Pobreza y default

La semana se va con dos claves socioeconómicas que marcaran el largo tiempo por venir: pobreza en crecimiento, especialmente en sectores vulnerables como la niñez; y el default en el que cayó Alberto Fernández por la “mala praxis” del ministro de Economía, Martín Guzmán, elegido entre tantos candidatos al cargo por su plan para negociar una deuda impagable como la dejada por Mauricio Macri.

Producto de las mayores desigualdades que provoca la pandemia (en una Argentina desigual desde hace muchos años), UNICEF advirtió que el 2020 podría terminar con 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, en base a una proyección de población y estadísticas que advierten la mayor caída del PBI.

El organismo internacional convocó a varios especialistas en distintos ámbitos de la ciencia, para apuntalar un pedido al Gobierno de mayor inversión social cuando apenas se transita la mitad del año. Es decir que, si el PBI cae más allá del 5,7% (estimación base sobre la que se calculó el impacto de la pobreza), el daño social podría ser mucho mayor.

Vivir en el NEA y NOA implica ser parte del grupo más perjudicado, debido a las mayores necesidades básicas insatisfechas que padecen miles de familias, como hacinamientos, infraestructura precaria, falta de acceso al agua potable y cloacas o a la red eléctrica.

¿Qué resulta más difícil de atender al Estado: una medida que contenga a las familias antes de caer en la pobreza o su empobrecimiento en un contexto donde las oportunidades de crecimiento estarán prácticamente ausentes?

Desde el grupo de expertos vinculados a UNICEF destacaron la AUH y algunas otras líneas de acción. Sin embargo, en la sociedad todavía quedan dudas si la capacidad de reacción del Gobierno nacional va a tiempo con la crisis, teniendo como antecedente lo que tardó ANSeS para empezar (aún no terminó) a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10 mil por familia. Fue anunciado en marzo antes de la cuarentena para ayudar a quienes no podían trabajar en forma particular y sin un ingreso fijo mensual. Sin embargo van más de dos meses de confinamiento y miles siguen sin cobrar.

El aislamiento preventivo y obligatorio generó la protección sanitaria en medio de la pandemia por COVID-19 pero, a la par, la paralización de las actividades económicas no solamente argentina sino en la mayor parte del mundo, traerá consigo destrucción de empleo, mayor costo de vida, menos oportunidades de crecimiento.

De allí que la advertencia -no escuchada por la Casa Rosada- de los economistas es la ausencia de un plan nacional que atienda las dos cuestiones más importantes del momento: salud y economía. Sin dudas que nadie puede pretender que alguna de ellas no sufra adversidades. Pero, en ambos casos, es necesaria una previsión capaz de amortiguar el impacto.

Quieren trabajar pero…

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) remitió al ministro de Agricultura de la Nación, el formoseño Luis Basterra, un documento con advertencias sobre las complicaciones de las economías productivas regionales para acceder a la materia prima o insumos con los que debe intentar reactivar la producción.

El trabajo se hizo en base a una encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país (entre ellos de Misiones). Como conclusión, denuncia que “el impacto de la pandemia en las economías regionales se manifiesta entre otros aspectos en la venta de su producción, la compra de insumos, el comportamiento de precios y las dificultades para exportar”.

En la nómina se suman las “dificultades para afrontar el pago de sueldos y jornales, el estado de la cadena de pagos, los impuestos y servicios públicos, siendo estos, puntos comunes en la afectación de las actividades de varios sectores”.

Según la muestra de CAME, el 48% de los pequeños productores está “operando parcialmente” y un 31% lo hace “con normalidad”.

Al momento de ser indagados sobre los insumos y materias primas, el 82% de los consultados dijo tener “dificultades para comprar materia prima/insumos”.

Respecto al pago de cargas sociales y salarios, un 38% pudo abonarlas en su totalidad y un 24% en parte con lo cual se deduce que el restante 38% no lo hizo. Además, el 40% no pudo afrontar al pago de salarios y se entiende que no fueron beneficiaros por los planes nacionales de asistencia financiera.

El 45% no pudo afrontar el pago de impuestos: “El mayor inconveniente se aprecia en el pago de IVA”, reveló la CAME.

Finalmente, como ocurre con el té misionero que finalizó su cosecha pero tendrá paralizadas las exportaciones hasta dentro de tres meses, el 74% de los participantes de la encuesta de la Confederación indicó tener inconvenientes para exportar.

La entidad, en su nota a Basterra, destacó que el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales corresponden a economías regionales, “las que anualmente invierten alrededor de US$ 4200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización. Se trata de un complejo que emplea, aproximadamente, a entre 900 mil y 1 millón de trabajadores, lo que representa el 70% de la mano de obra rural”.

En 2019, este sector del interior del país exportó más de US$7.200 millones.

Indicadores previos al default

A medida que transcurrió la semana, se fueron acumulando malas noticias en la economía argentina. El INDEC confirmó que en marzo, cuando se inició la cuarentena, el nivel de actividad económica retrocedió 11,5% en términos interanuales. La caída se asimila con marzo y abril de 2009, cuando se produjo la crisis agrocupecuaria con el Gobierno por la Resolución 125 de retenciones.

Si se compara con el mes anterior (febrero) donde había plena acción laboral, cayó un 9,5%.
En esa línea de impacto, la producción industrial cayó un 27% interanual en abril, su peor baja desde 1993, cuando comenzó a construirse el indicador del sector que publica todos los meses la consultora Orlando Ferreres. La peor parte de la paralización recayó en los rubros “Maquinaria y Equipo” (-65%) y en “Metálicos básicos” (con -61,8%).

Se conoció además que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 3,1% en abril. Así, una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores de edad necesitara ingresos por $ 17.895,63 para no caer en la indigencia. Y la Canasta Básica Total (CBT) para una familia integrada por dos adultos y dos niños de seis y ocho años, se debe cubrir con ingresos por $45.593 para no caer en la pobreza.

De la propuesta “agresiva” a la inflexión que desembocó en default

La mala gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, terminó de escribir una nueva crónica de un default anunciado. El funcionario fue designado con una misión casi única: renegociar la deuda con privados y el FMI, sabiendo que el país no iba a poder hacer frente a los desembolsos que se necesitaban, para no caer en default.

Era buscar, con mediadores que conocen a los grupos de tenedores de bonos ayudando, la mejor alternativa que impida la cesación técnica de pago cuando la Argentina (a través del presidente Alberto Fernández) sostuvo su intención de cumplir los compromisos. Sin embargo, Guzmán no logró el acuerdo, se someterá a los requerimientos de los acreedores si no quiere profundizar el daño del default y no pudo llevar a la práctica la intención presidencial.

En este escenario tan difícil, crítico por demás, lo que menos necesitaba el país en el contexto sanitario internacional, era sumar problemas. Por el contrario, desde diciembre se pensaba en una pronta solución a la renegociación de la deuda externa que nunca se logró.

Buscado o no, el default se ha convertido en un serio estigma de los gobiernos kirchneristas.

En este noveno default argentino, la meta ahora se corrió al 2 de junio, el límite para acordar con los tenedores de bonos impagos que evite un mal mayor: la activación de la cláusula “cross default”, que habilitaría a todos los acreedores a reclamar el pago de la deuda total. ¿Esta vez Guzmán escuchará las advertencias de quienes sí saben y conocen para evitarlo?