Unas 148 familias de los parajes Puerto Argentino 1, 2 y 3 volvieron a reclamar la regularización de las tierras que habitan y trabajan y pidieron la intervención de las autoridades provinciales ante el conflicto que mantienen con la empresa Arauco. El planteo fue realizado durante una asamblea popular desarrollada este martes 6 de octubre en el anfiteatro de la plaza local, donde productores y pobladores expusieron la situación que atraviesan y reiteraron su pedido de avanzar con una solución sobre la tenencia de las tierras.
La convocatoria contó con la participación de vecinos y representantes de organizaciones sociales, sindicales y agrarias, entre ellas ATE, CTA, CCC, MTE, UTT-PIP, UTT Delicia, Tekoa Renacer, Patria Grande y RAOM.
Durante el encuentro, los participantes plantearon la necesidad de sostener el arraigo de las familias rurales y reclamaron respuestas de los organismos provinciales competentes para regularizar su situación. Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido hacia Arauco, compañía con la que los pobladores mantienen el conflicto territorial. Las organizaciones que participaron en la asamblea denunciaron situaciones de hostigamiento y reclamaron que el Estado provincial intervenga en defensa de las familias asentadas en la zona.
El planteo por el DNU 70/2023
El encuentro incorporó además un reclamo dirigido a los diputados provinciales, en momentos en que las organizaciones mantienen la expectativa sobre el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas con el DNU 70/2023.
Los participantes de la asamblea pidieron a los legisladores que acompañen el rechazo al decreto presidencial y cuestionaron particularmente las modificaciones introducidas sobre el régimen de tierras rurales.
Las organizaciones sostienen que los cambios derivados del DNU flexibilizan las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, una cuestión que vincularon directamente con el conflicto territorial que atraviesan las familias de Puerto Argentino.
La asamblea finalizó con el compromiso de mantener una agenda de nuevas acciones para sostener el reclamo por la regularización de las tierras. Una de las consignas exhibidas durante el encuentro expresó además el rechazo de los participantes al DNU y a la presencia de Arauco en Misiones.
Denuncias
Durante la asamblea también fueron expuestas graves acusaciones vinculadas con episodios ocurridos en los parajes, que los pobladores atribuyeron a acciones relacionadas con el conflicto por las tierras.
Según el comunicado difundido después del encuentro, las familias denunciaron “incendios intencionales de viviendas, persecuciones, disparos con armas de fuego, amenazas y el retiro de herramientas de trabajo y vehículos”. Las organizaciones cuestionaron además la actuación de efectivos de la Policía en procedimientos desarrollados en la zona y sostuvieron que existiría una “intervención de la fuerza provincial favorable a los intereses de la empresa”.
Durante la asamblea también reivindicaron el principio establecido en la Constitución de Misiones que reconoce a la tierra como un bien social y cuestionaron el modelo de concentración de grandes extensiones destinadas a la producción forestal. Según expresaron, ese esquema afecta el arraigo de los pequeños productores, favorece su desplazamiento hacia centros urbanos y produce consecuencias sobre la biodiversidad de las zonas rurales.
Horas después del encuentro, las organizaciones informaron sobre un nuevo episodio que habría involucrado a efectivos policiales y a un productor de la zona. De acuerdo con la denuncia difundida por los pobladores, policías habrían perseguido al hombre con el objetivo de retirarle una motosierra utilizada como herramienta de trabajo.
El comunicado sostiene además que, durante ese procedimiento, habrían sido amenazados menores de edad con un arma de fuego y que los efectivos habrían advertido que matarían animales pertenecientes a la familia para presionarla a abandonar el lugar.
Estas últimas acusaciones forman parte de la versión difundida por las familias y las organizaciones que participaron en la asamblea y no fueron acompañadas por información sobre actuaciones judiciales o administrativas que permitan establecer las circunstancias del episodio.
Los pobladores anticiparon que continuarán con las acciones para reclamar la regularización dominial de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y la intervención de las autoridades provinciales frente al conflicto.
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