El Gobierno nacional puso sobre la mesa este martes una nueva modificación en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al plantear una revisión de las normas que actualmente regulan la fiscalización de la actividad y una mayor intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en diferentes etapas de la cadena yerbatera.
La propuesta fue presentada durante una reunión extraordinaria del Directorio realizada en la sede del organismo, en Posadas, de la que participaron los representantes de los distintos sectores que integran el INYM y una comitiva de funcionarios nacionales vinculados con las áreas de Desregulación y Agricultura.
Entre ellos estuvieron el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí, y la directora nacional de Planificación de Reformas Estructurales, Brenda Padilla Tanco, ambos pertenecientes al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.
También participaron el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández, además de representantes del SENASA.
Por parte del Instituto participaron los directores que representan a los distintos eslabones de la actividad yerbatera, entre ellos Ricardo Maciel como representante de Misiones, quienes escucharon durante la jornada los cambios propuestos por los enviados del Gobierno nacional.
Desde el INYM se comunicó oficialmente que el encuentro estuvo enfocado en un proceso de “modernización institucional”, que incluye la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica, modificaciones en el mecanismo de estampillado, un ordenamiento de las resoluciones vigentes y una posible articulación con el SENASA en materia de registro, inspección, trazabilidad y control.
Sin embargo, Maciel explicó a PRIMERA EDICIÓN que el alcance del planteo realizado durante la reunión podría avanzar directamente sobre una de las principales competencias que todavía conserva el Instituto.
“Vinieron con una propuesta de lo que ellos denominan un reordenamiento de normativa, en donde consideran que al INYM hay que, de alguna manera, quitarle resoluciones que hacen al control del producto y dejar que SENASA lo haga”, señaló.
Qué podría pasar a manos del SENASA
Según detalló el representante misionero, la discusión comprende buena parte de los mecanismos utilizados actualmente para seguir el movimiento de la materia prima y controlar el producto a lo largo de la cadena. “Todo lo que ingresa a secadero, todo lo que es control de stock, lo que es control de calidad de la canchada, tanto nacional como lo que viene de afuera”, enumeró.
A ello se suma el sistema de trazabilidad vinculado con las estampillas incorporadas a los paquetes comercializados.
Maciel recordó que para acceder a esas estampillas las industrias deben acreditar, entre otras cuestiones, la disponibilidad de materia prima necesaria para respaldar el volumen posteriormente volcado al mercado. “Todo eso quedaría supeditado a una articulación de trabajo con SENASA”, explicó.
En el comunicado difundido posteriormente, el propio Instituto señaló que se analiza la posibilidad de firmar un convenio con ese organismo nacional para articular acciones vinculadas con la “ejecución, fiscalización, registro, inspección y control” de la materia prima, además del cumplimiento del Código Alimentario Argentino sobre la yerba mate elaborada.
“Quitarle la principal función”
Para Maciel, la modificación tendría consecuencias institucionales mucho más profundas que una simple modernización administrativa. “Implicaría dar el casi golpe final a lo que fue la razón de creación del INYM”, afirmó.
Al ser consultado sobre si implicaría otro recorte de las facultades del organismo, fue contundente: “Quitarle la principal función que tiene, que es la de fiscalización”.
El representante de la Provincia puso además sobre la mesa qué ocurriría con la Tasa de Inspección y Fiscalización si el Instituto dejara de ejercer directamente esas tareas. “¿Qué sentido tendría cobrar una tasa de fiscalización si esa fiscalización ya no la puede hacer?”, planteó.
Actualmente, el estampillado constituye una de las herramientas centrales de financiamiento del organismo. Nación también llevó al encuentro una propuesta para reemplazar progresivamente la estampilla física adherida a los paquetes por un sello codificado que permita digitalizar su seguimiento.
Según relató Maciel, los funcionarios nacionales plantean orientar al Instituto hacia tareas relacionadas principalmente con la promoción del producto y el acompañamiento a la industria.
Para el director misionero, una transformación de ese alcance obligaría a discutir incluso la legislación que dio origen al organismo. “Ellos dicen que quieren un INYM para lo que es promoción de productos, que se aboque más a ayudar a la industria, pero para eso, en todo caso, tendría que cambiar el espíritu de la ley, que sea una tasa de promoción”, sostuvo.
Articulación, pero sin perder atribuciones
Maciel aclaró que desde Misiones no se cuestiona una eventual coordinación con el SENASA, organismo que ya posee competencias sobre la producción vegetal y animal, sino que rechaza que esa articulación termine desplazando al Instituto de los controles específicos sobre la yerba mate.
“El INYM puede interactuar con SENASA, pero dejándole la normativa propia al Instituto”, remarcó.
También recordó que el SENASA ya posee atribuciones relacionadas con parámetros sanitarios y alimentarios, aunque consideró que una agenda conjunta debería avanzar, por ejemplo, hacia una tipificación de la yerba mate en lugar de eliminar mecanismos de fiscalización existentes.
“La actividad yerbatera tiene su particularidad, es bastante compleja por cómo está conformada y también por las distintas formas que hay para evadir sistemas de control y sistemas de calidad. Con el INYM pudimos corregir mucho de esa situación”, explicó.
Por eso cuestionó la idea de considerar esos mecanismos únicamente como burocracia para las empresas.
“Ellos creen que sacando la normativa de control le estás sacando burocracia al sector privado, pero en definitiva le estás dando un poder al sector privado de ejercer una función que le cabe al Estado”, afirmó.
Maciel remarcó que por ahora no existe ninguna decisión definitiva y que los cambios deberán ser analizados por el Directorio. Incluso aseguró que los representantes yerbateros conocieron la temática recién durante la reunión de este martes.
“Esto nos desayunamos hoy, porque ni siquiera nos quisieron adelantar la temática. Lo escuchamos hoy. Lo incorporaremos a la agenda seguramente”, expresó.
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