El Tribunal de Cuentas de la Provincia desaprobó el balance del año 2018, estableció un cargo pecuniario y una multa contra el exintendente renovador de Colonia Aurora, Jorge Kramer y dos de sus colaboradores: Diego Ernesto Bohling y Eusebio Chilavert.
El cargo pecuniario aplicado a los tres, de carácter “solidario”, asciende a la suma de 10,5 millones de pesos y, la multa a 60 mil pesos por cada uno. Dicho monto debió haber sido depositado en una cuenta del Tribunal de Cuentas en el mes de junio, de lo contrario se aplicarán intereses.
La sentencia 237, del 21 de mayo pasado, tiene la firma y participación de la presidenta del organismo de control: Fabiola Bianco, los vocales Silvia Machado de Comparín y Bruno Paprocki, además del fiscal interviniente, Juan Carlos Rivero.
Las autoridades describen en la sentencia que se formularon “reparos formales y sustanciales” y se ordena correr traslado a los tres mencionados “a fin de la interposición de sus descargo” pero se aclara que “visto que los responsables no han presentado descargo y vencido el término para efectuarlo se da por caído el derecho a presentar descargos”.
El fiscal Rivero advierte, luego de analizar toda la documentación, que los reparos sustanciales, es decir los montos que no se pueden explicar su destino, ascienden al monto de $5.868.898.
Multa y cargo pecuniario
La sentencia indica que “se han efectuado los procedimientos legales previstos para el dictado de la presente sentencia y se ha respetado el derecho de defensa de las partes con la intervención de la Dirección Superior de Procuración Fiscal”.
Después de analizar la documentación se expone el voto primero de la vocal Comparín proponiendo desaprobar la rendición de cuentas del ejercicio, así como formular cargo pecuniario solidariamente a los tres mencionados por el monto de $10.450.747.
En la misma línea se impone una multa a cada uno de los tres mencionados por 60 mil pesos a pagarse en el plazo de 15 días de la presente sentencia.
También se deja constancia en el documento y se hace saber a las autoridades del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) que “han quedado pendiente de depósito los aportes y retenciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y sueldo anual complementario segundo semestre del ejercicio 2018”.
Asimismo, se pone en conocimiento de la Dirección General de Rentas (ahora Agencia Tributaria de Misiones que “no se ha efectuado el control de sellado fiscal correspondiente”.
Las irregularidades
El informe remarca que los saldos pasivos de “cuentas especiales” y “cuentas de terceros”, por importe de $3.469.179 “no están respaldados por existencias activas en tesorería y ni en bancos “lo cual transgrede el artículo 99 de la ley XV Nº 5 “Orgánica de Municipalidades” que dispone que “el Departamento Ejecutivo no podrá desafectar mi cambiar el destino de los créditos de cuentas especiales sin autorización del Concejo Deliberante”. Se advierte que “los responsables no cumplen con lo solicitado por la Fiscalía dado que no identifican el movimiento de cada cuenta”.
También se detecta irregularidades en la “cuenta responsables” por importe de $171.584 y se encuentran “débitos y créditos de difícil seguimiento”.
“Cotejando los movimientos registrados en el libro diario con los del libro de banco se observan diferencias, y atento de la imposibilidad de afirmar que dicha cuenta refleja adecuadamente sus movimientos, y al no contar con documentación que avale los mismos, se formula reparo sustancial por el total del movimiento registrado”, expresa el informe del fiscal.
Asimismo, un convenio con la Dirección General de Rentas por la suma de $1.856.135 “registra débitos y créditos de difícil seguimiento” y no se cuenta con la documentación respaldatoria, por lo tanto se aplica un reparo sustancial a la suma total.
Hay otra irregularidad en un convenio con el Iprodha, por $372.000 donde se observa “falta de presentación de convenios adjuntado en carpetas separadas sólo una parte de los mismos y falta de certificación final de obra convenio Iprodha – 15 viviendas por $372.000”.
Y por último se detectó “falta de incorporación el presupuesto del ejercicio, de la ordenanza Nº 40 por $700.000 correspondiente a un Aporte del Tesoro Nacional (ATN)”.
