A pesar de que la decisión del Presidente de la Nación Alberto Fernández de suspender las clases presenciales durante dos semanas no afectó aún a nuestra provincia, las opiniones en contra o a favor de esta medida abrieron un nuevo debate.
En este marco, más de 130 organizaciones nucleadas en la campaña #ALasAulas pidieron que la decisión sea revisada, y mencionaron la evidencia disponible sobre los efectos de la suspensión de clases presenciales: incremento de las desigualdades, la pérdida de aprendizajes, el deterioro de la salud física y emocional de los estudiantes y menores posibilidades futuras de empleo, entre otros.
Una medida, tres miradas
Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), cuestionaron la medida ya que consideran que “la decisión de los gobiernos y los enormes esfuerzos de la comunidad educativa descansaban sobre un consenso sobre la importancia de la presencialidad de las escuelas. De ese acuerdo se desprendía que, en un contexto de agudización de la pandemia, las escuelas serían las últimas en cerrar y las primeras en abrir”.
Al respecto, sostienen que “la decisión de suspender las clases presenciales en el AMBA y en distintos puntos del país, mientras distintas actividades comerciales y recreativas siguen funcionando, no responde a ese consenso”.
Por su parte, tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como la Sociedad Argentina de Pediatría pidieron que la suspensión sea durante el menor tiempo posible y sólo por sectores. “La escuela es un lugar seguro y trabajar con niños y niñas no es un factor de riesgo. La responsabilidad de que continúe así recae en los adultos responsables del cumplimiento de los protocolos elaborados y en la construcción y aplicación de las medidas sociales necesarias para sostener la presencialidad, tanto en la escuela como en las familias”.
En cambio, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no sólo respaldó la medida sino que instó a los gobiernos provinciales con alta circulación del virus que adhieran a la decisión del Presidente.
“Las medidas que anunció el presidente Alberto Fernández son en resguardo del cuidado de la salud y de la educación. En estos tiempos de mayor circulación del virus, de la aparición de nuevas cepas, de mayores contagios, es imprescindible tomar conciencia de la gravedad del momento y poner todos los esfuerzos en cuidar la salud y la vida de las y los ciudadanos”.
Siguiendo esta misma postura, la historiadora de la educación e investigadora del CONICET Romina De Luca habló con PRIMERA EDICIÓN acerca de un relevamiento nacional de los casos de COVID-19 en las escuelas que viene llevando a cabo desde el inicio del ciclo lectivo y que se actualiza semanalmente.
“La presencialidad motorizó el alza de contagios”, opinó. Y aunque admitió que en Misiones, como en otras provincias del país, los contagios no se produjeron en las escuelas, consideró que “la presencialidad habilitó a que el virus circule con mayor rapidez porque el chico que se contagió afuera (de la escuela) probablemente no sea detectado como positivo hasta el otro día que vaya a su institución y desde ahí pasó mucho tiempo. Viajó en colectivo con otra gente, se juntó con sus amigos y con su familia, poniendo en riesgo la salud de muchas personas”.
Por todo ello, De Luca no sólo defendió la medida de la suspensión de clases presenciales, sino que exigió que se extienda: “15 días de virtualidad no son suficientes”.
