La detención de Santiago Ramos, mburuvicha de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, y el posterior operativo policial que terminó con ocho hombres detenidos, mujeres trasladadas y niños involucrados, vuelve a colocar en el centro del debate uno de los conflictos más sensibles y persistentes de Misiones: la tensión entre los derechos territoriales indígenas y el avance de intereses privados sobre tierras reclamadas ancestralmente.
El procedimiento ocurrió el lunes en Garuhapé, en el marco de una causa por “supuesta usurpación” tramitada por el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico. Sin embargo, organizaciones que acompañan a la comunidad sostienen que detrás del operativo existió en realidad “un desalojo encubierto” que vulneró derechos básicos de la población mbya.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, María Josefa “Kiki” Ramírez, integrante del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), cuestionó tanto el accionar policial como el abordaje judicial del caso y advirtió que la situación representa un precedente grave para las comunidades originarias de la provincia.
“Lo que correspondía era iniciar un juicio de desalojo, con derecho a defensa y debido proceso. Pero en lugar de eso los sacaron del lugar y después les prohibieron volver. Fue un desalojo encubierto”, afirmó.
Un territorio reconocido y un conflicto que lleva años
Según explicó Ramírez, Puente Quemado II cuenta con relevamiento territorial realizado bajo la Ley Nacional 26.160, normativa que reconoce la ocupación ancestral indígena y suspende desalojos mientras se desarrollan los estudios territoriales. “La comunidad tiene reconocimiento ancestral por parte del Estado nacional sobre ese territorio”, sostuvo.
Sin embargo, dentro de esas tierras también existen propietarios privados y empresas forestales. Allí aparece otro de los núcleos del conflicto: el avance de plantaciones de pino y desmontes en áreas históricamente utilizadas por comunidades mbya.
Ramírez apuntó particularmente contra el impacto ambiental generado por la expansión forestal. Mencionó a la empresa Arauco como “responsable de haber desmontado buena parte de la selva que rodeaba la comunidad” para implantar monocultivos de pino, sin embargo aclaró que en este caso específico el propietario es otra persona, pero lo de Arauco lo mencionó “para contextualizar la situación general de la comunidad que “quedó rodeada de pinos”, y aseguró que la pérdida de biodiversidad afectó directamente las condiciones de vida de las familias indígenas.
Entre las consecuencias mencionó el secado de pozos de agua, la contaminación de fuentes utilizadas por la población y la reducción de recursos naturales esenciales para la subsistencia. “Hay análisis que prueban que el agua que consume la comunidad está contaminada”, sostuvo.
El operativo y las denuncias de irregularidades
De acuerdo al relato de EMIPA, la Policía llegó inicialmente para notificar a familias instaladas en un sector con remanentes de monte nativo. Pero Ramírez denunció que el procedimiento incumplió protocolos específicos para comunidades indígenas.
Existe una resolución policial que establece que las notificaciones deben realizarse en ambos idiomas y con intérprete cuando involucran a pueblos originarios. Según afirmó, eso no ocurrió. “Una mujer terminó firmando algo que ni ella ni nosotros sabemos qué era exactamente”, indicó.
Primero fue detenido Santiago Ramos y luego se desplegó un operativo mayor con varios móviles policiales que trasladó a hombres, mujeres y niños hasta la comisaría de Garuhapé.
“Las mujeres llegaron asustadas, los chicos también. Fue muy duro”, relató Ramírez, quien aseguró que nunca en más de tres décadas acompañando comunidades indígenas había visto una detención masiva similar.
Según explicó, todos los detenidos fueron liberados al finalizar la jornada, aunque con una restricción judicial para regresar al lugar donde estaban asentados. La situación se produjo apenas días después de que el conflicto territorial fuera presentado ante organismos internacionales, incluso con menciones al caso ante Naciones Unidas.
“Cuando se trata de indígenas, todo se acelera”
Más allá del operativo puntual, Ramírez sostuvo que el episodio refleja un problema estructural mucho más amplio vinculado a discriminación y desigualdad institucional hacia los pueblos originarios.
“Cuando se trata de indígenas, todo se acelera”, afirmó.
La referente de EMIPA aseguró que las comunidades enfrentan dificultades permanentes para acceder a salud, educación, transporte y justicia en igualdad de condiciones.
Actualmente las familias permanecen nuevamente en el núcleo histórico de Puente Quemado II, aunque el clima dentro de la comunidad continúa siendo de tensión e incertidumbre.
Para las organizaciones que acompañan el reclamo, lo ocurrido no representa únicamente una disputa judicial por tierras. Lo consideran un nuevo capítulo de una discusión histórica en Misiones: quién decide sobre los territorios ancestrales y qué lugar ocupan las comunidades originarias frente al avance económico y forestal sobre la selva misionera.
