Días atrás, el titular de la seccional de Capioví, Luis Alberto Salazar, y dos subalternos habían sido pasados a disponibilidad, luego que avanzara una denuncia que los involucraba en la venta de autopartes de los automóviles que estaban bajo custodia.
En las últimas horas se conoció que el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, a cargo del magistrado Leonardo Manuel Balanda Gómez, ordenó su detención bajo la imputación de “hurto agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Permanece alojado en la comisaría de Ruíz de Montoya a la espera de nuevas actuaciones.
El escándalo se desató luego que dos integrantes de la fuerza de seguridad se presentaron en Jefatura de Policía y rompieron el silencio a fines de agosto y acusaron al comisario a cargo de la seccional de Capioví de amparar y participar de manera directa del desguace parcial de automóviles y motocicletas secuestradas y de venderlos a vecinos de la zona.
Pero no fue sólo esa irregularidad la que habrían señalado, también lo contextualizaron como un uniformado de modales prepotentes para mantener la cadena de complicidad y que los hurtos agravados se transformen en actividad regular bajo su potestad.
