La medición de la pobreza del INDEC a partir de comparar los ingresos de la población con el costo de la canasta básica de alimentos y servicios esenciales (CBT) se ha constituido en la Argentina una vara cada vez más difícil de superar en todos los niveles educativos de los jefes de hogar, más aún en un escenario combinado de crisis sanitaria y depresión económica, como el que se desató desde fines de marzo 2020, cuando irrumpió el covid-19 en la Argentina.
Así surge de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo al cierre del último año, con 42% para el promedio del segundo semestre, pero que el desagregado por trimestre, procesados por los expertos de la Universidad Católica Argentina (UCA), arrojó un nivel de 45,2% en el período octubre-diciembre, apenas 2 puntos menos del máximo de 47% anotado seis meses antes.
El antecedente de dos años en franca recesión, previo, a la pandemia, ya había provocado un claro achatamiento de la escala salarial entre los trabajadores en relación de dependencia, y más aún de los ingresos entre los independientes, como autónomos y monotributistas, al punto que la aceleración de la inflación no sólo aleja cada vez más la posibilidad de compra de la Canasta Básica Total, sino que hace caer debajo de ese umbral a parte de la población de todos los niveles educativos, incluidos los umbrales más altos en la etapa inicial de la vida laboral.
Los datos crudos para el conjunto de 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec correspondiente al último trimestre 2020 revelaron que en el segmento de los jefes y jefa del hogar con bajo “clima educativo”, como se define al conjunto que no completó la escuela secundaria, la pobreza alcanzó el récord de 59,9% de ese universo, subió 4,6% en comparación con un año antes. En 2017, previo al ingreso en una nueva etapa contractiva del PBI, se ubicaba en 38,3 por ciento.
En el segmento siguiente de instrucción -secundario completo- el indicador saltó en ese período 10,6% puntos porcentuales, a 47,7% del total, se duplicó largamente en apenas tres años.
La magnitud de la crisis económica no sólo se trasladó a los eslabones con más alto “clima educativo”, sino que además el deterioro de la calidad de vida superó holgadamente el ritmo de perjuicio que arrastraba de los dos años previos.
En el grupo con educación terciaria, como es el caso de los técnicos en diversas especialidades, y los que cumplieron parcialmente con el ciclo universitario, la pobreza promedio urbana se elevó a 29,4% de ese conjunto, aumentó en 8,9 pp, que se sumaron a los 6,8 pp que se agregaron en el bienio precedente.
Mientras que entre los universitarios completo y capacitación adicional, también se incorporó al rango de los dos dígitos porcentuales, se catapultó de 8,9% a 15,4%, a un ritmo de una vez y media mayor al crecimiento que había registrado en el total de los dos años anteriores.
En estas dos últimas franjas, el deterioro de la capacidad de compra de sus ingresos se corresponde con la detectada en las franjas etarias de 18 a 29 años, que es donde se concentra el universo con la primera ocupación rentada. La pobreza aumentó en 6,6 puntos porcentuales, a 49,5% del total del segmento, superó en 10 puntos porcentuales al tramo de 30 a 64 años, el cual acusó un incremento similar.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo a Infobae: “Eso se debe en parte a la caída del ingreso real de los asalariados, como también de los autónomos e independientes calificados o semicalificados, como profesionales y técnicos, incluso sin diferencias entre jefes y jefas, porque muchas veces son las mujeres las que están en situación más vulnerable, porque ya no fue tanto el efecto de la caída del empleo, como que las remuneraciones ya no les alcanza para cubrir las necesidades del hogar”.
Pérdida de calidad de vida
Semejante incremento de los niveles de pobreza por grupo etario y extensión acelerada a todos los climas educativos explica el notable deterioro de las condiciones de vida que también midió el INDEC.
La población que pasó a vivir en hogares con materiales insuficientes o parcialmente insuficiente se elevó en la proyección al total país en 270.000 y 389.000 personas, respectivamente.
Casi 750.000 personas dejaron habitar en la casa propia; mientras que 304.000 se sumaron a la legión de inquilinos; y unas 915.000 se transformaron en ocupantes de terrenos de terceros.
Semejante movilidad descendente de gran parte de la población en el primer año con pandemia y crisis sanitaria se tradujo, siempre según la extrapolación al total país de los resultados que el INDEC obtuvo en la EPH en 30 aglomerados urbanos (excluyó en el segundo semestre 2020 a Ushuaia-Río Grande) en que más de 373.000 dejaran de tener acceso a la red de agua corriente; poco más de 2 millones quedó fuera del alcance de la red de gas; y 930.000 personas perdieran la cercanía a la red de cloacas.
Asimismo, la caída de los ingresos en términos reales, llevó a unas 410.000 personas a prescindir de cobertura médica privada, desde planes completos hasta la contratación de un sistema de ambulancias.
Con este relevamiento, el Indec confirmó el anticipo a Infobae del director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, de que al brutal aumento de la pobreza por ingreso que estimó en 42% de la población como promedio del segundo semestre de 2020, se elevó a poco más de 45% en el trimestre octubre-diciembre último.
El experto en el análisis de los indicadores de la crítica realidad social que afecta desde hace décadas a gran parte de la población Argentina alertó: “En el primer trimestre hubo una mejora estacional de los ingresos, por la combinación del cobro del medio aguinaldo entre los sectores asalariados, y la recuperación parcial de la actividad en varias empresas, incluidas las pyme, pero si no se reglamenta el cambio en Ganancias y se devuelven las retenciones desde el inicio del año vamos a un segundo trimestre, más allá del ‘mini IFE de 15.000 pesos, y de algunas ayudas, nada mostraría que no vuelva a aumentar la pobreza por ingreso con respecto al primer trimestre, desde un 42% a 43% de la población, a otra vez en el rango de 45%, como promedio general”.
El escenario se habría agravado sustancialmente en el primer cuatrimestre 2021 con la aceleración de la inflación, y el regreso a las medidas de restricción de la movilidad social y de habilitación de actividades comerciales, de gastronomía y espectáculos artísticos, entre muchos otros, en prevención por el acelerado ritmo de aumento de contagios de COVID-19, y la lentitud, respecto de lo anunciado del arribo de vacunas de diversas procedencias.
Arrastre
La aceleración de la inflación no sólo aleja cada vez más la posibilidad de compra de la Canasta Básica Total, sino que hace caer debajo de ese umbral a parte de la población de todos los niveles educativos.
