa de la propiedad privada, actuando con decisión ante hechos de usurpación de chacras de colonos en los últimos meses”.
La versión del PAyS
Desde el Partido Agrario y Social aseguraron el sábado que “14 familias agricultoras fueron desalojadas de sus chacras en Picada Guaraní de Colonia Fracrán” y “quedaron a la intemperie, padeciendo la lluvia y las bajas temperaturas con 20 niños sin abrigo ni cobijo”.
El desalojo se registró el viernes 18 por orden del juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, “en una causa por supuesta usurpación impulsada por personas que viven en Santa Fe. Según trascendió de las actuaciones judiciales, en el expediente habría existido un error de identificación del lote en conflicto, ya que una primera inspección ocular dio cuenta de 5 carpas de hule sostenidas por palos, como un campamento, en la zona conocida como ‘Picada Unida, San Alfonso’, mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní”, argumentaron desde el PAyS.
“Jamás nos notificaron de la tramitación del desalojo porque fueron a otro lado. Nosotros seguíamos trabajando en las chacras con nuestra producción de maíz, tabaco, yerba, cría de animales, teniendo una sana convivencia con los vecinos. Nuestras viviendas también contaban con servicio de energía eléctrica, con techos de zinc, pisos de cerámica, jardines, galerías, potreros. Nuestros hijos estudiaban en el aula satélite de la Picada Guaraní, y hasta teníamos nuestra propia iglesia evangélica, que también fue desmantelada en la acción de desalojo. Es decir, no éramos nómades ni invisibles como para que no nos vieran”, señalaron en un escrito que también se tramitará el lunes ante la Municipalidad sanvicentina.
