El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 volvió a colocar a las universidades públicas ante una pregunta que en la Universidad Nacional de Misiones ya dejó de ser teórica: si durante los últimos años se redujeron servicios, partidas de investigación, participación en congresos, mantenimiento y hasta prestaciones del comedor, ¿qué margen queda para seguir ajustando si los recursos del próximo ejercicio vuelven a quedar por debajo de las necesidades calculadas por el sistema?
Para Horacio Simes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM, la magnitud de la brecha puede entenderse a partir de una comparación directa. El Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado para el Presupuesto 2026 un mínimo de $7,32 billones. Ahora, el proyecto presentado por el Gobierno nacional contempla para 2027 alrededor de $7,35 billones, prácticamente la misma cifra nominal un año después. El CIN, en cambio, calcula actualmente que el sistema necesitará $11 billones durante el próximo ejercicio.
“Nos deja quizás incluso peor que la situación actual en términos del funcionamiento que requerimos o de los fondos que necesitamos para funcionar como universidades nacionales”, advirtió Simes durante una charla con la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
La comparación constituye el núcleo de su preocupación. El monto que las universidades reclamaban para 2026 había sido calculado antes de atravesar toda la evolución de precios y salarios de este año y, además, no contemplaba todavía distintos componentes vinculados con ciencia, tecnología, infraestructura, equipamiento o becas. Para 2027, el CIN elevó su requerimiento hasta los $11 billones y sostuvo este miércoles ante diputados y senadores que la cifra oficial queda aproximadamente 33% por debajo de lo solicitado.
Simes lo planteó en términos similares: “El sistema universitario estaría requiriendo en este momento alrededor de 11 billones de pesos, con lo cual estamos más de un 30% por debajo de las previsiones”.
La diferencia adquiere todavía más peso porque la Universidad ya viene funcionando bajo un proceso de reducción de gastos. En Ciencias Económicas, algunos de esos ajustes dejaron de ser números de una planilla para convertirse en servicios concretos que desaparecieron o se achicaron.
“Nos hemos achicado en todo lo que hemos podido”
Simes recordó que la Facultad debió dejar de brindar el servicio de cena, reducir prestaciones del comedor y recortar recursos destinados a investigación, congresos, fotocopias, limpieza y mantenimiento. Esa situación ya había sido detallada en agosto, cuando Ciencias Económicas informó que la insuficiencia presupuestaria había obligado a disminuir distintos servicios para sostener el funcionamiento cotidiano. “Ya hemos ajustado algunos servicios, como el comedor. Quizás fue el de mayor impacto porque dejamos de brindar la cena y reducimos a la mitad el comedor”, explicó. A partir de allí enumeró una cadena de recortes menos visibles pero igualmente importantes: menor participación de docentes e investigadores en congresos y eventos, reducción de gastos de fotocopias, limpieza y postergaciones en infraestructura.
“Nos hemos achicado en todo lo que hemos podido”, resumió. Esa frase modifica el sentido de la discusión por el Presupuesto 2027. El interrogante ya no es simplemente qué puede ajustar una universidad frente a una partida insuficiente, sino qué ocurre cuando buena parte de los márgenes utilizados tradicionalmente para reducir gastos ya fueron afectados durante los ejercicios anteriores.
Simes señaló que el mantenimiento edilicio empieza a mostrar las consecuencias de esa restricción. La UNaM dispone de una infraestructura extensa que requiere inversiones cotidianas, mientras las partidas extraordinarias para tecnología, equipamiento y obras dejaron de llegar con la regularidad de otros períodos. A pesar de ello, destacó que los calendarios académicos continúan cumpliéndose y atribuyó esa continuidad al esfuerzo de docentes, no docentes y estudiantes. “Hacemos un gran esfuerzo toda nuestra comunidad para sostener las actividades”, señaló.
El 90% se va en salarios y todavía existe una pérdida acumulada
La mayor parte del presupuesto universitario, explicó Simes, está atada al gasto salarial. Según indicó, alrededor del 90% de los recursos del sistema se destina a salarios, de modo que el margen para absorber restricciones termina concentrándose principalmente sobre funcionamiento, investigación, extensión e infraestructura. El decano sostuvo que, aun después de los acuerdos alcanzados durante este año, los ingresos de docentes y no docentes continúan alrededor de 30% por debajo del poder adquisitivo que tenían a fines de 2023. Los propios informes del CIN habían calculado en marzo una pérdida salarial del orden del 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.
Durante junio, el Gobierno y las representaciones universitarias acordaron una actualización de la masa salarial del 24,33%, distribuida en distintos tramos, mientras el CIN mantuvo el reclamo por la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario. Simes agregó que también continúa pendiente una recomposición comprometida para gastos de funcionamiento. Así, la discusión salarial y la de los fondos necesarios para mantener abiertas las facultades avanzan en paralelo.
Pero hay otro componente que, desde su perspectiva, comienza a sufrir particularmente cuando los recursos se concentran en cubrir las necesidades más urgentes: la investigación y la extensión universitaria.
Cuando el ajuste llega a la ciencia
El decano puso especial énfasis en que una universidad pública no se limita a dictar clases. Investigación, extensión y vinculación tecnológica forman parte de sus funciones esenciales y, cuando los fondos se reducen, son precisamente algunas de las partidas que comienzan a quedar relegadas. Además, sostuvo que el sistema universitario público realiza una parte sustancial de la investigación científica del país y advirtió que reducir esos recursos significa afectar capacidades que tardaron años en construirse. En su análisis, esa dimensión obliga a mirar el financiamiento universitario no solamente como gasto educativo, sino también como inversión en ciencia, tecnología y desarrollo.
“También nos ha llevado a ajustar las partidas vinculadas a investigación y extensión”, explicó, y añadió que tampoco recibieron fondos extraordinarios que tradicionalmente permitían incorporar tecnología o realizar mantenimiento de infraestructura. Para Simes, allí aparece una de las mayores contradicciones de una política basada exclusivamente en mirar el resultado fiscal: el ahorro inmediato puede trasladarse hacia capacidades que son necesarias para el desarrollo futuro.
Luego comparó el esfuerzo presupuestario argentino con el de otros países y sostuvo que la inversión universitaria y científico-tecnológica local permanece por debajo de los niveles observados en economías desarrolladas. Su conclusión es que, por la magnitud que representan estos recursos sobre el Producto Bruto Interno, el argumento fiscal no resulta suficiente para explicar el nivel de restricción aplicado al sistema universitario.
Una ley vigente que todavía está en disputa
La situación de 2027 se superpone, además, con un conflicto que todavía no fue resuelto completamente durante 2026: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados principalmente con la recomposición salarial de docentes y no docentes y con programas de becas. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la cautelar y, posteriormente, la Corte Suprema dejó firme esa decisión.
“Estamos a la espera de que el Gobierno nacional cumpla con lo dispuesto por el Congreso”, señaló Simes. Para quien esa es actualmente la urgencia inmediata, incluso antes de ingresar plenamente en la discusión de 2027. “Ya llevamos casi 330 días; 35 días más y será un año”, expresó.
El CIN sostiene actualmente que los $11 billones pedidos para 2027 incorporan la recomposición necesaria para la aplicación plena de esa ley y que, aun así, ese monto debería actualizarse durante el año según salarios, inflación y otros costos.
Consultado sobre las razones que encuentra detrás de la continuidad del ajuste, evitó reducir el conflicto a una cuestión exclusiva de las universidades. Lo vinculó con la orientación general del Gobierno nacional hacia el gasto público. “Nosotros estamos dentro de lo que denominaría las generales de la ley”, afirmó. Su interpretación es que la política oficial procura reducir el peso del sector público y que las universidades nacionales forman parte de esa estrategia. “Nosotros somos públicos”, sintetizó.
A partir de allí, su cuestionamiento se desplazó hacia el papel que cumplen las universidades dentro de esa estructura estatal. Sostuvo que una amplia mayoría de los estudiantes universitarios argentinos cursa en instituciones públicas nacionales y remarcó que esa elección no responde solamente a cuestiones económicas, sino también a la calidad académica y a la producción científica que concentran esas casas de estudio.
En su análisis, una reducción sostenida de la capacidad del sistema termina restringiendo una de las principales herramientas de movilidad social. “A partir de la educación, las trayectorias profesionales y personales cambian”, señaló. Ese argumento adquiere una dimensión particular en provincias como Misiones, donde buena parte de los estudiantes constituyen la primera generación universitaria de sus familias y dependen de mecanismos complementarios para poder sostener la cursada.
El costo de estudiar también expulsa alumnos
El presupuesto institucional no es el único factor que pone presión sobre la universidad. Simes señaló que el deterioro del ingreso familiar también comenzó a afectar la permanencia estudiantil. Alquiler, alimentación y transporte aumentaron su peso dentro del presupuesto de los hogares mientras los salarios familiares no evolucionaron al mismo ritmo. Frente a esa situación, destacó herramientas provinciales como el Boleto Estudiantil Gratuito y distintas becas, junto con estrategias propias de la Facultad.
Una de ellas fue ampliar formatos híbridos de cursado, combinando presencialidad y virtualidad para que determinados estudiantes puedan disminuir gastos de traslado o incorporarse al mercado laboral sin abandonar completamente la carrera. Sin embargo, admitió que ya perciben una reducción en la cantidad de alumnos. Cuantificarla inmediatamente es más complejo. El decano explicó que un estudiante no presenta formalmente una renuncia cuando abandona: simplemente deja de cursar durante uno o varios períodos y recién después modifica su condición administrativa. Por eso, la verdadera dimensión de la deserción suele aparecer con retraso. “Recién con una perspectiva de dos años podemos ir haciendo algunas evaluaciones”, explicó.
Eso significa que parte del impacto que hoy provoca la crisis económica en las aulas podría conocerse estadísticamente cuando el problema ya lleve varios ciclos académicos desarrollándose.
Octubre puede traer una quinta Marcha Federal
Ante la falta de una respuesta definitiva, el sistema universitario ya analiza nuevas medidas. Simes confirmó que se trabaja sobre una quinta Marcha Federal Universitaria, probablemente durante octubre. La movilización ya había comenzado a ser organizada por las representaciones gremiales universitarias para la primera semana del mes, en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Simes pidió que el reclamo no sea leído únicamente como una disputa corporativa de docentes o autoridades. “No estamos defendiendo privilegios”, afirmó. Desde su perspectiva, lo que está en discusión es la posibilidad de sostener una institución que funciona como puerta de entrada a la educación superior para amplios sectores de la población. Por eso, mientras el Congreso inicia el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, la UNaM llega a esa discusión después de haber hecho ya buena parte de los ajustes que estaban a su alcance.
Y allí aparece el dato que sintetiza la preocupación expresada por el decano: el proyecto propone para las universidades en 2027 casi la misma cantidad nominal de recursos que el sistema consideraba necesaria para empezar 2026, mientras las necesidades actuales ya se calculan en $11 billones.
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