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Cooperativas reconocieron que aumentó el nivel de morosidad de los socios

2 agosto, 2020
PROBLEMÁTICA. “Algunos socios ni llaman, directamente ni pagan, porque entienden que están cubiertos con el no corte de servicio”, apuntaron.

La pandemia del COVID-19 profundizó la crisis económica que impacta a nivel nacional por arrastre de años anteriores. Así, entre los diferentes efectos que provocó la compleja situación, en Misiones desde el sector de las cooperativas alertaron que el nivel de morosidad de los socios sigue incrementándose, perjudicando a la posibilidad de mantener el correcto funcionamiento de los servicios prestados y complicando la planificación de las necesarias inversiones.

Al respecto, en diálogo con FM 89.3 de las Misiones, Daniel Sena presidente de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (FEMICAP), comentó que la morosidad de los socios “evidentemente va en aumento, lógicamente hay mucha mora”.

En ese sentido, lamentó que “algunos socios lamentablemente ni llaman, directamente ni pagan, porque entienden que están cubiertos con lo que se ha pregonado sobre el no corte de servicio (sobre el decreto nacional). Es lamentable porque se termina haciendo una promoción para que la gente no pague y eso no es bueno para las cooperativas”.

“Hay cooperativas que tienen un consejo de administración que está muy comunicado con sus socios, y mediante eso son conscientes que el servicio se mantiene únicamente con el aporte de capital, que es el pago de los servicios. En esos casos sí se pueden sostener, pero hay otras que están muy mal y no sabemos cómo van a hacer para salir de esta compleja situación”, alertó.

Al ser consultado sobre cómo afrontan los costos de funcionamiento, Sena recordó que “para los repuestos está todo dolarizado y cada vez se está haciendo más difícil hacer entrar a la provincia los productos químicos”.

Mientras que sobre la posibilidad de hacer inversiones necesarias para mantener el correcto funcionamiento, reconoció que “en este momento directamente no se están haciendo. Simplemente se está tratando de cumplir con las obligaciones que son fundamentales para poder continuar con el servicio, pero para hacer inversiones no hay forma. Todo lo que estaba previsto para este año quedó suspendido y no sabemos hasta cuándo”.

Dentro del complejo contexto sentenció que “algunas cooperativas ya están en crisis, no pueden ni pagar a los empleados, además hay que tener en cuenta que los trabajadores también piden aumento salarial y la verdad es que apenas se está pudiendo pagar lo actual. Es casi imposible afrontar una posible suba salarial”.

“No se pueden mover las tarifas, los productos son más caros, y los salarios no alcanzan a los empleados. Por todo eso se está poniendo muy difícil”, cerró.

 

Cuidar el costo laboral

Por su parte, el titular de la cooperativa Luz y Fuerza de General San Martín Limitada de Puerto Rico, Guido Weber, remarcó que el 2020 “es un año bastante complejo para el sector eléctrico porque venimos de una incertidumbre, cambio de Gobierno nacional y decisiones, y para completar desde marzo la pandemia nos modificó a todos. Eso se sintió mucho en el sector eléctrico y comunicaciones, dos áreas fundamentales de nuestra cooperativa”.

Además manifestó: “Nos acogimos al decreto de no cortar el suministro eléctrico a los socios, a pesar que la provincia no adhirió a ese reglamento”.

Al ser consultado sobre la situación actual en la zona de cobertura, con más de 17.500 socios en el suministro de energía, 8.000 para el servicio de televisión y alrededor de 4.000 en datos de internet, destacó que “por el hecho de estar cerrada la frontera, mucha gente, sobre todos los industriales, empezaron a incrementar su producción, ventas, comercialización y sus ingresos. Eso nos permitió en los últimos tiempos normalizar el funcionamiento de la parte eléctrica de la cooperativa”.

“En la parte residencial crecieron las moras de los socios, pero nos preocupaba más que los comercios no tengan una gran caída”, subrayó.

“Eso nos permitió en cierto modo hacer frente a los gastos corrientes que tenemos todos los meses, como el pago por la energía, impuestos nacionales y provinciales, no tener deuda con los empleados y mantener un pequeño margen, que no es mucho, para hacer alguna inversión. La crisis también brinda oportunidades con entidades crediticias, es lo que estamos aprovechando. Nuestra apuesta fuerte hoy es instalar medidores inteligentes. Estamos en una etapa de recambio de medidores en toda la zona de cobertura”, añadió.

Por ello, opinó que “el sector eléctrico no pasa por un buen momento pero si se mantiene una administración razonable, austera, se puede hacer frente a la situación”.

Sobre el pedido de los trabajadores para alcanzar un incremento en los sueldos, Weber apuntó que “la parte salarial siempre fue complicada en nuestro sector porque el sindicato no mide algunas cuestiones. Si bien fueron más benévolos en esta parte del año, generalmente el sindicato cierra con la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), sin importarles si las cooperativas recaudan o no. Y lo mismo pasa con EMSA. El año pasado el aumento fue muy significativo, cuando todos cerraban en subas de 20% o 25%, el convenio de Luz y Fuerza cerró en casi un 50%”.

“Debería considerarse que la situación es muy diferente en el país central que en el Norte. Años anteriores nos opusimos a los aumentos salariales pero no tenía sentido. Hoy cuando hay un incremento tratamos de acompañar, cada cooperativa paga lo que puede pagar, y en nuestra cooperativa cuidamos mucho el costo laboral, por eso nos mantenemos con 91 empleados, tratamos de no incorporar más, entonces los aumentos que surgen se pueden pagar, pero entendemos que debería haber una revisión profunda de los convenios”, finalizó.

Tags: AguaCooperativasFM 89.3luzmoraServicios
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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