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Paraguay: otro brote de coronavirus en una cárcel, esta vez en Asunción

2 agosto, 2020
Foto ilustrativa. Gentileza La Nación (Paraguay).

Al menos 18 presos en la cárcel Tacumbú, en Asunción, se contagiaron coronavirus y las autoridades aguardaban los resultados de las pruebas tomadas a otros 90, informó hoy el viceministro de Justicia de Paraguay, Rubén Maciel.

La noticia se conoció después de que en junio pasado otro brote en el penal de Ciudad del Este -en la frontera con la Argentina y Brasil- causara más de 500 contagios y tres muertes, y de que la semana pasada el Congreso sancionara una ley destinada a reducir el hacinamiento en las cárceles para contener la propagación del virus.

Maciel afirmó que 42 reos están aislados desde el 19 de julio, cuando presentaron los primeros síntomas, y reveló que en 18 casos ya está confirmado que se contagiaron la enfermedad y en otros 90 se aguardaban los resultados de las pruebas.

“Cuando tengamos los resultados sabremos si nos enfrentamos a algo parecido al penal de Ciudad del Este o a algo menor, como lo fue en la cárcel de mujeres también de Ciudad del Este”, dijo el funcionario, según el diario ABC Color.

El miércoles pasado, el Congreso sancionó una ley destinada a disminuir la cantidad de presos en las cárceles del país mientras dure la pandemia de coronavirus y por la que unos 1.700 reclusos podrían salir en libertad condicional.

La norma establece “medidas excepcionales” para “la aplicación de medidas cautelares y la ejecución de sanciones penales en el marco de emergencia sanitaria ante el riesgo de expansión del Covid-19”, dice el texto.

La ley, que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, permite conceder temporalmente prisión domiciliaria a reos autorizados a realizar salidas transitorias, que estén bajo régimen de semilibertad o que hayan cumplido la mitad de sus condenas.

También beneficia a quienes están sentenciados por hechos en los que no atentaron contra la vida, la indemnidad sexual de menores o la integridad física de familiares o personas vulnerables o por su condición de género.

En cambio, excluye a quienes están procesados o condenados por hechos de violencia, y a quienes recibieron sentencias mayores a 10 años de cárcel.

Paraguay contabilizaba desde el comienzo de la pandemia 5.644 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 52 personas murieron y 3.966 ya se curaron, según el último balance oficial, divulgado esta noche.

De los casos totales, 2.221 se registraron entre marzo y junio, y 3.225, durante los 31 días de julio, según el diario Última Hora.

El gobierno puso en marcha en mayo un plan de salida gradual de la cuarentena que tiene avance dispar según el grado de incidencia del coronavirus en las diversas regiones, y la semana pasada dispuso el regreso a las máximas restricciones en el departamento Alto Paraná, cuya capital es Ciudad del Este.

Una particularidad de la pandemia en Paraguay es que, desde el comienzo, afecta mayormente a personas jóvenes, con 69% de los contagios en personas de entre 20 y 49 años de edad, y 8% entre los de 60 o más años, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Fuente: Agencia Télam y medios digitales de Paraguay. 

Tags: #ParaguayAsunciónCárcel de TacumbúCoronavirus Covid-19
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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