El Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó la ordenanza que permite la creación de un “Banco Municipal de Tierras de San Viacente”.
El mismo tiene como objetivo la adquisición de tierras que serán destinadas a dar solución habitacional a las poblaciones más vulnerables. Hoy hay una demanda de más de tres mil viviendas. Hace dos años un relevamiento de TECHO arrojó un resultado de más de 2.100 familias que viven en forma precaria.
El proyecto fue presentado por el concejal renovador, Víctor Núñez y fue aprobado por unanimidad de los ediles. La intención de esta ordenanza es “la creación de un sistema de incorporación de tierras y/o lotes al patrimonio municipal que permitirá contar con un recurso genuino para satisfacer las distintas demandas”. Además de la situación económica y social llevó a muchos a una situación de no conseguir lugar donde vivir.
“La situación de marginalidad ha despojado a miles de familias al acceso a la tierra propia”.
En el artículo 1 de la normativa N° 79 dice “Créase el Banco Municipal de Tierras de San Vicente destinado a dar solución al acceso de inmuebles en condiciones de facilidad suficiente para viviendas para familias de recursos limitados, y asentamientos industriales conforme los programas de urbanismo que se diseñen”.
Luego establece que las tierras para el Banco de Tierras estarán conformadas por “Lotes y/o fracciones que actualmente integran el Patrimonio Municipal; Donaciones y/o legados sin cargo específico, provenientes de organismos no gubernamentales, personas físicas o jurídicas; Traspaso de tierras provenientes del Estado nacional y provincial; Subsidios no reintegrables que percibiera de cualquier ente u organismo provincial, nacional o internacional, sean éstos estatales o privados, destinados específicamente para el fondo la adquisición de inmuebles para distintos usos; los bienes adquiridos en pública subasta en los cuales la Municipalidad fuese parte actora”. También por la adquisición de tierras por parte del municipio.
El municipio tiene un déficit de tierras fiscales para ubicar a las familias que no tienen donde vivir. Las tierras privadas están sobrevaloradas y el Estado no puede abastecer la demanda que hay de viviendas.
Un informe del mismo municipio de hace seis años demostraba que la demanda de viviendas era más de dos mil quinientas. Ese número se incrementó en los últimos años, aunque no hay números concretos y certeros.
Ante la demanda y las falencias el Estado no da abasto con las soluciones habitacionales “las políticas de regularización dominial y otras complementarias que han implementado los distintos niveles de gobierno para atender estas situaciones críticas, siempre marchan muy por detrás de la dinámica poblacional resolviendo sólo parcialmente situaciones de larga data y transfiriendo problemas y generando otros nuevos a las familias”, dice en la ordenanza el legislador local.
