La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, expuso este miércoles ante las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, donde reclamó la prórroga y efectiva implementación de la emergencia nacional en el sector y advirtió sobre la situación que atraviesan cientos de misioneros que esperan medicamentos, elementos ortopédicos, cirugías y otras prestaciones.
Antúnez, quien además representa al Gobierno provincial ante el Consejo Federal de Discapacidad, participó de la reunión invitada por legisladores misioneros del bloque Argentina Federal. Allí planteó que el debate adquirió un nuevo escenario a partir del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y cuestionó las modificaciones previstas por el Ejecutivo.
“Venimos a pedir que se prorrogue la ley y que se implemente de manera efectiva, pero hoy nos encontramos con un nuevo escenario que modifica el Presupuesto del año 2027, en donde una vez más nos encontramos con artículos que avasallan derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo.
También rechazó que el Consejo Federal de Discapacidad haya avalado medidas que impliquen retrocesos en materia de derechos.
“Les aseguro que como representantes del Consejo Federal jamás, jamás hemos votado ni apoyado ninguna medida de la SENADIS que haya ido en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó que, según explicó, el organismo federal haya sido convocado solamente dos veces durante este año y planteó: “¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo haya pensado hacer este tipo de modificación sin haber convocado al Consejo Federal de Discapacidad?”.
Más de 300 misioneros esperan medicamentos de alto costo
Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con la situación concreta que atraviesa Misiones. Antúnez señaló que en la provincia existen aproximadamente 36 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y alrededor de 48 mil afiliados al Programa Federal Incluir Salud, con una importante proporción de esa población radicada en zonas rurales y periurbanas.
Según explicó, las distancias y las características territoriales profundizan las dificultades para acceder a tratamientos, rehabilitación, transporte y otros servicios.
La funcionaria provincial puso especial énfasis en los problemas vinculados con la provisión de medicamentos de alto costo a través de Incluir Salud.
“Tenemos pacientes con hemofilia que necesitan medicación que vale entre 30 y 40 millones de pesos y que hoy no están recibiendo su medicación. Tenemos pacientes con ELA cuyo tratamiento vale casi 60 mil dólares y hoy no están recibiendo su medicación”, detalló.
En ese contexto, precisó que 316 pacientes permanecen esperando desde mayo una respuesta relacionada con la provisión de tratamientos.
“Hoy, además de afrontar los costos de la canasta básica, las personas con discapacidad tienen que afrontar los costos de rehabilitación, de transporte, de medicación y de cuidados”, señaló.
También advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones no contributivas y las dificultades que enfrentan sus beneficiarios para afrontar gastos básicos como alquileres y servicios.
Demoras de seis meses y cirugías pendientes desde 2025
El diagnóstico presentado ante los diputados incluyó además problemas con la entrega de elementos indispensables para personas con discapacidad.
Antúnez indicó que existen demoras de casi seis meses en ayudas técnicas y denunció la falta de entrega de elementos ortopédicos y sillas de ruedas que, según manifestó, fueron adjudicados en octubre de 2025.
A ello agregó la existencia de cirugías pendientes desde febrero de 2025.
Respecto de los prestadores y servicios de transporte, explicó que, después de haber atravesado atrasos superiores a seis meses en los pagos, actualmente la demora se ubica en aproximadamente dos meses.
La titular del Consejo Provincial aclaró que los inconvenientes no se circunscriben únicamente a Incluir Salud, sino que alcanzan a otras coberturas.
En ese punto mencionó al PAMI y aseguró que en algunos casos registrados en Misiones existen personas que llevan más de dos años esperando la entrega de sillas de ruedas. También hizo referencia a dificultades vinculadas con obras sociales alcanzadas por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Reclamo por recursos disponibles que no se ejecutan
Antúnez también llevó al Congreso la situación del Fondo Nacional de Discapacidad y cuestionó las demoras en la ejecución de recursos destinados a programas específicos.
Según explicó, desde la propia Secretaría Nacional de Discapacidad se informó en la última asamblea que existen fondos disponibles, por lo que planteó interrogantes acerca de las razones por las cuales esos recursos no llegan a los destinatarios.
“No entendemos hoy por qué estos fondos no están siendo ejecutados”, manifestó.
En el caso de Misiones, precisó que solamente fueron aprobados cuatro proyectos y sostuvo que en algunos casos transcurrieron cerca de ocho meses hasta que finalmente se concretó el desembolso.
Asimismo, señaló que programas del Fondo Nacional de Discapacidad aprobados durante junio todavía no habían sido puestos en funcionamiento hasta esta semana.
“No pueden ser una variable de ajuste fiscal”
Sobre el cierre de su intervención, la representante misionera sostuvo que los problemas detallados demuestran, desde la perspectiva del Gobierno provincial, la necesidad de extender la emergencia nacional.
“Todo esto pasa con el respaldo de la ley de emergencia en discapacidad. Imagínense si nosotros no tuviéramos esta ley de emergencia”, planteó.
Antúnez sostuvo que las circunstancias que dieron origen a esa herramienta continúan vigentes y pidió a los legisladores avanzar con su prórroga.
“No solamente estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de derechos, estamos hablando de personas que están esperando una respuesta, estamos hablando de historias de vida que no pueden seguir esperando más”, expresó.
Y dejó una de las definiciones más fuertes de su exposición: “Las personas con discapacidad no pueden ser consideradas una variable de ajuste fiscal de ningún gobierno. La eficiencia del Estado la tenemos que discutir, pero no podemos discutir los derechos de las personas con discapacidad”.
Finalmente, pidió a los diputados prestar especial atención al tratamiento del Presupuesto 2027 para garantizar los recursos necesarios para las políticas destinadas al sector.
“Las personas con discapacidad tienen derechos, tienen derecho a vivir con dignidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, cerró.
Discussion about this post