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Para inmobiliarias la prórroga del congelamiento “pospone la agonía”

28 enero, 2021

El Gobierno nacional dispuso la prórroga del decreto que mantiene congelados los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta el 31 de marzo. En principio, la norma que regía hasta fin de este mes les daba a los inquilinos la opción de pagar el monto mensual que se abonó en marzo del año pasado y suspendió los desalojos por falta de pago.

Si no se hubieran anunciado cambios, la primera de esas cuotas debería pagarse en febrero de 2021. Además, se alargó el plazo para pagar las deudas de alquileres de seis a doce meses.

Consultada al respecto, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), Julia Acosta Azoya, manifestó a PRIMERA EDICIÓN que la prórroga sólo “pospone la agonía”.

“Muchos inquilinos seguirán acumulando deudas. En Misiones tenemos un bajo porcentaje de morosidad, los pagos de alquileres se cumplieron en un 90%. El Estado nacional debería delegar a cada provincia la posibilidad de decidir su situación”, sentenció.

Observó que el contexto en Misiones es diferente ya que sólo durante un mes no trabajaron y apuntó que en otras jurisdicciones, como Chaco, “estuvieron meses sin trabajar”. Posponer el congelamiento no es la solución”, sostuvo.

Acosta Azoya advirtió a su vez que este tipo de medidas “desalienta a los inversores”.

“Durante un año se mantuvo un mismo precio en los alquileres y con este DNU que vuelve a posponer los aumentos estamos ante una nueva incertidumbre. El primer congelamiento fue oportuno, pero en el segundo ya la balanza se inclinó hacia un lado. Entendemos la pérdida del poder adquisitivo de los inquilinos, pero todo aumentó”, apreció.

Comentó además que mientras los valores continúan congelados desde marzo del año pasado, los propietarios enfrentan la presión impositiva y los aumentos de tasas e impuestos. “No hay oxígeno por parte del Estado para los propietarios. Estamos preocupados”, aseveró.

Además dijo que hubo casos de contratos que vencen este mes y que se estaban negociando con los inquilinos que ahora “quedaron en nada. En el caso de mi negocio inmobiliario particular, teníamos varios contratos a renovar, ya con valores acordados y ahora cuando venza la nueva prórroga hay que volver a negociarlos”.

 

Nuevas medidas
En este contexto, el presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, Adrián Torres, indicó a este Diario que la prórroga “es algo sumamente necesario para llevar un poco de tranquilidad al sector de inquilinos que por razones ajenas a su voluntad y de fuerza mayor tienen que asumir compromisos contractuales”.

“Por lo menos hasta tanto se encuentre una salida a esta angustiosa situación”, expresó. Asimismo, en la FM 89.3 Santa María de Las Misiones contó que están apostando a nuevas medidas.

“Desde la Unión Argentina de Inquilinos se están solicitando nuevas medidas, más productivas. Estamos hablando de subsidios y préstamos para poder paliar la situación de otra manera. El congelamiento es estirar la agonía porque sabemos que el 31 de marzo la deuda estará en la puerta esperando”, afirmó.

Agregó que si bien el pedido es a nivel nacional, también abogan por algún tipo de solución por parte de las autoridades nacionales. “La situación se está agravando y no sabemos cómo vamos a seguir, hay una segunda cepa del virus y acá la situación se está desbordando, entonces hay una incertidumbre total”, adujo.

Opinó también que la suspensión de desalojos “se cumplió a medias” durante la pandemia. “Al no haber un organismo de contralor que tenga la capacidad de fiscalizar y al mismo tiempo multar y sancionar hay que dirimir en la Justicia y eso hace la situación engorrosa y costosa. Entonces si el inquilino por motus propio no defiende sus derechos es muy difícil que la situación se controle”, concluyó.

 

Deudas acumuladas

El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia. El primer decreto (320/2020) mantenía los precios vigentes a marzo hasta septiembre de 2020. Luego, un segundo decreto (766/2020) prorrogó la medida hasta fines de enero de este año. Una vez vencido el congelamiento, está previsto que los inquilinos puedan pagar en cuotas (al menos tres y como máximo seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos. Si no se hubieran anunciado cambios, la primera de esas cuotas debería haberse pagado en febrero de 2021. El decreto que aún está vigente no suspendió la indexación en el pago de alquileres. Por lo tanto, en estos meses se acumuló una deuda que se deberá saldar al final del congelamiento. Sin embargo, los propietarios podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicar intereses punitorios ni moratorios.

Tags: agoníacongelamientoInmobiliariasPrórroga
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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